Siete venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) presentaron una demanda este miércoles en una corte federal de California contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la revocación de la extensión de este beneficio para más de 300,000 personas. Los demandantes aseguran que la decisión tomada por Noem es «inconstitucional» y que su impacto será «irreparable» para miles de familias que perderían su estatus legal, viéndose forzadas a regresar a un país en crisis o a migrar hacia otras naciones en busca de refugio.
¿Por qué se revocó el TPS para los venezolanos?
La controversia comenzó a principios de febrero cuando la secretaria Kristi Noem anunció que revocaba la extensión del TPS otorgado en 2023 por el gobierno de Joe Biden, dejando a unos 348,202 venezolanos en riesgo de perder su estatus legal. La medida implica que estos migrantes perderían el permiso de trabajo y, en consecuencia, quedarían expuestos a la deportación. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Venezuela ya no cumplía las condiciones que habían motivado la designación del TPS, y su permanencia en EE.UU. sería «contraria al interés nacional». En su declaración, Noem alegó sin pruebas claras que miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua se encontraban en EE.UU. bajo la protección del TPS.
La decisión de la secretaria fue rápidamente rechazada por los demandantes, quienes argumentan que, en primer lugar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene la autoridad para rescindir la extensión anterior del TPS. A su juicio, las razones para la revocación fueron «arbitrarias, caprichosas y motivadas por prejuicios raciales».
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La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una fotografía de archivo. EFE/Allison Dinner
La demanda de los venezolanos con TPS
La demanda, presentada por los siete venezolanos afectados y la Alianza Nacional TPS, reclama que se reinstaure la extensión del TPS decidida en enero de 2025 por el entonces secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, y que se frene o posponga la decisión tomada por Kristi Noem. La demanda argumenta que la redesignación o extensión del TPS se basa en la situación de crisis humanitaria en Venezuela, que aún persiste con graves problemas como cortes de luz, acceso limitado a servicios básicos y el colapso del sistema de salud.
Los demandantes han resaltado que la decisión de Noem no encuentra justificación en los hechos y que la revocación del TPS podría dejar a cientos de miles de venezolanos en una situación vulnerable, sin la protección legal que han tenido durante años.
El impacto de la revocación del TPS
Uno de los testimonios más impactantes proviene de Liskart Yepes, una venezolana beneficiaria del TPS que vive en Carolina del Sur y trabaja como paralegal. «Si me quitan el TPS, quedaré desamparada al 100%», expresó en una entrevista. La pérdida de este beneficio significaría para ella la imposibilidad de renovar su licencia de conducir, la prohibición de salir del país para visitar a su padre enfermo y la incapacidad de seguir trabajando sin temor a ser deportada. Este tipo de testimonios resuena entre muchos otros venezolanos que podrían quedar sin estatus legal, lo que los expone a una serie de riesgos, incluyendo la separación familiar y daños emocionales.
En su demanda, los afectados argumentan que no pueden regresar a Venezuela debido a la grave crisis que atraviesa el país. Destacan que, sin el TPS, muchos venezolanos se verían obligados a dejar a sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, o a enfrentarse a un regreso inseguro y traumático a un país marcado por la violencia y la escasez.
Migrantes venezolanos acampan a orillas del Río Bravo, el 15 de noviembre de 2022, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE/ Luis Torres
Respuesta de los venezolanos y organizaciones en defensa del TPS
El golpe de esta decisión fue sentido profundamente por los beneficiarios del TPS, muchos de los cuales han vivido en EE.UU. durante años y han formado familias, trabajado y contribuido a la sociedad estadounidense. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, como la ONG Make The Road New York, apoyan a los demandantes y denuncian que la revocación del TPS para los venezolanos es un acto de discriminación y xenofobia, dirigido en parte contra migrantes de países no blancos.
El caso sigue desarrollándose y se espera que continúen las protestas legales y sociales en defensa de los derechos de los venezolanos afectados por esta medida.