La administración Trump intensificó esta semana su ofensiva mediática para retratar a Kilmar Ábrego García como un miembro peligroso de la MS-13, en medio de una creciente presión pública por su deportación errónea y las consecuencias legales que podrían derivarse de su caso.
Deportación de Kilmar Ábrego García, foco de críticas judiciales y políticas
El caso de la deportación de Kilmar Ábrego García ha desatado una tormenta política y legal en Estados Unidos. Ábrego García, originario de El Salvador pero residente en Maryland, fue deportado a su país natal a pesar de contar con una orden judicial que impedía su remoción del territorio estadounidense.
Su expulsión ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos, organizaciones de migrantes, figuras del Congreso y por el propio senador demócrata Chris Van Hollen, quien calificó la deportación como un acto de “secuestro ilegal”. Van Hollen incluso viajó a El Salvador para reunirse con Ábrego, quien, tras el encuentro, fue nuevamente detenido por las autoridades salvadoreñas.
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El gobierno de Trump, por su parte, ha insistido en que Ábrego García representa una amenaza para la seguridad pública, vinculándolo con la pandilla MS-13 y señalando un supuesto historial de violencia doméstica. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo describió como un “miembro de pandilla” y “aparente golpeador de mujeres”.
Sen Chris Van Hollen/Facebook
Evidencias y acusaciones en el caso de deportación de Kilmar Ábrego García
A pesar de las afirmaciones del gobierno, los documentos divulgados esta semana no contienen pruebas concluyentes que vinculen a Ábrego García con crímenes violentos. En uno de los informes del Departamento de Seguridad Nacional, se menciona un arresto en 2019 que no derivó en cargos penales ni condena. Aunque se le encontró con otros hombres en un estacionamiento y se hallaron botellas de marihuana en las cercanías, no se estableció su responsabilidad directa.
Un documento policial señala que Ábrego vestía ropa supuestamente asociada a la “cultura de pandillas”, como una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con imágenes de billetes. Además, un informante anónimo lo identificó como miembro activo de la MS-13. Sin embargo, su historial criminal aparece vacío y nunca ha sido acusado formalmente de pertenecer a una pandilla ni de homicidio.
Otro de los elementos citados por la administración Trump para justificar la deportación de Kilmar Ábrego García es una orden de protección solicitada por su esposa en 2021. En ella, se alegan episodios de violencia doméstica. No obstante, la esposa, Jennifer Vásquez Sura, afirmó posteriormente que presentó la petición como medida preventiva, no como una acusación formal. Declaró además que no desea que ese documento sea utilizado como base para justificar su expulsión, ya que, según explicó, la pareja resolvió sus diferencias y acudió a terapia familiar.
El impacto de la deportación de Kilmar Ábrego García en el sistema judicial
El caso también ha provocado preguntas fundamentales sobre el respeto al debido proceso y la autoridad del sistema judicial. En octubre de 2019, un juez de inmigración concedió a Ábrego García una suspensión de deportación al determinar que su vida corría peligro si regresaba a El Salvador. En su fallo, el juez David Jones declaró que el testimonio de Ábrego fue coherente y creíble, y se consideró probado que enfrentaba amenazas de muerte por parte de pandillas salvadoreñas.
A pesar de esta resolución, la deportación se llevó a cabo sin que el tribunal revirtiera esa orden, lo que ha llevado a algunos juristas a advertir sobre una posible crisis constitucional. El Departamento de Justicia ha sido requerido en varias ocasiones para aportar información adicional sobre antecedentes penales o condenas previas de Ábrego García, sin haber presentado nada sustancial hasta la fecha.
Uno de los puntos más críticos es que las decisiones judiciales están siendo ignoradas o desacatadas por las autoridades migratorias. El analista David Bier, del Instituto Cato, subrayó que cualquier información negativa, aunque sea débil, suele ser suficiente para denegar la libertad bajo fianza a los inmigrantes, mientras que la carga de la prueba recae en el detenido.
ANNABELLE GORDON/EFE
Deportación de Kilmar Ábrego García: versiones encontradas y falta de pruebas
Además del episodio de 2019, los documentos difundidos mencionan una detención de tránsito en Tennessee en 2022, cuando Ábrego García fue detenido por exceso de velocidad mientras transportaba a otras personas. El informe del DHS sugiere que podría haber indicios de trata de personas, dado que no se halló equipaje en el vehículo.
Sin embargo, no se formularon cargos y su esposa explicó que él trabajaba en construcción y a menudo transportaba a trabajadores entre lugares de trabajo. Esta práctica, según señaló, podría explicar la situación sin necesidad de recurrir a teorías criminales.
En la actualidad, Ábrego García se encuentra encarcelado en El Salvador, sin acceso a comunicación regular con su familia ni con sus abogados. La Casa Blanca ha insistido en que “nunca regresará” a Estados Unidos, pese a la orden judicial que exige su repatriación.
Una historia que marca un precedente
Este caso ha trascendido lo individual para convertirse en un símbolo de las fallas estructurales del sistema migratorio estadounidense. Desde la falta de garantías judiciales hasta la manipulación política de los casos de deportación, el proceso de Ábrego García ha expuesto una red de decisiones cuestionables y narrativas cruzadas.
Mientras la Casa Blanca refuerza su postura y el Congreso presiona por su retorno, el destino de Kilmar Ábrego García sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que su historia ha encendido una discusión nacional sobre el equilibrio entre la seguridad, los derechos civiles y el respeto al Estado de derecho.