CBP bajo fuego: Senado respalda a Scott pese a protestas
El Senado confirmó a Rodney Scott como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con una votación dividida de 51-46, desatando críticas de activistas que lo vinculan al caso de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano fallecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en 2010. Respaldado por el presidente Donald Trump, Scott asume el mando de la mayor agencia federal de seguridad, pero su nombramiento reaviva debates sobre abuso de poder y rendición de cuentas en la frontera.
Confirmación polarizada en el Senado
La votación, casi estrictamente partidista, vio a 51 republicanos apoyar a Scott, mientras 46 demócratas se opusieron, con tres senadores ausentes. Nominado por Trump en diciembre de 2024, Scott, un veterano de 30 años en la Patrulla Fronteriza, prometió “defender la soberanía” y “hacer cumplir la ley”. En Truth Social, Trump celebró la confirmación, destacando que Scott “pondrá a América primero”. Sin embargo, la oposición demócrata, liderada por el senador Ron Wyden, cuestionó la idoneidad de Scott debido a su historial en casos controvertidos.
El caso de Anastasio Hernández Rojas
El nombramiento de Scott ha sido duramente criticado por activistas y defensores de derechos humanos, quienes lo acusan de encubrir la muerte de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano que vivía en San Diego desde los 15 años. El 28 de mayo de 2010, Hernández Rojas murió tras ser golpeado y sometido a descargas eléctricas por agentes de la Patrulla Fronteriza, bajo el mando regional de Scott. Videos de testigos muestran a Hernández esposado y suplicando ayuda mientras era asfixiado. El forense clasificó la muerte como homicidio, pero ningún agente fue procesado.
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Acusaciones de interferencia
Andrea Guerrero, de Alliance San Diego, y Roxanna Altholz, de la Universidad de California, Berkeley, enviaron una carta al Senado denunciando que el equipo de Investigación de Incidentes Críticos de CBP, supervisado por Scott, interfirió en la investigación de la Policía de San Diego. James Wong, exsubcomisionado de CBP, también expresó preocupaciones en abril, alegando que Scott sabía del uso ilegal de una citación para obtener registros médicos de Hernández Rojas, un acto que Wong calificó de “manifiestamente ilegal”. Estas acusaciones han alimentado dudas sobre la integridad de Scott.
Rol de Scott en CBP
Como comisionado, Scott liderará una fuerza de más de 60,000 empleados, incluyendo la Patrulla Fronteriza, y gestionará los 328 puertos de entrada de EE.UU., que procesaron 412 millones de viajeros en 2024, según CBP. Su experiencia previa como jefe de la Patrulla Fronteriza (2020-2021) lo posiciona como un aliado clave de las políticas migratorias de Trump, quien impulsa la construcción de un muro fronterizo y la deportación masiva. Scott ha defendido públicamente estas medidas, criticando las políticas migratorias de la administración Biden como “laxas”.
Reacciones de activistas y políticos
Organizaciones como el National Immigration Law Center condenaron la confirmación, argumentando que Scott representa una “cultura de impunidad” en CBP, donde 1,200 quejas por abuso fueron reportadas en 2024, según datos internos. La senadora demócrata Tammy Duckworth calificó el nombramiento como “un retroceso en la rendición de cuentas”. Por otro lado, el senador republicano Ted Cruz elogió a Scott, afirmando que “restaurará el orden en la frontera”, donde los cruces ilegales alcanzaron 2.5 millones en 2024, según CBP.
Contexto migratorio bajo Trump
La confirmación de Scott coincide con un endurecimiento de las políticas migratorias de Trump, quien ha firmado órdenes ejecutivas para acelerar deportaciones y restringir beneficios a indocumentados. En 2025, CBP ha detenido a 1.1 millones de migrantes en la frontera sur, un 15% más que el año anterior. Mientras activistas planean protestas en San Diego, donde Hernández Rojas murió, el nombramiento de Scott intensifica el escrutinio sobre la transparencia de CBP y su historial de violaciones a derechos humanos, que incluyen 38 muertes bajo custodia desde 2010, según la ACLU.