En una decisión dividida de 5-4, el tribunal levantó una orden judicial previa que impedía al Departamento de Educación cancelar estos recursos, que apoyaban programas de formación docente en comunidades vulnerables. La medida, impulsada por la administración Trump desde marzo, busca reducir el gasto en iniciativas que, según el gobierno, promueven prácticas de diversidad, equidad e inclusión consideradas innecesarias por las autoridades actuales.
El fallo surge tras un recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia el 27 de marzo, después de que el juez federal Myong Joun, en Boston, bloqueara temporalmente los recortes el pasado 10 de marzo. Joun había argumentado que la cancelación de los fondos era «arbitraria y caprichosa», afectando a ocho estados liderados por demócratas que dependían de estos recursos para sus programas educativos. Sin embargo, la Corte Suprema, con el respaldo de sus cinco jueces conservadores, determinó que los estados afectados tienen la capacidad financiera para mantener sus programas mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
Fondos para maestros: Recorte en la mira
Los programas afectados, como el Teacher Quality Partnership y el Supporting Effective Educator Development, fueron creados por el Congreso bajo administraciones previas para reclutar y formar maestros en áreas rurales y urbanas de alta necesidad. Según el Departamento de Educación, estos fondos, que ascienden a más de $600 millones en total, han sido utilizados en parte para iniciativas que el Gobierno de Trump califica como «discriminatorias» por su enfoque en diversidad. En un informe del 17 de febrero, la dependencia señaló que 104 de 109 subvenciones revisadas violaban las nuevas directrices federales, lo que justificó su eliminación.
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La decisión ha generado reacciones inmediatas. La secretaria de Educación, Linda McMahon, defendió el recorte en una declaración el 20 de marzo, afirmando que «los fondos federales deben priorizar la educación básica, no agendas ideológicas». Por otro lado, los estados demandantes, incluyendo California, Nueva York y Massachusetts, han advertido que la pérdida de estos $65 millones podría traducirse en la cancelación de programas clave, afectando a miles de maestros en formación y a estudiantes en comunidades marginadas. California, por ejemplo, perdería cerca de $8 millones destinados a preparar docentes para escuelas de alta pobreza en Los Ángeles y Pasadena.
El impacto en las aulas
El impacto de la decisión de la Corte Suprema ya se siente en el terreno. En Boston, las Escuelas Públicas reportaron la eliminación de varios puestos de tiempo completo financiados por estas subvenciones, mientras que la Universidad Estatal de California tuvo que suspender apoyo financiero para 50 estudiantes que planeaban iniciar su formación docente este otoño. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que la educación pública en EE.UU. recibe más de $150 mil millones anuales del gobierno federal, lo que hace que este recorte, aunque significativo, sea solo una fracción del total. Sin embargo, los críticos argumentan que afecta de manera desproporcionada a las áreas más necesitadas.
El DHS y el Departamento de Educación han intensificado sus esfuerzos para reestructurar el financiamiento educativo desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025. Un decreto ejecutivo firmado el 20 de marzo busca desmantelar el Departamento de Educación por completo, una meta que requeriría aprobación del Congreso, donde el presidente aún no cuenta con los votos necesarios. Mientras tanto, las protestas no se han hecho esperar: el 20 de marzo, decenas de personas se reunieron en Niles, Michigan, para manifestarse contra los recortes, según reportes del Departamento de Policía local.
La batalla legal no ha terminado. Los estados afectados planean continuar su lucha en tribunales inferiores para recuperar los fondos, argumentando que el gobierno no siguió los procedimientos adecuados para cancelarlos. Por ahora, la victoria de Trump en la Corte Suprema refuerza su capacidad para moldear la política educativa, dejando a miles de educadores y estudiantes en un limbo financiero mientras el año escolar se acerca.