Una jueza federal de Maryland ordenó al gobierno de Donald Trump que facilite el regreso de un solicitante de asilo venezolano de 20 años, identificado como Cristian, quien fue deportado a El Salvador el 16 de marzo de 2025, según un fallo emitido el 23 de abril por la jueza Stephanie Gallagher. La deportación violó un acuerdo judicial de 2019 que protegía a jóvenes migrantes con solicitudes de asilo pendientes, y la jueza calificó la acción como un “incumplimiento de contrato”, según documentos del Tribunal de Distrito de Maryland.
Cristian: un caso de deportación errónea
Cristian, quien llegó a Estados Unidos como menor no acompañado, formaba parte de una demanda colectiva presentada en 2019 que garantizaba que los solicitantes de asilo no fueran expulsados hasta resolver sus casos, según el fallo de Gallagher. Su deportación ocurrió bajo la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Administración Trump, que justificó la expulsión de 238 venezolanos y 23 salvadoreños como presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, la jueza señaló que no se presentaron pruebas de la afiliación de Cristian a ninguna banda, y su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador fue ilegal.
Gallagher ordenó al gobierno hacer una “solicitud de buena fe” al gobierno salvadoreño para liberar a Cristian y gestionar su retorno a EE. UU. para continuar su proceso de asilo. El caso sigue el precedente de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error en marzo de 2025, cuyo retorno fue ordenado por la jueza Paula Xinis tras calificar su expulsión como “ilegal”, según un comunicado del Departamento de Justicia del 1 de abril de 2025.
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La polémica de la Ley de Enemigos Extranjeros
La deportación de Cristian se enmarcó en una operación masiva que comenzó el 15 de marzo, cuando el gobierno de Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cientos de migrantes a El Salvador, a pesar de un intento judicial por bloquear los vuelos, según un fallo del juez James Boasberg del 3 de abril de 2025. Boasberg sugirió que la Administración actuó de “mala fe” al apresurar las deportaciones antes de que los tribunales pudieran intervenir.
El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, afirmó que los deportados, incluido Cristian, eran “miembros de pandillas” basándose en “inteligencia” de ICE, pero no proporcionó evidencia concreta, según un comunicado del 4 de abril. Los abogados de Cristian, respaldados por organizaciones de derechos civiles, argumentaron que la falta de proceso judicial y la aplicación de una ley de guerra violan los derechos de los migrantes.
Impacto en la comunidad migrante
El caso de Cristian ha generado indignación entre activistas y familiares de otros deportados, quienes denuncian la falta de comunicación con los recluidos en el Cecot, una prisión conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 10 de abril de 2025. Jaime Ortega, abogado de varios venezolanos deportados, señaló que “no hay información sobre su estado de salud”, según una declaración del 6 de abril.
La Administración Trump ha argumentado que la designación de Cristian como “enemigo extranjero” lo excluía del acuerdo de 2019, pero Gallagher rechazó este argumento, ordenando su repatriación. La Corte Suprema, en un fallo del 11 de abril sobre el caso de Ábrego García, instó a los tribunales a precisar órdenes de retorno, pero respaldó la autoridad judicial para corregir deportaciones ilegales. Mientras tanto, el gobierno enfrenta presión para revisar otros casos similares, con manifestaciones en Maryland exigiendo justicia para los migrantes afectados.