Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un trato injusto tras la deportación a Costa Rica de al menos 200 migrantes provenientes de Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 26 de febrero, cuando el gobierno de Donald Trump ejecutó un acuerdo bilateral con Costa Rica para recibir a extranjeros de terceros países que no podían ser repatriados directamente a sus naciones de origen.
Según el documento publicado por HRW, los migrantes fueron confinados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), al sur del país centroamericano, donde permanecieron hasta dos meses sin claridad sobre su situación migratoria ni sus derechos.
FUNCIONARIOS DABAN INFORMACIÓN CONTRADICTORIA, SEGÚN HRW
Uno de los principales hallazgos del informe fue la falta de claridad por parte de las autoridades costarricenses. Durante semanas, los migrantes recibieron mensajes contradictorios sobre su estatus legal y sus posibles opciones de futuro.
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HRW señala que inicialmente se les comunicó que debían regresar a sus países de origen o encontrar otro país que los aceptara. Solo hasta el 26 de marzo, un mes después de su llegada, se les ofrecieron dos opciones adicionales: solicitar asilo en Costa Rica o acceder a una categoría migratoria denominada “estatus humanitario especial”. Sin embargo, las autoridades no explicaron claramente en qué consistía esa figura ni cuánto tiempo duraría.
Este trato injusto tras la deportación a Costa Rica ha sido calificado por HRW como una violación al derecho internacional, al restringirse el acceso al asilo y omitirse los procedimientos legales establecidos para la deportación.
MIGRANTES FUERON PRIVADOS DE LIBERTAD DE FORMA ARBITRARIA
El informe subraya que la privación de libertad fue “presuntamente ilícita y, como mínimo, arbitraria”. HRW entrevistó a varios afectados, entre ellos solicitantes de asilo que llevaban meses esperando una cita en la aplicación CBP One, la cual fue desactivada tras el retorno de Trump al poder.
La mayoría de los deportados procedía de países como China, Rusia, Congo, Armenia, Irán, Uzbekistán y Turquía. Algunos estaban a días de obtener su cita para ingresar legalmente a EE.UU. cuando fueron detenidos y trasladados a Costa Rica. Las autoridades estadounidenses aseguraron que algunos de ellos tenían antecedentes penales, algo que sus familias niegan categóricamente.
Los migrantes permanecieron en Catem con restricciones importantes: limitaciones en la libertad de tránsito, la retención de documentos personales y la imposibilidad de comunicarse con familiares debido a barreras idiomáticas y falta de traductores. Además, hubo una notoria ausencia de atención médica y asesoría legal oportuna.
DEFENSORÍA COSTARRICENSE RESPALDA DENUNCIA SOBRE TRATO INJUSTO TRAS DEPORTACIÓN A COSTA RICA
Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes de Costa Rica, señaló que las condiciones en el Catem fueron mejorando parcialmente luego de las recomendaciones giradas a las autoridades. Indicó que actualmente se permite el ingreso y egreso libre del centro, hay presencia de ONG que brindan atención en salud, se proporciona agua potable y las áreas comunes están en mejores condiciones.
Aun así, la Defensoría calificó de “vejatorias” ciertas prácticas como la retención de pasaportes, la falta de claridad en el estatus migratorio, las barreras idiomáticas y la insuficiente atención estatal. Estas observaciones coinciden con el diagnóstico de HRW y refuerzan la preocupación por el trato injusto tras la deportación a Costa Rica.
Según datos oficiales, de los 200 migrantes inicialmente acogidos, 97 han sido repatriados, 28 han solicitado refugio en Costa Rica, 14 salieron voluntariamente y cinco lo hicieron sin autorización. A la fecha, 56 personas siguen en el centro de atención temporal.
UN ACUERDO QUE GENERA CONTROVERSIA
El acuerdo migratorio firmado entre los gobiernos de Donald Trump y Rodrigo Chaves generó diversas críticas tanto dentro como fuera de Costa Rica. Desde Washington, un portavoz del Departamento de Estado confirmó que el envío de migrantes a terceros países como Costa Rica ocurre cuando no es posible repatriarlos directamente. No obstante, no ofreció detalles sobre los procesos ni las condiciones del acuerdo.
Por su parte, HRW sostiene que Estados Unidos está eludiendo sus obligaciones internacionales al ejecutar expulsiones sumarias que no respetan el derecho al debido proceso ni garantizan el acceso al asilo. “Estas acciones no solo afectan los derechos de los migrantes, sino que también dañan la reputación de Costa Rica como país tradicionalmente abierto y hospitalario con personas refugiadas”, concluye el informe.
La ONG pide al gobierno costarricense que ofrezca reparación significativa a los afectados, incluyendo permisos de trabajo, asistencia para vivienda y educación, así como medidas de integración cultural y laboral. Recalca que aún es posible corregir el daño causado por el trato injusto tras la deportación a Costa Rica.
CONTEXTO REGIONAL DE LA MIGRACIÓN Y REPERCUSIONES
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de políticas migratorias restrictivas en América del Norte. Desde su regreso al poder, Trump ha impulsado medidas más severas contra la migración irregular, incluyendo el fortalecimiento del muro fronterizo, la reinstauración de políticas como «Remain in Mexico» y la ampliación de acuerdos con terceros países.
Costa Rica, históricamente reconocida por su enfoque humanitario hacia los migrantes, ahora enfrenta críticas internas e internacionales. Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité de Protección de los Derechos de los Migrantes de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones han expresado su preocupación por los riesgos que implica esta externalización del control migratorio.
Expertos en derechos humanos han advertido que este tipo de acuerdos debilitan el sistema internacional de protección de refugiados y trasladan la carga humanitaria a países que no siempre cuentan con los recursos ni la infraestructura adecuada para atender estas crisis.
