Un juez federal en Boston, Massachusetts, emitió el 28 de marzo un bloqueo temporal que detiene las deportaciones aceleradas de inmigrantes a países con los que no tienen relación, según documentos judiciales de la Corte de Distrito de EE.UU.. El juez Brian E. Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, falló a favor de organizaciones defensoras de inmigrantes, como la National Immigration Litigation Alliance, argumentando que estas deportaciones violan el debido proceso.
La decisión responde a una demanda presentada por migrantes de Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala, quienes denunciaron traslados exprés a terceros países como El Salvador, donde más de 200 personas fueron enviadas al Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), una prisión de máxima seguridad.
La administración Trump había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar estas expulsiones, pero el fallo de Murphy exige notificaciones por escrito y una oportunidad para que los migrantes aleguen riesgos de tortura o persecución. Este revés judicial, vigente mientras las cortes deciden el caso, pone en pausa una política migratoria clave. A continuación, se detallan los hechos, las razones del fallo y las implicaciones para los migrantes.
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Deportaciones aceleradas: La controversia detrás del fallo
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito había advertido previamente sobre la falta de debido proceso en las deportaciones aceleradas, especialmente tras el caso de Kilmar Ábrego García, un residente de Maryland deportado erróneamente a El Salvador en marzo de 2025.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificó estas acciones alegando vínculos de los deportados con bandas como el Tren de Aragua, pero el juez James Boasberg ya había bloqueado el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo, al determinar que el gobierno no probó tales conexiones y que los migrantes enfrentaban tortura en prisiones salvadoreñas. El fallo de Murphy refuerza esta postura, citando la Convención contra la Tortura de la ONU, que prohíbe deportar a personas a países donde puedan sufrir tratos crueles.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) celebró la decisión, destacando que afecta a más de 350,000 personas con órdenes de deportación inminentes. La Fiscalía del Condado de Suffolk, en apoyo a la demanda, señaló que los migrantes enviados a terceros países como Guatemala, Panamá o Costa Rica carecen de lazos culturales o familiares, lo que aumenta su vulnerabilidad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, argumentó que los acuerdos con estos países son esenciales para la seguridad nacional, pero no proporcionó pruebas suficientes de los riesgos que representan los deportados.
Razones legales del bloqueo
El juez Murphy enfatizó que los inmigrantes tienen derecho a una oportunidad significativa para impugnar su deportación, especialmente si temen por su seguridad. Según la Corte de Distrito, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, diseñada para conflictos bélicos, es inapropiado para la migración irregular.
La jueza Patricia A. Millett, del Circuito de D.C., había señalado previamente que estas expulsiones niegan “incluso un hilo del debido proceso”. La orden de Murphy exige que el DHS notifique por escrito a los migrantes y les permita presentar declaraciones basadas en temores de persecución, un proceso que podría retrasar significativamente las deportaciones.
El Departamento de Justicia ha resistido estas órdenes, invocando el privilegio de secretos de estado para evitar divulgar detalles de las negociaciones con El Salvador, según un comunicado del 17 de abril. Sin embargo, el gobernador de Massachusetts, Maura Healey, respaldó el fallo en X, afirmando que “Massachusetts no tolerará violaciones de derechos humanos”. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por las condiciones en el CECOT, citando informes de Human Rights Watch sobre hacinamiento y abusos.
Implicaciones de la pausa
La suspensión temporal ha generado tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, defendió las deportaciones como una medida contra la “invasión de criminales”, pero no aclaró cómo procederá ante el fallo. El senador Ed Markey, en un mensaje en X, instó al DHS a priorizar el debido proceso y proteger a los migrantes vulnerables. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que los acuerdos de deportación con EE.UU. deben respetar los derechos humanos, según un comunicado del 16 de abril.
Organizaciones como CASA y el Centro de Estudios de Género y Refugiados han comenzado a asesorar a migrantes afectados, ofreciendo apoyo legal para preparar declaraciones contra la deportación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destacó la importancia de evaluar individualmente cada caso, especialmente para aquellos en riesgo de persecución. Mientras la batalla legal continúa, el bloqueo temporal ofrece un respiro a miles de inmigrantes, aunque la incertidumbre persiste sobre el futuro de las políticas migratorias de la administración.