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Una jueza federal en Los Ángeles ordenó el 11 de julio de 2025 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspender las redadas migratorias sin causa probable en siete condados de California, tras una demanda de la ACLU que denunció arrestos inconstitucionales basados en raza, idioma o profesión. La decisión, que generó 4.2 millones de vistas en redes sociales, responde a las políticas de deportación masiva del presidente Donald Trump, que han detenido a 14,000 inmigrantes en California en 2025, según el DHS. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong también exigió acceso a abogados para detenidos, marcando un freno a las tácticas de ICE en una región donde el 43% de la población es latina, según el censo de 2020.
Fallo contra redadas discriminatorias
La jueza Frimpong, designada por Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal que prohíbe al DHS, al FBI y al Departamento de Justicia realizar detenciones sin “sospecha razonable” basada en evidencia concreta, no en raza, etnia, idioma, acento, ubicación o empleo. La demanda, presentada por la ACLU del Sur de California en nombre de cinco personas y grupos proinmigrantes, documentó 1,200 arrestos sin justificación en Los Ángeles desde marzo, según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. Frimpong criticó al gobierno por no presentar pruebas de inteligencia procesable, señalando que el 80% de las detenciones carecía de órdenes judiciales, según un informe de la ACLU.
Condiciones en centros de detención
El fallo también aborda el centro de detención B-18, donde 600 inmigrantes, principalmente de México y Centroamérica, enfrentan condiciones “inhumanas”, como falta de camas, duchas y atención médica, según Human Rights Watch. Frimpong ordenó al DHS garantizar visitas y llamadas con abogados, tras reportes de que el 95% de los detenidos no tiene acceso legal, según el Transactional Records Access Clearinghouse. En una audiencia el 10 de julio, la jueza cuestionó la falta de registros sobre arrestos, afirmando: “Es inconcebible que no exista un solo informe que justifique estas detenciones”. La orden exige al DHS documentar cada arresto y reportarlo a los demandantes.
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Respuesta de la administración Trump
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el fallo como un ataque a “la voluntad del pueblo”, defendiendo las redadas que buscan deportar a 1.3 millones de indocumentados en 2025, según proyecciones de ICE. Trump, cuya aprobación migratoria es del 42% según Quinnipiac, ordenó en junio intensificar operativos en ciudades “santuario” como Los Ángeles, desplegando 5,000 efectivos de la Guardia Nacional tras protestas que dejaron 20 heridos en MacArthur Park, según la Policía de Los Ángeles. La administración demandó a la ciudad por obstaculizar a ICE, alegando que su política santuario viola la ley federal, según el Departamento de Justicia.
Apoyo de líderes locales
El gobernador Gavin Newsom celebró el fallo en X, afirmando: “California defiende la Constitución, y exigimos que Trump haga lo mismo”. La alcaldesa Karen Bass lo calificó como un “triunfo para los derechos de los angelinos”, destacando que el 60% de los residentes desaprueba las redadas, según una encuesta de UCLA. Mohammad Tajsar, de la ACLU, subrayó que “nadie puede ser detenido por su apariencia o idioma”. Organizaciones como CHIRLA reportaron que el 70% de los detenidos son trabajadores esenciales, como los 200 jornaleros arrestados en Home Depot en abril, lo que ha generado pérdidas de $15 millones en comercios locales, según la Cámara de Comercio de Los Ángeles.
Impacto en comunidades migrantes
Las redadas han generado temor en comunidades donde el 25% de los trabajadores son indocumentados, según el Pew Research Center. En Boyle Heights, las ventas de pequeños negocios cayeron un 35%, según la Asociación de Comerciantes. La decisión de Frimpong, que afecta a 10 millones de residentes en el Distrito Central, podría pausar 3,000 detenciones mensuales, según estimaciones de la ACLU. Sin embargo, la administración Trump planea apelar, con un proceso que podría extenderse hasta 2026, según expertos legales. Mientras, iglesias y refugios en Los Ángeles han abierto 1,500 plazas para migrantes, y la oposición pide al Congreso revisar la política migratoria antes de las elecciones de medio término, en un contexto donde el 65% de los californianos apoya medidas santuario, según PPIC.