El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se alista para intensificar las deportaciones masivas en Estados Unidos gracias a un ambicioso paquete de financiamiento incluido en la propuesta legislativa conocida como la “One Big Beautiful Bill”, impulsada por el presidente Donald Trump.
Durante una conferencia de prensa matutina, la secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó que el proyecto de ley proporcionará los fondos necesarios para reforzar las operaciones migratorias, la vigilancia fronteriza y la infraestructura de control. «Ahora tenemos un proyecto que espero todos apoyen en el Congreso. Es un recurso vital para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)», afirmó.
Deportaciones masivas con refuerzo presupuestal
Según detalló Noem, la propuesta asigna más de 46.000 millones de dólares al DHS, los cuales se destinarán a distintas áreas clave de vigilancia, infraestructura tecnológica y contratación de personal. Este presupuesto permitirá ampliar significativamente las deportaciones masivas y avanzar con la construcción del muro fronterizo.
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Del total asignado, 4.100 millones de dólares estarán dirigidos a contratar a 5.000 nuevos oficiales de la CBP y 3.000 agentes fronterizos adicionales. Asimismo, 2.700 millones de dólares se destinarán exclusivamente a mejorar las capacidades tecnológicas de vigilancia en la frontera sur, y 1.000 millones se usarán para modernizar la flota vehicular de patrullaje.
Fotografía del 2 de enero de 2025 de un grupo de guatemaltecos esperando en la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, durante el primer vuelo de deportados enviado por Estados Unidos desde El Paso, Texas, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro
“Estamos asegurando no solo nuestras fronteras, sino también los recursos necesarios para llevar a cabo una estrategia más eficiente de seguridad nacional”, remarcó Noem.
ICE también se beneficia del plan para deportaciones masivas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ejecuta buena parte de las deportaciones masivas, también recibirá una importante inyección de recursos. La secretaria Noem informó que el proyecto contempla la contratación de 10.000 nuevos oficiales de ICE, lo que duplicaría la capacidad operativa de la agencia migratoria.
Además, se contempla un aumento considerable en la capacidad de los centros de detención migratoria. «Podremos duplicar nuestra capacidad de detención, algo que podría ser necesario mientras realizamos nuestro trabajo», señaló la funcionaria.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparece un agente durante una redada en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
El presupuesto también cubrirá bonificaciones salariales y mejoras laborales para el personal de seguridad fronteriza. “Es fundamental cuidar de quienes trabajan para nosotros, pero también de sus familias. No se puede hacer este trabajo si hay una crisis en casa”, dijo Noem al enfatizar el enfoque humano de la propuesta.
El impacto económico y social del financiamiento de las deportaciones masivas
Uno de los aspectos más polémicos de la «One Big Beautiful Bill» es su fuente de financiamiento. El proyecto contempla la eliminación de impuestos sobre los ingresos de la Seguridad Social, así como una deducción estándar temporal de hasta $4.000 para personas mayores de 65 años, medida que estaría vigente entre 2025 y 2028.
Este beneficio comenzaría a reducirse para matrimonios con ingresos superiores a $150.000 y para contribuyentes individuales que superen los $75.000. En paralelo, senadores republicanos han propuesto extender estos beneficios fiscales con una deducción aún mayor, de hasta $6.000, para adultos mayores.
Sin embargo, para financiar estas medidas y las deportaciones masivas, se prevé un endurecimiento de los requisitos de acceso a Medicaid, el programa de salud federal para personas de bajos ingresos. Entre los cambios se contempla imponer requisitos laborales de 80 horas mensuales a adultos sin hijos ni discapacidades, a partir de diciembre de 2026.
También se modificaría el proceso de reinscripción, que pasaría de anual a semestral, exigiendo más pruebas de ingresos y residencia a los beneficiarios. Además, se plantea reducir los impuestos a proveedores que los estados utilizan para financiar Medicaid, del 6 % actual al 3,5 % para 2031, según reportó la BBC.
Este giro fiscal ha generado preocupación entre sectores sociales y organizaciones de derechos civiles, que advierten que el costo de ampliar las deportaciones masivas recaerá sobre programas sociales claves y afectará especialmente a las comunidades más vulnerables.
Con este plan legislativo, la administración Trump busca revivir una agenda migratoria estricta, apostando por el control territorial, la expansión de ICE y CBP, y el uso agresivo de las deportaciones masivas como estrategia central de seguridad nacional.