El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) va por el secreto religioso. El DOJ presentó una demanda contra el estado de Washington por una ley recientemente aprobada que obligaría a los miembros del clero a denunciar casos de abuso y negligencia infantil, incluso si la información proviene del acto religioso de la confesión.
La legislación en cuestión, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 5375 (SB 5375), fue aprobada por el legislativo estatal a inicios de este año y ha generado polémica en comunidades religiosas, especialmente en la Iglesia Católica. La norma elimina la protección del secreto religioso cuando se trata de revelar abusos contra menores.
El Departamento de Justicia argumenta que esta ley es inconstitucional, ya que viola la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa, y la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda. La demanda fue anunciada oficialmente este lunes por la División de Derechos Civiles del DOJ.
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“Las leyes que atacan explícitamente prácticas religiosas como el Sacramento de la Confesión no tienen cabida en nuestra sociedad”, afirmó Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta del DOJ. “Esta ley obliga inconstitucionalmente a los sacerdotes a elegir entre su fe y la amenaza de ser procesados. No podemos permitir que un estado interfiera de esta manera con el libre ejercicio del secreto religioso”.
El DOJ y la defensa del secreto religioso
El caso fue presentado como una intervención directa en una demanda ya existente: Etienne v. Ferguson, impulsada por la Arquidiócesis de Seattle y varios obispos católicos de Washington. La demanda inicial fue presentada en mayo, justo después de la aprobación de la SB 5375.
Justice Department Sues Washington State Over its new anti-Catholic law, Senate Bill 5375
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— DOJ Civil Rights Division (@CivilRights) June 23, 2025
En el documento legal, el Departamento de Justicia subraya que el privilegio de confesión es un derecho históricamente reconocido en el sistema legal estadounidense. Según el DOJ, obligar a los sacerdotes a romper este secreto va en contra de una tradición legal que ha protegido la confidencialidad entre clérigos y feligreses desde tiempos coloniales.
“El secreto religioso no es una concesión cultural, es un derecho protegido por la Constitución”, sostuvo Dhillon. “Obligar a los líderes religiosos a violar sus principios fundamentales es una violación directa de su libertad de conciencia”.
La Iglesia Católica ha reiterado que sus sacerdotes no pueden revelar nada confesado bajo el sacramento, sin importar el contenido. Según el catecismo católico, el sigilo sacramental es absoluto, y su violación se considera una falta grave que puede derivar en la excomunión.
Legislación en Washington reabre debate nacional
El estado de Washington argumenta que la SB 5375 fue diseñada para proteger a los menores de edad, y que todos los ciudadanos, incluidos los líderes religiosos, tienen una responsabilidad moral y legal de reportar abusos. Según las autoridades estatales, la ley busca eliminar cualquier excepción que permita encubrir delitos graves.
Una persona reza en el interior de la Catedral de San Patricio en Nueva York, Estados Unidos. EFE/EPA/SARAH YENESEL
Sin embargo, el Departamento de Justicia insiste en que existen formas de proteger a los menores sin vulnerar derechos fundamentales. Además, advierte que la ley trata de forma desigual al secreto religioso frente a otros privilegios legales, como el confidencial médico-paciente o el abogado-cliente, los cuales no fueron afectados por la norma.
La legislación fue firmada por el gobernador demócrata del estado, quien defendió la medida como un paso necesario para prevenir la impunidad en casos de abuso. El gobernador no ha respondido hasta ahora al anuncio de la demanda federal.
Otras organizaciones religiosas y defensoras de los derechos civiles han comenzado a posicionarse en el debate, algunas a favor del DOJ y otras apoyando la ley estatal. Mientras tanto, diversos tribunales en el país observan con atención este caso, que podría sentar un precedente importante sobre la protección del secreto religioso en contextos legales.
Un conflicto entre libertades religiosas y derechos de protección
La tensión entre las libertades religiosas y la obligación legal de proteger a los menores no es nueva en Estados Unidos, pero este caso podría reactivar un debate más amplio. Varios estados han contemplado propuestas similares en los últimos años, aunque muchos las han dejado de lado por temor a violar la Constitución.
Los defensores de víctimas de abuso aplauden la intención de la ley, pero algunos expertos legales señalan que su implementación, tal como está redactada, podría ser difícil de aplicar sin violar derechos fundamentales.
“Los estados tienen la obligación de proteger a los niños, pero deben hacerlo respetando los límites constitucionales”, advirtió la abogada constitucionalista Martha Clayton, consultada por The Washington Post. “De lo contrario, corren el riesgo de enfrentar reveses legales como este”.
La administración Biden no ha emitido comentarios directos sobre la demanda, pero fuentes cercanas al Departamento de Justicia afirman que el gobierno busca reafirmar su compromiso con la libertad de religión, incluso cuando entran en conflicto con objetivos de política pública.
Este caso podría terminar en la Corte Suprema, dado su potencial impacto en la legislación nacional sobre privilegios religiosos y derechos constitucionales. Por ahora, el Departamento de Justicia ha dejado clara su postura: el secreto religioso es inviolable bajo la ley federal.