¿Dónde aún rige la ciudadanía por nacimiento tras fallo del Supremo?
El fallo de la Corte Suprema del 27 de junio de 2025, que limita las medidas cautelares nacionales contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, deja a 22 estados y el Distrito de Columbia protegidos temporalmente. La decisión, que no aborda la constitucionalidad de la medida, permite su aplicación en otros estados en 30 días, intensificando el debate sobre los derechos migratorios en EE.UU.
Fallo de la Corte Suprema
Con una mayoría conservadora de 6 a 3, la Corte Suprema, liderada por Amy Coney Barrett, dictaminó que los jueces federales no pueden emitir bloqueos nacionales, limitando las medidas a los demandantes específicos. El fallo responde a interdicciones en Maryland, Massachusetts y New Hampshire contra la orden de Trump, que excluye de la ciudadanía automática a hijos de indocumentados y titulares de visas temporales. En X, #CiudadaníaPorNacimiento generó 20,000 publicaciones.
Estados protegidos
La ciudadanía por nacimiento sigue vigente en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, gracias a órdenes judiciales locales. En 2024, estos estados registraron 2.5 millones de nacimientos, el 60% del total nacional, según el CDC. En los 28 estados restantes, la orden podría aplicarse desde el 27 de julio, salvo nuevas demandas.
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Detalles de la orden ejecutiva
Firmada el 20 de enero de 2025, la orden de Trump reinterpreta la 14ª Enmienda, argumentando que “estar bajo jurisdicción” excluye a hijos de indocumentados y no residentes permanentes. En 2024, 255,000 bebés de padres migrantes nacieron en EE.UU., según el Migration Policy Institute. La comunidad latina, con 37 millones de personas, teme un impacto desproporcionado, especialmente en California, donde el 40% de los nacimientos involucra a padres no ciudadanos, según datos estatales.
Reacciones y demandas
Organizaciones como la ACLU y el National Immigration Law Center planean demandas colectivas, incluyendo una en New Hampshire y la ampliación de Casa Inc. v. Trump. En 2024, 1,200 demandas migratorias llegaron a tribunales federales, según el Departamento de Justicia. Efrén C. Olivares, del NILC, instó a los padres a obtener certificados de nacimiento urgentemente. En 2025, el 65% de los hispanos desaprobaba las políticas migratorias de Trump, según Univision, con protestas previstas en Los Ángeles el 30 de junio.
Postura del gobierno
Trump celebró el fallo como una “victoria” en Truth Social, respaldado por la fiscal general Pam Bondi. El gobierno sostiene que la orden no viola la 14ª Enmienda, originalmente destinada a hijos de esclavos. En 2025, ICE deportó a 300,000 personas, un 25% más que en 2024, según datos oficiales, intensificando la presión sobre las comunidades migrantes. El senador Ted Cruz defendió la medida, mientras Chuck Schumer la calificó como un “ataque a los derechos”.
Implicaciones legales
El fallo no resuelve la constitucionalidad de la orden, dejando abierta la puerta a más litigios. En 2023, el 70% de las medidas cautelares nacionales fueron contra políticas migratorias, según el Administrative Office of the U.S. Courts. La decisión podría fragmentar la aplicación de la orden, con estados como Texas, donde el 20% de los nacimientos son de padres indocumentados, enfrentando su implementación. La ACLU estima que 150,000 nacimientos anuales podrían verse afectados, según proyecciones.
Impacto en la comunidad latina
La comunidad latina, especialmente en California y Texas, con 27 millones de personas combinadas, teme una estigmatización de los niños de migrantes. En 2024, 1 millón de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados enfrentaron riesgos de deportación familiar, según el Migration Policy Institute. Organizaciones comunitarias planean talleres en Miami y Houston para informar sobre derechos legales. El fallo refuerza las políticas migratorias de Trump, quien en 2025 aumentó el presupuesto de ICE en $8,700 millones, según el Departamento de Seguridad Nacional, avivando el debate sobre la ciudadanía y la equidad.