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EE.UU. refuerza deportaciones con policías locales mediante el programa 287(g)
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha intensificado la implementación del programa 287(g), que permite la colaboración entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración. Esta medida busca cumplir con la promesa del presidente Donald Trump de aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, en medio de desafíos como la escasez de agentes migratorios y recursos limitados.
Expansión del programa 287(g)
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El programa 287(g), establecido en 1996, autoriza a ICE a delegar funciones específicas de oficiales de inmigración a agentes del orden público estatales y locales, siempre que estos reciban la capacitación adecuada y operen bajo la supervisión de ICE. Esta colaboración se ha convertido en una herramienta clave para identificar y remover a extranjeros delincuentes encarcelados antes de que sean liberados en la comunidad.
Recientemente, ICE ha reactivado la modalidad «Task Force» del programa 287(g), que había sido cancelada en 2012 debido a denuncias de abusos y discriminación racial. Esta modalidad permite a los agentes locales interrogar a personas sobre su estatus migratorio, arrestar sin orden judicial a quienes intenten ingresar al país por puntos no autorizados y ejecutar órdenes de detención migratoria. Estados como Florida, Idaho, Kansas, Nevada, Oklahoma y Texas han adoptado o están en proceso de adoptar esta modalidad.
Implementación en Florida y otros estados
En Florida, bajo la gobernación de Ron DeSantis, se han implementado nuevas leyes migratorias que refuerzan la colaboración con ICE. Las legislaciones SB 4-C y SB 2-C buscan reforzar el control estatal sobre la inmigración ilegal y mejorar la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La SB 4-C fija penas severas para inmigrantes sin estatus legal, incluyendo prisión y sanciones para reincidentes. Además, prohíbe que los detenidos accedan a programas de desvío y obliga a las autoridades a compartir información biométrica con agencias federales. La SB 2-C prohíbe la emisión de licencias de conducir a indocumentados y establece la cooperación obligatoria de las autoridades locales con las federales, imponiendo sanciones a quienes no cumplan. Además, se activará el programa 287(g) para permitir a los oficiales locales funciones de inmigración bajo supervisión federal.
En Texas, las autoridades han reforzado su colaboración con ICE, a pesar de desafíos legales. Medidas como la instalación de muros, boyas en el Río Bravo y redadas en comunidades migrantes reflejan el compromiso del estado con la aplicación estricta de las leyes migratorias.
Controversias y críticas al programa
La implementación del programa 287(g) ha generado debates y críticas. Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han expresado preocupaciones sobre posibles casos de discriminación racial y la erosión de la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local. Además, algunos estudios han señalado que la aplicación del programa en ciertas jurisdicciones ha llevado a prácticas de perfil racial y violaciones de derechos civiles.
En Nueva York, el condado de Nassau ha firmado un acuerdo con ICE para que 10 oficiales locales sean capacitados y autorizados para detener a inmigrantes indocumentados, desafiando las políticas de santuario del estado. Esta decisión ha sido criticada por funcionarios estatales y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que socava las leyes estatales que limitan la cooperación con ICE.
Desafíos y perspectivas futuras
La expansión del programa 287(g) y la reactivación de modalidades como «Task Force» reflejan la estrategia del gobierno federal para aumentar las deportaciones en colaboración con las autoridades locales. Sin embargo, la falta de recursos y personal en ICE, junto con la resistencia de algunas jurisdicciones y las críticas de organizaciones de derechos civiles, plantean desafíos significativos para la implementación efectiva y justa de estas políticas.
A medida que la administración Trump avanza en su agenda migratoria, será crucial monitorear cómo estas políticas afectan a las comunidades locales, las relaciones entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes, y el respeto a los derechos civiles y humanos en todo el país.