El reciente operativo de deportación llevado a cabo por Estados Unidos ha dejado en el centro de la atención el regreso de 17 personas al país centroamericano de El Salvador, personas que, según las autoridades estadounidenses, están vinculadas a las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13. Aunque la deportación de criminales sigue siendo una prioridad dentro de la política de seguridad de EE. UU., esta acción genera preguntas sobre la viabilidad y las implicaciones de las políticas actuales, especialmente en relación con la ley de «Enemigos Extranjeros» que aún está bajo cuestionamiento legal.
Deportación de criminales: ¿Cuáles son las implicaciones para El Salvador?
El pasado lunes, EE. UU. anunció que había deportado a 17 personas a El Salvador, acusadas de ser miembros de organizaciones criminales de alto perfil como el Tren de Aragua y la MS-13. Este tipo de deportaciones no es algo nuevo, pero en esta ocasión se realiza en un contexto complicado, ya que el gobierno de Donald Trump invocó la ley de «Enemigos Extranjeros», una normativa que permite la deportación sumaria de personas sin necesidad de juicio, basándose en una percepción de amenaza de grupos criminales internacionales.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tardó en pronunciarse tras la llegada de estos deportados, calificándolos como «asesinos» y «delincuentes de alto perfil», incluidos aquellos acusados de violación de menores. Bukele agradeció públicamente la cooperación de EE. UU. en la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que subrayó que estos deportados serían trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las prisiones de máxima seguridad en El Salvador.
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Fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador donde se observan custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, este lunes en Tecoluca (El Salvador). EFE/Gobierno de El Salvador
El impacto de la ley de Enemigos Extranjeros: Un pulso judicial
Sin embargo, la aplicación de la ley de «Enemigos Extranjeros» no está exenta de controversias. Esta normativa, que data de 1798, fue utilizada por primera vez en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y su invocación reciente ha generado cuestionamientos legales. La ley permite que personas extranjeras sean deportadas sin una vista judicial previa, lo que contraviene varios principios fundamentales del debido proceso y de los derechos humanos.
En marzo de 2023, el gobierno de Trump recurrió a esta ley para expulsar a más de 200 venezolanos, a quienes se les acusaba de pertenecer al Tren de Aragua. Esta operación, que también incluyó a los 17 deportados en cuestión, ha sido recibida con fuertes críticas. Un juez federal bloqueó su aplicación, argumentando que la deportación sumaria sin un juicio violaba las leyes migratorias y los derechos constitucionales. Sin embargo, a pesar de este fallo judicial, la administración Trump ha seguido adelante con la deportación, argumentando que la amenaza de los grupos como TdA justifica la medida.
El 15 de marzo de 2025, la administración del presidente Donald Trump llevó a cabo una operación de deportación que envió a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador. Estos individuos fueron acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Esta acción se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa poco utilizada que permite la deportación expedita de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador donde se observan custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, este lunes en Tecoluca (El Salvador). EFE/Gobierno de El Salvador
Sin embargo, esta operación se llevó a cabo a pesar de una orden judicial emitida por el juez federal James Boasberg, quien bloqueó temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones aceleradas. El juez determinó que la administración no había proporcionado fundamentos legales suficientes para justificar su uso en este contexto.
Posteriormente, un panel de la Corte de Apelaciones ratificó este bloqueo temporal, subrayando que la suspensión debía mantenerse hasta que se resolviera el litigio en curso sobre la legalidad del uso de esta ley para las deportaciones.
A pesar de estas decisiones judiciales, la administración Trump procedió con las deportaciones, lo que llevó a críticas por presunto desacato a las órdenes judiciales. Además, el presidente Trump recurrió al Tribunal Supremo solicitando que anulara las restricciones impuestas por los tribunales inferiores, argumentando que la seguridad nacional justificaba el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.