Florida ha iniciado un giro radical en sus políticas migratorias, otorgando a sus patrulleros estatales poderes casi federales para actuar en zonas fronterizas dentro del estado. Esta movida, liderada por el gobernador Ron DeSantis, representa una expansión sin precedentes de la autoridad estatal sobre asuntos migratorios, tradicionalmente competencia del gobierno federal.
Desde mayo de 2025, más de 100 patrulleros de la Florida Highway Patrol han sido delegados como agentes especiales bajo el programa federal Special Deputation Program (SDP) de los U.S. Marshals, lo que les permite detener, investigar, arrestar y, en teoría, deportar inmigrantes sin necesidad de la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La palabra clave “zonas fronterizas” adquiere aquí un nuevo significado: ya no se trata solo de los límites internacionales del país, sino de puntos internos dentro de los estados donde se ejecutan políticas con consecuencias similares a las fronterizas.
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DE SANTIS Y LA AUTONOMÍA MIGRATORIA EN ZONAS FRONTERIZAS INTERNAS
El gobernador Ron DeSantis ha defendido esta estrategia como una respuesta a lo que considera una inacción del gobierno federal. «No puedes estar otra vez en la situación de que tienes un presidente que usa su rol, como (Joe) Biden, para no aplicar la ley», declaró en una reciente rueda de prensa. Según DeSantis, la meta es que Florida tenga la capacidad de actuar en las llamadas zonas fronterizas internas de forma independiente, reforzando su seguridad y ejecutando detenciones y deportaciones directamente.
Esta visión ha incluido que las 67 oficinas de alguaciles del estado y todas sus cárceles operen bajo el programa 287(g), un acuerdo entre gobiernos locales y el ICE que permite a las autoridades locales aplicar leyes migratorias. Florida es actualmente el estado con más agencias colaborando con ICE bajo este programa, especialmente bajo su modalidad de ‘task force’, una versión criticada por su potencial para violar derechos civiles.
La preocupación crece entre los activistas, quienes ven en estas políticas una amenaza para la comunidad hispana. Juan Cuba, director de Sheriff Accountability Action, advierte que lo que ocurre en estas zonas fronterizas internas “es un sistema paralelo que actúa por encima del ICE y del gobierno federal”.
ARRESTOS INJUSTOS Y EL PELIGRO DE LAS ZONAS FRONTERIZAS INTERIORES
La implementación de estas nuevas facultades ha tenido consecuencias directas. El caso de Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense de origen mexicano, detenido por patrulleros en Tallahassee, ha encendido las alarmas. López fue arrestado bajo la ley SB 4-C, bloqueada por una corte federal días antes, lo que indica que las autoridades actuaron fuera del marco legal.
A pesar de haber presentado su identificación de Georgia y su tarjeta de Seguro Social, fue procesado como inmigrante ilegal. ICE incluso solicitó su traslado a custodia federal. Fue necesario que su madre presentara su certificado de nacimiento y que abogados y activistas ejercieran presión para que fuera liberado 30 horas después.
Este hecho revela una preocupante realidad: en las zonas fronterizas internas de Florida, una persona puede ser detenida y considerada “deportable” con base en supuestos erróneos y sin el debido proceso. El abogado Mutaqee Akber, representante de López, afirma que ya han comenzado los trámites para demandar al estado por falso arresto.
Organizaciones como el Proyecto de Justicia Comunitaria han documentado al menos una docena de casos similares en los que la ley bloqueada fue utilizada para arrestar personas. «Puede que sean más», asegura su directora, Alana Greer.
La falta de cámaras corporales entre los patrulleros estatales agrava la situación, ya que complica la supervisión y el seguimiento de estos casos, especialmente en zonas donde el control es casi total.
UNA ESTRATEGIA COORDINADA EN ZONAS FRONTERIZAS CON REPERCUSIONES NACIONALES
La denominada Operación Tidal Wave, desarrollada entre el Departamento de Seguridad Nacional y el estado de Florida, es el ejemplo más visible de esta cooperación. Según DeSantis, en solo una semana fueron arrestadas más de mil personas. La operación fue presentada como una acción conjunta “histórica” y coordinada, destacando el uso de patrulleros estatales como fuerza ejecutora en estas zonas fronterizas internas.
El Departamento de Justicia ha señalado preocupaciones sobre este tipo de delegaciones, recomendando mayor vigilancia y control sobre los funcionarios con poderes federales. Un informe de septiembre de 2024 advirtió sobre la necesidad de reforzar los procesos de rendición de cuentas y la supervisión de posibles abusos.
En paralelo, DeSantis ha planteado la posibilidad de utilizar abogados de la Guardia Nacional como jueces migratorios para agilizar los procesos, lo que sería otra forma de consolidar un sistema judicial migratorio alternativo en zonas fronterizas estatales.
ZONAS FRONTERIZAS Y DESCONFIANZA INSTITUCIONAL
Más allá de los procedimientos legales, el impacto emocional y social es profundo. Greer señala que lo que busca esta política es romper la confianza de los ciudadanos —especialmente de comunidades latinas e inmigrantes— en las instituciones. “Las personas temen salir de sus casas, temen ser detenidas por un simple control vehicular. En las zonas fronterizas internas de Florida, la ley parece aplicarse con otra lógica”.
Una preocupación adicional se enfoca en el posible involucramiento del Departamento de Manejo de Emergencias del estado para detener inmigrantes durante situaciones críticas como desastres naturales. Con la temporada de huracanes cerca, organizaciones sociales temen que los inmigrantes eviten refugios por temor a ser detenidos.
Expertos como Akber y Greer coinciden: se ha creado un entorno en donde el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza son riesgos reales, especialmente en estas zonas fronterizas internas donde la ley se aplica de forma más severa que en el resto del país.
ZONAS FRONTERIZAS: UNA NUEVA REALIDAD EN FLORIDA
En resumen, Florida ha establecido un sistema de control migratorio estatal con alcance federal que redefine el concepto de zonas fronterizas. Las implicaciones legales, sociales y humanitarias de esta política son motivo de creciente debate a nivel nacional, especialmente ante un panorama político marcado por el endurecimiento de posturas hacia la inmigración.
Mientras tanto, miles de inmigrantes, ciudadanos naturalizados e incluso estadounidenses como Juan Carlos López Gómez, viven con el temor de convertirse en la próxima víctima de un sistema que prioriza la autoridad por encima del debido proceso.