Gobierno ordena a California censurar clases de género
La administración del presidente Donald Trump ha emitido un ultimátum a California: eliminar los materiales sobre identidad de género de su programa de educación sexual en un plazo de 60 días o perder más de $12.3 millones en fondos federales. Esta medida intensifica el enfrentamiento entre el gobierno federal y el estado en torno a los derechos de la comunidad LGBTQ+, un tema que ha avivado tensiones culturales en múltiples frentes.
Presión federal sobre el currículo estatal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., a través de su Administración para Niños y Familias, ha señalado que los materiales de educación sexual de California incluyen contenido que excede el propósito de las subvenciones federales. Estas subvenciones, que ascienden a $75 millones anuales a nivel nacional, están destinadas a promover la educación sobre abstinencia y anticoncepción para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. California, que ha recibido $18.2 millones para un período de tres años, enfrenta la pérdida de $12.3 millones aún no desembolsados si no cumple con la directiva.
La orden se basa en una política establecida por Trump el 20 de enero, que reconoce solo dos sexos, masculino y femenino, y se aplica a todos los departamentos federales. Esta directiva ha generado conflictos en áreas como los deportes juveniles, donde California enfrenta amenazas de recortes de fondos si permite la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.
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Contenido objetado por la administración
La administración Trump ha criticado específicamente secciones del currículo de California que abordan la identidad de género. Un ejemplo citado en una carta del 20 de junio a un funcionario estatal describe una lección de escuela secundaria: “Hemos estado hablando en clase sobre los mensajes que reciben las personas sobre cómo deben comportarse como niños y niñas, pero también hay personas que no se identifican como niños ni como niñas, sino como transgénero o queer”. La administración considera este contenido como “adoctrinamiento” y lo califica de “inaceptable” para los objetivos del programa de subvenciones.
El subsecretario interino Andrew Gradison afirmó: “La Administración Trump no tolerará el uso de fondos federales para programas que adoctrinan a nuestros hijos”. Esta postura refleja la intención del gobierno de limitar las discusiones sobre género no binario en las aulas.
Respuesta de California
El Departamento de Salud Pública de California defendió su currículo, describiéndolo como “médicamente preciso, completo y apropiado para la edad”. El estado destacó que los materiales del Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal de California (CA PREP) fueron previamente aprobados por autoridades federales, en línea con las regulaciones. Sin embargo, la administración Trump argumenta que la anterior administración Biden permitió indebidamente que las subvenciones se usaran para enseñar “ideología de género”.
CA PREP beneficia a unos 13,000 jóvenes al año, incluyendo a aquellos en centros de justicia juvenil, refugios para personas sin hogar y hogares de acogida. Según el departamento de salud estatal, los participantes del programa han mostrado una mejor comprensión de la salud sexual y resultados positivos en su bienestar.
Impacto en la educación sexual
La ley de California exige que los distritos escolares ofrezcan educación integral sobre salud sexual, incluyendo prevención del VIH, al menos una vez en la escuela intermedia y otra en la secundaria. Los fondos federales han sido clave para apoyar estos programas, especialmente en comunidades vulnerables. La amenaza de recortes pone en riesgo el acceso a esta educación para miles de estudiantes.
Desafíos legales en curso
La administración Trump ha utilizado su autoridad sobre las subvenciones federales para presionar a los estados, pero estas acciones enfrentan oposición legal. Varios casos que cuestionan la cancelación de fondos están siendo litigados en los tribunales, lo que podría definir el alcance del poder federal sobre los currículos locales. Mientras tanto, California debe decidir si modifica su programa educativo o enfrenta las consecuencias financieras, en un contexto de creciente polarización sobre los derechos de género.