Las autoridades locales impusieron este martes un toque de queda en el centro de Los Ángeles, mientras las protestas contra la nueva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump entran en su quinto día. La creciente presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles, enviada para respaldar a agentes federales de inmigración, ha generado un amplio rechazo de parte de líderes estatales, defensores de derechos civiles y parte de la comunidad local.
El despliegue de más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina, autorizados por Trump pese a las objeciones del gobierno estatal, marca un nuevo punto de tensión entre California y la Casa Blanca. Aunque los marines aún no han sido vistos en las calles angelinas, las tropas de la Guardia ya protegen a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las redadas.
El gobernador Gavin Newsom ha denunciado lo que calificó como una “red de arrastre militar” sobre la segunda ciudad más poblada del país. En una conferencia pública, solicitó a un tribunal federal detener con urgencia la asistencia militar al operativo migratorio.
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Crece la controversia por la Guardia Nacional en Los Ángeles
El uso de la Guardia Nacional en Los Ángeles ha desatado preocupaciones sobre el papel que las fuerzas armadas están tomando en operaciones de control migratorio. Aunque legalmente los guardias no pueden realizar arrestos directamente, sí tienen autoridad para detener a personas que representen una amenaza a los agentes federales. En última instancia, las detenciones son llevadas a cabo por cuerpos policiales.
Newsom ha advertido que este despliegue militar solo aumenta las tensiones sociales y podría escalar hacia disturbios civiles. «Trump está usando nuestras calles como campo de batalla político», afirmó el gobernador, quien agregó que esta acción representa un “asalto” a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Agentes de la Guardia Nacional arrestan a un manifestante. Foto: Facebook/QuePasaEnOC
El juez federal que recibió la solicitud de Newsom no emitió un fallo inmediato, lo que permitió que las operaciones con respaldo militar continúen al menos hasta la audiencia programada para este jueves.
Mientras tanto, helicópteros sobrevolaban el centro de la ciudad y unidades antidisturbios dispersaban a manifestantes en áreas cercanas a edificios federales. El toque de queda, declarado por la alcaldesa Karen Bass, abarca una zona de más de 2.5 kilómetros cuadrados. Excluye a residentes, personas sin hogar, periodistas acreditados y personal de emergencias.
Manifestaciones y detenciones durante redadas con apoyo de la Guardia Nacional
Las redadas migratorias, ahora respaldadas por la Guardia Nacional en Los Ángeles, comenzaron el viernes pasado con la detención de más de 40 personas en diversos puntos de la ciudad. Esto provocó protestas inmediatas, algunas de las cuales escalaron en intensidad durante el fin de semana.
Manifestantes bloquearon la autopista 101, encendieron vehículos y se enfrentaron con la policía, que respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y granadas aturdidoras. La mayoría de las movilizaciones se han concentrado en el centro de la ciudad, donde también se encuentra un complejo federal con una cárcel donde se retiene a inmigrantes detenidos.
A pesar del rechazo público, las operaciones de ICE continúan. Se han reportado detenciones en bibliotecas, lavaderos de autos y tiendas como Home Depot. Incluso algunas ceremonias de graduación han tenido que implementar medidas de seguridad por temor a redadas, permitiendo que los padres sigan los eventos por videollamada.
La policía de Los Ángeles informó que solo el martes se realizaron 197 arrestos, en su mayoría por no dispersarse durante las manifestaciones. Algunos detenidos enfrentan cargos más graves, como intento de asesinato por lanzar bombas molotov o vandalismo. Siete oficiales resultaron heridos.
Reacciones políticas y costo del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles
El operativo ha provocado reacciones intensas tanto a nivel local como nacional. La alcaldesa Karen Bass declaró el estado de emergencia y defendió el toque de queda como una medida necesaria para “proteger vidas y salvaguardar la propiedad” tras varios días de tensión.
El presidente Trump ha sugerido que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección si considera que hay una rebelión en curso. Esta ley le permitiría usar fuerzas militares dentro del país para controlar disturbios o imponer el orden público, uno de los recursos más extremos disponibles para un mandatario.
Durante un discurso desde Fort Bragg, Trump calificó a los manifestantes como “animales” y los comparó con “enemigos extranjeros”, declaraciones que fueron ampliamente criticadas por líderes estatales y organizaciones de derechos humanos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que el uso de tropas podría expandirse en otras ciudades si continúan las protestas. El Pentágono reveló que el costo estimado del despliegue militar en el país, incluyendo la Guardia Nacional en Los Ángeles, asciende a $134 millones.
Mientras tanto, en Texas y otras ciudades como Chicago y Nueva York también se han registrado protestas, algunas de ellas con presencia de tropas de la Guardia Nacional en estado de alerta. En Austin, la policía dispersó manifestantes con gases lacrimógenos, y en San Antonio se desplegaron tropas sin especificar el número exacto.
Organizaciones como la ACLU han denunciado la creciente militarización de las ciudades como una amenaza directa al derecho a la protesta pacífica. “Esto es represión, no seguridad”, afirmó su vocera en California.