La Universidad de Harvard, uno de los bastiones históricos de la educación superior en el mundo, se ha convertido en el foco de una confrontación sin precedentes con el gobierno federal de Estados Unidos. Con casi 9.000 millones de dólares en financiamiento federal en juego, la universidad ha decidido no ceder ante las exigencias impuestas por la administración de Donald Trump, que buscan reformar aspectos fundamentales de su estructura institucional, incluyendo políticas de admisión, gobernanza, contratación y programas de diversidad.
Harvard desafía al Gobierno de EE.UU. en defensa de su autonomía
En una carta enviada el lunes 7 de abril, los abogados de Harvard señalaron que la institución está dispuesta a dialogar sobre mejoras en sus políticas, especialmente en relación con la lucha contra el antisemitismo, pero dejaron en claro que no aceptarán condiciones que, a su juicio, “exceden la autoridad legal de esta o cualquier otra administración”. Es la primera universidad de élite en adoptar una postura abierta de resistencia frente a las presiones del gobierno federal, en medio de una campaña que ha puesto en la mira a las principales instituciones académicas del país.
“Harvard desafía al Gobierno de EE.UU.” es ahora más que una declaración institucional: se ha convertido en un símbolo de resistencia en defensa de la libertad académica, la autonomía universitaria y los principios fundamentales que rigen a la educación superior en una democracia.
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La disputa comenzó luego de una serie de protestas en campus universitarios por el conflicto entre Israel y Gaza, que generaron acusaciones de antisemitismo. A raíz de ello, la administración Trump anunció una serie de medidas para revisar los fondos federales destinados a universidades que, según sus criterios, no habrían tomado suficientes acciones para proteger a estudiantes judíos.
El campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE. UU., en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CJ Gunther
Harvard desafía al Gobierno de EE.UU. y enfrenta consecuencias financieras
El costo de esta decisión no es menor. Harvard podría perder acceso a más de 255 millones de dólares en contratos federales, muchos de ellos vinculados al sistema hospitalario afiliado a su Facultad de Medicina, así como más de 8.700 millones de dólares en subvenciones plurianuales, relacionadas con investigación y desarrollo en múltiples áreas.
Otras instituciones, como la Universidad de Columbia, también han sido objeto de revisión. En marzo, el gobierno suspendió 400 millones de dólares en financiamiento a Columbia, incluyendo cientos de subvenciones para proyectos científicos. A diferencia de Harvard, Columbia optó por mantener un “diálogo activo” con la administración para evitar mayores sanciones, una estrategia que ha generado tanto apoyo como críticas desde el mundo académico.
Harvard, en cambio, ha optado por liderar la oposición. El diario estudiantil The Harvard Crimson publicó un editorial en el que instó a que “Harvard trabaje junto a otras universidades para resistir y liderar la lucha contra los ataques del gobierno de Trump a la educación superior”. Para el profesorado y los sindicatos académicos, lo que está en juego es más que un tema financiero: es una defensa del derecho a enseñar, investigar y expresarse sin interferencias políticas.
La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) y su capítulo en Harvard presentaron una demanda el viernes pasado con el objetivo de frenar la ofensiva federal. En ella, alegan que el condicionamiento de fondos a cambios estructurales viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones educativas.
“La Primera Enmienda no permite que los funcionarios gubernamentales usen su poder para silenciar a críticos y censurar discursos que no les agradan”, señaló Andrew Manuel Crespo, profesor de Derecho en Harvard.
Fotografía del escudo de Harvard en una de las puertas del campus de la universidad, en Massachusetts (EE. UU.). EFE/EPA/ CJ Gunther
Harvard desafía al Gobierno de EE.UU. en el contexto de la lucha contra el antisemitismo
Uno de los pilares de la ofensiva federal es el combate al antisemitismo en las universidades, una causa que, en principio, ha sido respaldada por muchas instituciones. Sin embargo, el enfoque del gobierno ha sido criticado por imponer condiciones que podrían coartar la libertad académica y eliminar programas clave en diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En una carta del 3 de abril, el gobierno exigió a Harvard cerrar programas de DEI, revisar departamentos supuestamente responsables de fomentar el antisemitismo y llevar a cabo reformas estructurales en su liderazgo. Estas medidas forman parte de un plan impulsado por el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, una iniciativa interagencial que revisa contratos y subvenciones federales en las universidades.
Harvard ha manifestado su compromiso con erradicar cualquier forma de antisemitismo y promover un entorno seguro para todos sus estudiantes, pero advierte que estas políticas no pueden instrumentarse desde el miedo o bajo amenaza de perder fondos. Según argumentan sus abogados, el gobierno está utilizando su poder económico como mecanismo de censura e intervención.
Fotografía de archivo de la Biblioteca Harry Elkins en el campus de Harvard, en Massachusetts (EE.UU.). EFE/EPA/ CJ Gunther
Además, académicos y líderes universitarios advierten que muchas de las acciones gubernamentales también apuntan a desmantelar programas dedicados a temas de género, equidad racial y derechos de las minorías, bajo la excusa de combatir el antisemitismo. “Lo que realmente está en juego es la integridad del espacio académico como lugar de pensamiento crítico y pluralismo ideológico”, señalan desde el comité de libertad académica de la AAUP.
En paralelo, algunos sectores han defendido la postura del gobierno, argumentando que las universidades no pueden recibir fondos públicos si no garantizan la seguridad de todos sus estudiantes. Exalumnos y donantes han presionado para que instituciones como Harvard y Columbia respondan de manera más contundente a los incidentes relacionados con el conflicto en Medio Oriente.