Mahmoud Khalil, activista propalestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, ha demandado al gobierno de Estados Unidos por 20 millones de dólares tras haber sido arrestado y detenido durante más de 100 días en un centro de detención del ICE en Luisiana. La denuncia, presentada este jueves en una corte federal, acusa a funcionarios del gobierno de violar sus derechos constitucionales y de actuar con motivaciones políticas vinculadas a su activismo en contra de la guerra en Gaza.
El caso ha generado gran atención en círculos migratorios, académicos y defensores de derechos civiles, debido a que Khalil no tenía antecedentes penales y se encontraba en trámites para regularizar su estatus migratorio. Según sus abogados, fue arrestado sin orden judicial, incomunicado por días y sometido a condiciones inhumanas de detención.
Activista propalestino detenido por ICE sin orden judicial
De acuerdo con la demanda presentada, Mahmoud Khalil fue interceptado por agentes federales vestidos de civil el 8 de marzo en su residencia de Nueva York. Los oficiales, que no mostraron ninguna orden judicial, lo esposaron y lo trasladaron en secreto al centro de detención La Salle, en Jena, Luisiana. Durante más de una semana, su familia y sus abogados no supieron de su paradero.
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Fotografía de archivo del centro de detención de La Salle, donde permaneció encarcelado Mahmoud Khalil, en Jena, Louisiana (EE.UU.). EFE/EPA/ Dan Anderson
Una vez detenido, Khalil fue recluido en una celda con luces encendidas las 24 horas, se le negó acceso a sus medicamentos, y fue alimentado con comida en mal estado. A consecuencia de estas condiciones, perdió al menos siete kilos y sufrió episodios severos de ansiedad, según consta en los documentos judiciales.
“Mi cliente fue víctima de una detención política. Lo encarcelaron no por violar la ley, sino por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, afirmó su abogada en declaraciones a medios locales. La demanda nombra como responsables al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Khalil exige reparación por daños tras su arresto como activista propalestino
En la demanda, el activista propalestino exige una compensación económica de 20 millones de dólares, argumentando que la detención ilegal causó daños emocionales, económicos y a su reputación. Khalil asegura que, de ganar el caso, parte del dinero será destinado a ayudar a otros inmigrantes detenidos injustamente por ICE.
Durante su reclusión, Khalil se convirtió en símbolo de los crecientes temores entre estudiantes y activistas árabes y musulmanes en Estados Unidos, quienes denuncian un ambiente de vigilancia y represalias por manifestar su apoyo a Palestina. Su arresto ocurrió semanas después de encabezar protestas en el campus de Columbia contra la ofensiva israelí en Gaza, acciones que atrajeron atención mediática y también críticas de grupos proisraelíes.
Fotografía de archivo de una manifestación frente al centro de detención de La Salle, donde Mahmoud Khalil, antiguo estudiante de posgrado de Columbia, está detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. EFE/EPA/CHANSEY AUGUSTINE
El activista fue liberado el 20 de junio, luego de que un juez federal en Nueva Jersey dictaminara que su detención violaba la Constitución, ya que se basaba en su expresión política y no en razones legales migratorias. Sin embargo, las autoridades federales mantienen investigaciones paralelas sobre presuntas irregularidades en su solicitud de residencia permanente.
El gobierno desestima la demanda del activista propalestino
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional desestimó la demanda, calificándola como “absurda”. Afirmó que Khalil había sido señalado por usar “retórica de odio” contra estudiantes judíos, a pesar de que el activista siempre ha señalado que su crítica se dirige al gobierno de Israel y no a las comunidades religiosas.
Grupos de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones estudiantiles han respaldado públicamente a Khalil. “El arresto de Mahmoud marca un precedente peligroso: la criminalización de la disidencia política dentro del contexto migratorio”, alertó ACLU en un comunicado.
La situación también ha reavivado el debate sobre el uso del ICE como instrumento político para silenciar voces críticas. Durante la administración Trump, defensores de derechos humanos ya habían advertido sobre el aumento de detenciones de activistas y líderes comunitarios con estatus migratorio vulnerable.
Actualmente, Khalil continúa en libertad bajo supervisión, mientras espera una resolución sobre su estatus migratorio. La audiencia sobre la demanda por daños se realizará en las próximas semanas, y podría convertirse en un caso emblemático sobre el uso del poder migratorio como herramienta de represión política en Estados Unidos.