Un operativo federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue interrumpido abruptamente el viernes 19 de abril, cuando una caravana de autobuses que transportaba a inmigrantes venezolanos hacia un aeropuerto en Texas recibió la orden de regresar a su centro de detención. La medida se produjo en medio de una disputa legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la deportación de migrantes, en su mayoría ciudadanos venezolanos.
El video del operativo, difundido por NBC News, muestra a varios autobuses escoltados por vehículos policiales desviándose de su ruta original minutos antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera una resolución que suspendía temporalmente estas expulsiones.
Deportación de inmigrantes venezolanos: un operativo interrumpido en Texas
Al menos 28 personas fueron trasladadas desde el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson, Texas, hacia el Aeropuerto de Abilene. Según testimonios recogidos por abogados defensores y familiares, los migrantes fueron informados de que serían enviados a Venezuela o El Salvador.
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El Gobierno del expresidente Donald Trump ha intentado utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros —una normativa aprobada en 1798— para justificar estas deportaciones. Sin embargo, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de los derechos humanos han cuestionado la legalidad de su aplicación, especialmente en ausencia de una declaración oficial de guerra.
Poco antes de que los migrantes fueran embarcados en un vuelo, la Corte Suprema intervino a solicitud de la ACLU, bloqueando temporalmente cualquier deportación bajo esa legislación, al menos hasta que se resuelva el proceso judicial en curso.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparecen dos agentes de ICE arrestado una persona en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros y por qué afecta a venezolanos?
La Ley de Enemigos Extranjeros fue concebida durante el mandato del presidente John Adams y permite al Ejecutivo ordenar la detención y deportación de ciudadanos extranjeros originarios de países con los que Estados Unidos se encuentra en guerra. Sin embargo, su uso en tiempos modernos ha sido escaso y, según analistas legales, inapropiado en contextos que no involucran conflictos armados formales.
En este caso, la administración Trump argumenta que los migrantes afectados tienen vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. No obstante, defensores legales han señalado que muchos de los detenidos no tienen antecedentes penales, y que estarían siendo juzgados únicamente por su nacionalidad o por tener tatuajes.
Judy Maldonado Rall, esposa de uno de los detenidos, relató a medios nacionales que su esposo fue obligado a firmar una orden de deportación sin comprender completamente el contenido del documento. “No sabían lo que estaban firmando. Les dijeron que iban a Venezuela o El Salvador, pero nunca hubo claridad”, afirmó.
La deportación de inmigrantes venezolanos en la mira de organismos y jueces
El juez federal James Boasberg supervisó una audiencia de emergencia en Washington el mismo viernes por la noche, y presionó al Departamento de Justicia para que detuviera cualquier vuelo previsto bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Paralelamente, la Corte Suprema respondió con una orden que obliga al Gobierno a suspender las deportaciones de inmigrantes venezolanos, al menos de manera temporal, hasta que se resuelva el litigio legal.
Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE no ofrecieron comentarios inmediatos sobre el caso, mientras que abogados defensores aseguran que la medida fue una victoria parcial en un contexto altamente tenso para miles de solicitantes de asilo.
El uso de normativas como la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido duramente criticado por grupos civiles, que advierten sobre los riesgos de emplear herramientas legales de épocas pasadas para casos migratorios contemporáneos. Además, diversas ONG han advertido que estas deportaciones podrían violar tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo cuando se aplican sin debido proceso.
Fotografía cedida por la oficina de Denver del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) donde aparece un agente durante una redada en Denver, Colorado (EE.UU.). EFE/ICE Denver
Una situación que podría repetirse
El caso de la deportación de inmigrantes venezolanos bajo esta ley podría sentar un precedente para decisiones futuras. Según NBC News, algunos de los migrantes detenidos afirmaron haber sido discriminados por su aspecto físico, especialmente por tener tatuajes, lo que las autoridades habrían interpretado como una señal de vinculación con pandillas.
El abogado Lee Gelernt, de la ACLU, expresó que estas acciones no solo carecen de fundamentos legales sólidos, sino que también violan principios básicos de justicia. “Están siendo juzgados por su nacionalidad y su apariencia, no por sus actos”, afirmó.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares siguen atentos a lo que ocurra con los detenidos. En el caso de Eduardo Rall, un venezolano que ingresó legalmente en 2023 y fue arrestado recientemente, aún no se le han presentado cargos claros ni se le ha concedido el Estatus de Protección Temporal (TPS), según su esposa.
La próxima audiencia en el caso de Rall está programada para el 1 de mayo en El Paso. Hasta entonces, se mantiene bajo custodia del ICE en Texas, a la espera de que la justicia determine su situación migratoria.