El gobierno del presidente Donald Trump volvió a poner la mira sobre la inmigración al permitir que las autoridades federales accedan a millones de registros de personas inscritas en Medicaid, incluidos inmigrantes no ciudadanos. La entrega de estos datos ha generado una ola de preocupación entre defensores de derechos civiles, funcionarios estatales y expertos en privacidad, quienes advierten sobre el posible uso de esta información para facilitar redadas o bloquear el acceso a beneficios migratorios.
Datos de Medicaid entregados a ICE bajo orden federal
La polémica estalló luego de que se filtraran memorandos internos y correos electrónicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), los cuales revelan que el 11 de junio el gobierno federal entregó datos personales de millones de inscritos en Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos se preparan para redadas para buscar indocumentados, en una fotografía de archivo. EFE/Dominick Reuter
Esta decisión fue tomada pese a las objeciones de funcionarios del CMS, quienes advirtieron que compartir esos datos podría ser ilegal. Según los documentos obtenidos por la agencia AP, la orden fue impulsada por asesores cercanos a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud bajo la administración Trump. Se otorgaron apenas 54 minutos para cumplir con la entrega.
Los registros incluyen nombres, direcciones, números de seguro social y detalles sobre reclamaciones médicas de inmigrantes en estados como California, Illinois, Washington y Washington D.C., donde se permite que personas sin ciudadanía accedan a programas estatales de salud financiados localmente.
¿Por qué ICE quiere los datos de Medicaid?
La palabra clave detrás de esta entrega es «verificación». Según el portavoz del HHS, Andrew Nixon, el propósito es asegurarse de que los beneficios de Medicaid se destinen exclusivamente a quienes tengan el “derecho legal” a recibirlos. Sin embargo, la información puede tener múltiples usos.
Expertos señalan que ICE podría utilizar estos datos para rastrear inmigrantes indocumentados o rechazar solicitudes de residencia legal, si se determina que utilizaron beneficios financiados parcialmente por el gobierno federal. Aunque la administración asegura que actuó dentro del marco legal, exfuncionarios y juristas advierten que esto podría vulnerar leyes como la de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974.
Vista de un migrante que se refugia en una iglesia de Los Ángeles (California), en una fotografía de archivo. EFE/David Maung
El exfuncionario del CMS, Jeffrey Grant, calificó el acto como “inédito” y advirtió que el DHS no tiene atribuciones para manejar información médica. “Este tipo de transferencia de datos rompe la confianza entre los pacientes y el sistema de salud”, afirmó.
Estados rechazan uso de datos de Medicaid para deportaciones
California, uno de los estados más afectados por la transferencia de datos de Medicaid, fue uno de los primeros en pronunciarse. La oficina del gobernador Gavin Newsom declaró que el uso de datos personales con fines migratorios “es extremadamente preocupante” y podría ser “potencialmente ilegal”.
California es uno de los siete estados que ofrecen cobertura médica a inmigrantes sin estatus legal con fondos estatales. Junto con Washington, Illinois, Nueva York, Oregon, Minnesota, Colorado y el Distrito de Columbia, estos estados decidieron no enviar facturas al gobierno federal por estos servicios.
Sin embargo, la administración Trump cuestionó esa promesa, argumentando que los estados “abrieron las compuertas” para que inmigrantes sin documentos accedan a Medicaid, según palabras del vocero Nixon.
Los funcionarios de salud en California expresaron que esta situación podría tener un “efecto paralizante”, pues podría llevar a que las personas con miedo a la deportación eviten buscar atención médica o inscribirse en programas públicos.
Acceso de ICE a Medicaid y su impacto en comunidades vulnerables
La entrega de datos de Medicaid al DHS también podría influir en los procesos migratorios de quienes buscan regularizar su estatus. Abogados especializados en inmigración explican que haber recibido beneficios públicos puede ser interpretado negativamente en ciertos trámites, como la solicitud de una green card, especialmente si se considera como una “carga pública”.
“Este movimiento podría tener consecuencias devastadoras en las comunidades latinas y otras comunidades migrantes que dependen de estos servicios para su supervivencia”, explicó Claudia Romero, vocera de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles.
Las organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también han advertido que el uso indebido de información médica viola principios fundamentales de privacidad y confidencialidad.
Mientras tanto, los estados como Illinois han anunciado que suspenderán o cerrarán temporalmente sus programas estatales para no ciudadanos ante la presión federal. En California, ya se anunció una congelación de nuevas inscripciones, citando tanto preocupaciones presupuestarias como legales.
¿Qué pueden hacer los inmigrantes ahora?
Frente a esta situación, expertos recomiendan a los inmigrantes consultar con abogados de inmigración antes de aplicar a cualquier programa público, incluidos los de salud. También es recomendable mantenerse informados sobre sus derechos en caso de que agentes de ICE intenten contactarlos o detenerlos.
Por su parte, organizaciones comunitarias están intensificando sus campañas para informar a las comunidades latinas sobre las implicancias legales de acceder a ciertos beneficios, al mismo tiempo que luchan para que el acceso a servicios básicos no sea criminalizado.
La controversia por el acceso de ICE a datos de Medicaid está lejos de terminar. Aunque el gobierno argumenta que actúa dentro del marco legal, los cuestionamientos éticos y constitucionales continúan aumentando, en especial por la falta de transparencia y la posible utilización de información médica para fines de deportación.
Esta situación refleja una estrategia más amplia de la administración Trump para vincular el sistema de salud con el sistema migratorio, una táctica que muchos ven como una forma de presión sobre los gobiernos estatales que han buscado proteger a los inmigrantes.