Una nueva modalidad del plan de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump ha comenzado a tomar forma con mayor fuerza: la colaboración directa entre agencias estatales de libertad condicional e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar y detener a inmigrantes en libertad condicional, incluso por delitos menores.
Desde diciembre pasado, abogados de inmigración en Utah han denunciado que oficiales estatales de supervisión comenzaron a detener directamente a inmigrantes cuando acudían a sus citas programadas, generando alarma entre defensores legales.
“La práctica es deshonesta”, señaló el abogado Adam Crayk al diario Salt Lake Tribune, denunciando que “los oficiales piden a los inmigrantes que se reporten y luego ICE los detiene”.
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Inmigrantes en libertad condicional, atrapados en un limbo legal
El nuevo enfoque ha minado la confianza en el sistema judicial entre inmigrantes y abogados. Los juristas afirman que se sienten atrapados entre cumplir con la ley y exponer a sus clientes al riesgo de deportación.
Chris Keen y Orlando Luna, también abogados de inmigración, destacaron que este patrón afecta directamente la relación de confianza con sus representados. “Es una decisión que ahora dejamos en manos del propio inmigrante”, puntualizó Crayk, reconociendo que muchos se sienten desprotegidos legalmente ante estas detenciones inesperadas.
Fotografía de archivo de oficiales de migración requisando a migrantes antes de ser deportados en Texas (EE.UU.). EFE/ Laura Becquer
Desde el Departamento Correccional de Utah, el vocero Glen Mills aseguró que su agencia comparte con ICE los datos de las personas bajo supervisión desde hace al menos una década, y negó que haya habido cambios recientes. “No estamos implementando nada nuevo y no tenemos planes de cambiar eso”, sostuvo.
Sin embargo, ICE defendió públicamente sus acciones. En un comunicado, la agencia señaló que los inmigrantes en libertad condicional son personas “condenadas por delitos” y que, a pesar de haber cumplido sus sentencias estatales, siguen siendo “deportables” bajo la ley federal. También argumentó que las detenciones contribuyen a “reducir la reincidencia delictiva”.
Fotografía de archivo de miembros de ICE (EE.UU.). EFE/EPA/ Erik S. Lesser
La política hacia inmigrantes en libertad condicional varía por estado
La forma en que los estados cooperan con ICE es muy distinta dependiendo de la legislación local. Aunque existe un acuerdo nacional —el Acuerdo Interestatal de Supervisión de Adultos Convictos (ICAOS)—, su implementación varía de forma significativa entre estados.
En Idaho, por ejemplo, hasta hace poco solo la Comisión de Perdones y Libertad Condicional tenía autoridad para decidir si un inmigrante era entregado a ICE. Sin embargo, ahora esa decisión puede ser tomada directamente por los supervisores de libertad condicional, lo que ha elevado el número de transferencias, según denunciaron abogados locales.
En Oklahoma, en febrero de este año, se lanzó la “Operación Guardián”, una iniciativa para transferir a centros de detención migratoria a más de 500 personas sin estatus migratorio legal que estaban bajo libertad condicional. El Departamento de Seguridad Pública estimó que mantener a estos inmigrantes en prisión representa un costo diario de 36.000 dólares para el estado.
Fotografía de archivo de panfletos que empezaron a circular en Estados Unidos sobre cómo responder a una redada de migración. EFE/EPA/ Erik S. Lesser
Por el contrario, otros estados han tomado un rumbo distinto. En Colorado, solo la Junta Estatal de Libertad Condicional puede aprobar entregas a ICE, y únicamente si existe una solicitud formal. En California, las leyes establecen que ICE solo debe ser notificada cuando existe una base concreta para una deportación, lo que permite que hasta 40.000 inmigrantes sean liberados anualmente, según cifras oficiales.
Aun así, existen contradicciones. En Nueva York, el estado no coopera formalmente con ICE, pero el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria sí lo hace, facilitando entregas sin pasar por revisión judicial. El Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) ha denunciado esta práctica como una forma de eludir las protecciones estatales.