Recientemente, los extranjeros que esperan la resolución de sus casos de asilo recibieron una preocupante noticia. La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), bajo la dirección interina de Sirce Owen, ha establecido nuevos estándares legales que facultan a los jueces de inmigración para revisar y rechazar casos de asilo legalmente insuficientes. Esta medida tiene implicaciones directas sobre el futuro de millones de solicitantes de asilo en los Estados Unidos y refleja una política similar a las adoptadas durante el primer mandato del presidente Donald Trump.
La política de revisión de casos de asilo
La nueva política adoptada por la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración permite que los jueces revisen de manera más expedita las solicitudes de asilo. En su memorando interno, Owen señaló que los jueces tienen la obligación de gestionar sus expedientes de forma eficiente, especialmente dado que el número de casos acumulados en los tribunales de inmigración ha superado los 3.7 millones. De esos casos, la mayoría están relacionados con solicitudes de asilo. Esto contrasta con los 520,000 casos acumulados en el 2017, al final del gobierno de Barack Obama.
La directora de la Eoir indicó que, debido a la acumulación de casos, los jueces deberían tomar todas las medidas apropiadas para resolver de inmediato aquellos casos que no tienen una base legal sólida para obtener asilo o protección contra la deportación. Esta política busca acelerar el proceso de resolución de los casos pendientes, pero al mismo tiempo, aumenta la posibilidad de que muchos solicitantes de asilo vean sus peticiones rechazadas sin una audiencia formal.
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Fotografía de archivo de una manifestación a favor de la inmigración (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly
¿Qué implica la decisión para los solicitantes de asilo?
Bajo esta nueva normativa, los extranjeros en proceso de deportación, que tienen la oportunidad de pedir asilo, deberán demostrar su elegibilidad para cualquier tipo de protección contra la deportación. En otras palabras, si un solicitante no puede demostrar que cumple con los requisitos legales para el asilo, su solicitud será rechazada y, posiblemente, enfrentará una orden de deportación.
En cuanto a la carga de la prueba, la política estipula que si un extranjero no puede presentar una solicitud de asilo «prima facie» (es decir, una solicitud claramente válida a primera vista), la solicitud puede ser cancelada de manera previa, sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración. Esto pone en evidencia la posibilidad de que muchos solicitantes de asilo sean rechazados, incluso sin una audiencia formal.
El contexto de la nueva política: comparación con el gobierno de trump
La política de revisión de casos de asilo propuesta por Sirce Owen recuerda a las medidas adoptadas durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando se establecieron cuotas y se priorizó la aceleración de los procesos de deportación. En ese entonces, el gobierno implementó políticas que favorecían la expulsión rápida de los inmigrantes, limitando las oportunidades para que los solicitantes de asilo pudieran defenderse adecuadamente. Las reformas migratorias de Trump buscaban, entre otras cosas, evitar que las protestas y solicitudes que no cumplían con los criterios establecidos se convirtieran en un obstáculo para las deportaciones.
El memorando de Owen deja claro que los jueces de inmigración tienen la obligación de rechazar casos que no cuenten con vías legales viables. Aunque la decisión está orientada a agilizar el proceso, también podría resultar en un aumento significativo de las denegaciones de asilo.
Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ Shawn Thew
La impactante realidad para los inmigrantes
José Guerrero, un abogado de inmigración en Miami, advirtió que el impacto de esta medida podría ser devastador para muchos solicitantes de asilo. Según Guerrero, los jueces ahora pueden revisar los casos de asilo sin necesidad de una audiencia. Si el solicitante no presentó su caso de manera adecuada, es decir, no explicó correctamente las razones por las cuales teme ser perseguido en su país de origen, el juez podrá rechazar la solicitud y emitir una orden de deportación.
Es importante resaltar que, según la legislación vigente, un solicitante de asilo debe basar su solicitud en causas de persecución específicas, tales como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opiniones políticas. Si la solicitud no cumple con estos requisitos legales, los jueces podrían denegarla sin más trámites.
Los desafíos legales para los solicitantes de asilo
El memorando de política establece que los jueces no están obligados a aceptar pruebas adicionales de un solicitante si no hay cuestiones fácticas en disputa. Esto implica que si un caso de asilo no tiene los fundamentos legales suficientes, incluso con la presentación de pruebas, el juez puede proceder a rechazarlo y ordenar la deportación de inmediato.
En cuanto a los solicitantes que temen que su solicitud sea rechazada, los abogados recomiendan que busquen asesoría legal de inmediato. Guerrero sugirió que los solicitantes de asilo deberían revisar sus expedientes con un abogado especializado para identificar posibles deficiencias en su solicitud y reforzar su caso antes de que sea evaluado por un juez.