Un juez federal impidió al presidente Donald Trump continuar con la deportación de personas no nacionales a terceros países sin garantizar el debido proceso. El fallo fue emitido el 18 de abril de 2025 por el juez federal Brian Murphy en Boston, reportado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La orden judicial prohíbe a la administración de Donald Trump enviar migrantes a países distintos a su lugar de origen sin permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad, como el riesgo de persecución o tortura. Esta decisión, que marca un nuevo revés a la política migratoria de Trump, responde a una demanda presentada por grupos de derechos de inmigrantes y refuerza las protecciones bajo la Convención Contra la Tortura. A continuación, se detallan el fallo, su contexto y las implicaciones para los migrantes.
Justicia frena a Trump: Detalles del fallo judicial
El juez Brian Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, emitió una injunción preliminar que impide al gobierno deportar a personas con órdenes finales de remoción a terceros países sin notificación escrita y una oportunidad significativa para presentar reclamos basados en temor, según el Departamento de Justicia.
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La decisión se basa en la Convención Contra la Tortura, ratificada por Estados Unidos en 1994, que prohíbe enviar a migrantes a lugares donde puedan enfrentar tortura. Murphy expresó sorpresa ante la postura del gobierno de deportar sin notificación, calificándola como contraria a la ley y a principios básicos de decencia, según la Oficina del Tribunal Federal de Boston.
El fallo amplía una orden de restricción temporal emitida en marzo, que ya había detenido deportaciones similares. La administración Trump apeló la decisión el mismo viernes, argumentando que el juez no debería interferir en asuntos de seguridad nacional, según un portavoz del Departamento de Justicia.
Sin embargo, el juez destacó que sin esta orden, los migrantes enfrentarían un daño irreparable, como ser enviados a países donde podrían ser perseguidos o torturados. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha comentado sobre los casos específicos mencionados en la demanda, que incluyen a un guatemalteco deportado a México sin oportunidad de expresar su temor tras haber sido víctima de violencia sexual.
Contexto de la política migratoria
La justicia frena a Trump en un momento crítico de su segundo mandato, iniciado el 20 de enero de 2025. Desde entonces, la administración ha impulsado una agresiva campaña de deportaciones, incluyendo el uso del Alien Enemies Act de 1798 para enviar a presuntos miembros de pandillas venezolanas, como Tren de Aragua, a la prisión CECOTen El Salvador.
Esta práctica, que también fue bloqueada por otro juez en marzo, ha sido criticada por carecer de debido proceso. Según la American Civil Liberties Union (ACLU), muchos deportados no tienen vínculos confirmados con pandillas, y algunos, como un entrenador de fútbol venezolano, fueron etiquetados erróneamente por tatuajes.
El fallo de Murphy se suma a otras decisiones judiciales que han limitado las políticas de Trump. En abril, la Corte Suprema permitió el uso del Alien Enemies Act, pero aclaró que los migrantes deben recibir notificación y la oportunidad de impugnar su deportación, según el Departamento de Justicia. Además, la administración ha enfrentado críticas por ignorar órdenes judiciales, como cuando permitió que dos aviones con 238 venezolanos aterrizaran en El Salvador pese a una orden de retorno emitida por el juez James Boasberg en marzo, según la Oficina del Tribunal Federal de Washington D.C.. Estas tensiones han generado preocupaciones sobre una posible crisis constitucional.
Reacciones y próximos pasos
La decisión ha sido celebrada por defensores de los derechos de los migrantes. La ACLU y Human Rights First destacaron que el fallo protege a refugiados que podrían enfrentar peligros en terceros países, según un comunicado conjunto. En X, la Asociación de Inmigrantes Unidos expresó alivio: “Nadie debería ser enviado a un lugar donde su vida corre peligro sin un proceso justo”. Por su parte, la Oficina de Turismo de El Salvador señaló que la prisión CECOT, donde se enviaron deportados, opera bajo estrictas medidas de seguridad, pero no comentó sobre las condiciones de los migrantes.
El gobierno de Trump enfrenta ahora un panorama complicado. Mientras la apelación avanza, las autoridades deben ajustar sus protocolos para cumplir con el fallo, lo que podría retrasar las deportaciones.
La FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional han reforzado la coordinación con gobiernos centroamericanos para gestionar deportaciones, pero el requisito de notificación y revisión judicial limita su capacidad de actuar rápidamente. A medida que los tribunales continúan revisando las políticas migratorias de Trump, la atención se centra en cómo la administración equilibrará sus objetivos de seguridad con las garantías legales exigidas por el sistema judicial.