El gobierno del expresidente Donald Trump se enfrenta a una creciente presión judicial por no cumplir con la orden de traer de vuelta a Kilmar Ábrego García, quien permanece encarcelado en El Salvador. La Corte de Apelaciones del 4.º Circuito, en un fallo unánime el jueves, calificó de «alarmante» la postura del gobierno de no poder hacer nada para liberar a Ábrego García de la prisión en El Salvador y facilitar su regreso a Estados Unidos.
El conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial
El caso de Ábrego García ha puesto de relieve una creciente tensión entre el poder judicial y el ejecutivo, con el tribunal de apelaciones emitiendo un fallo contundente que refuerza la supervisión judicial sobre las decisiones del presidente. En su sentencia, el panel de tres jueces se negó a suspender la decisión de la jueza Paula Xinis, quien había ordenado que funcionarios federales testificaran bajo juramento para esclarecer si habían cumplido con la instrucción de facilitar el regreso de Ábrego García.
El juez J. Harvie Wilkinson III, designado por el presidente Ronald Reagan, destacó que la postura del gobierno no solo pone en riesgo la integridad del debido proceso, sino que también podría afectar la percepción pública sobre la legalidad de las acciones del gobierno estadounidense. En su escrito, Wilkinson expresó: «Este caso presenta una oportunidad única de reafirmar el valor del estado de derecho, algo esencial para el ethos estadounidense».
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La abogada Rina Gandhi habla durante una rueda de prensa tras una audiencia sobre el estado de la causa Abrego García y otros contra Noem en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON
La postura del gobierno y las reacciones de Trump
Cuando se le preguntó al expresidente Trump sobre el derecho de Ábrego García al debido proceso, evitó dar una respuesta directa. Desde el Despacho Oval, Trump comentó: «Tengo que referirme a los abogados. Debo hacer lo que me pidan que haga.» A pesar de las múltiples instancias legales que exigen la repatriación de Ábrego García, el gobierno de Trump ha mantenido su postura de que no tiene la autoridad para intervenir en el caso, especialmente cuando el acusado está fuera de la custodia estadounidense.
El Departamento de Justicia, en su apelación, argumentó que los tribunales no tienen la autoridad para «obligar al presidente o a sus agentes a tomar cualquier acción diplomática». Sin embargo, la corte de apelaciones rechazó esta argumentación, destacando que el ejecutivo no puede eludir su responsabilidad ante las leyes que rigen el debido proceso y la justicia.
El debido proceso y la defensa de Ábrego García
El tribunal también subrayó que, aunque el gobierno puede estar vinculado a Ábrego García por su presunta afiliación con la pandilla MS-13, esto no justifica la violación de sus derechos constitucionales. El fallo del tribunal resalta la importancia de que el gobierno cumpla con las normas de debido proceso, independientemente de las acusaciones que se le hagan a la persona en cuestión.
El panel de jueces enfatizó que Ábrego García merece el debido proceso que le corresponde, incluso si el gobierno de Trump puede demostrar que está vinculado a actividades delictivas. «Si el gobierno está seguro de su posición, debería estar seguro de que su postura prevalecerá en los procedimientos judiciales», señala la resolución.
Manifestantes se concentran durante una vista sobre el estado de la causa Abrego García y otros contra Noem en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, Estados Unidos. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON
El rol del poder judicial en la supervisión de las acciones ejecutivas
La sentencia del tribunal de apelaciones subraya un punto crítico en la lucha por el control de las políticas exteriores y la interpretación de la ley en Estados Unidos. La corte advirtió que, si el poder ejecutivo continúa eludiendo las órdenes judiciales, esto podría resultar en un daño irreparable tanto para el sistema judicial como para el gobierno, afectando gravemente la confianza del público en las instituciones.
El conflicto en torno a Ábrego García, originario de El Salvador, se intensificó a medida que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a cooperar con las solicitudes de repatriación, argumentando que devolver a Ábrego García a Estados Unidos sería comparable a permitir el regreso de un «terrorista». A pesar de este obstáculo diplomático, la Corte Suprema de Estados Unidos instó al gobierno a realizar los esfuerzos necesarios para facilitar el regreso de Ábrego García.