Ley de Enemigos Extranjeros: revés judicial para Trump en su cruzada migratoria
La estrategia migratoria del presidente Donald Trump, que busca utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados, ha encontrado obstáculos significativos en los tribunales federales. Incluso jueces designados por el propio Trump han emitido fallos que limitan el uso de esta ley, argumentando que su aplicación en el contexto actual es inapropiada y carece de base legal.
Fallo en Texas limita aplicación de la ley de 1798
El juez federal Fernando Rodríguez Jr., del Distrito Sur de Texas y nombrado por Trump en 2018, dictaminó que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede ser utilizada para deportar a ciudadanos venezolanos. Rodríguez argumentó que las actividades del grupo criminal Tren de Aragua no constituyen una «invasión» según los términos de la ley, la cual históricamente se ha reservado para tiempos de guerra declarada. Este fallo representa un revés significativo para la administración Trump, que ha intentado justificar las deportaciones masivas bajo esta normativa del siglo XVIII.
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Otros jueces designados por Trump también se oponen
En Pensilvania, la jueza Stephanie Haines, también designada por Trump, cuestionó la legalidad de las deportaciones rápidas sin el debido proceso. Durante una audiencia, Haines expresó preocupaciones sobre el corto plazo de dos días otorgado a los detenidos para impugnar su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Aunque no emitió un fallo definitivo, su postura indica una creciente resistencia judicial a la aplicación de esta ley en casos migratorios.
Casos emblemáticos generan controversia
El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado a pesar de contar con protección judicial, ha generado críticas tanto nacionales como internacionales. Abrego fue enviado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de que un juez había ordenado su permanencia en Estados Unidos debido a amenazas creíbles en su país de origen. La administración Trump ha sido acusada de ignorar órdenes judiciales y de violar el debido proceso en este y otros casos similares.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las deportaciones a El Salvador, en el contexto de las políticas migratorias de Trump y el régimen de excepción de Nayib Bukele, constituyen desapariciones forzadas. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que muchos deportados desaparecen del radar del ICE y sus familias pierden todo contacto, lo que agrava la crisis humanitaria.
Corte Suprema interviene en la controversia
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una orden que suspende temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, argumentando que estas violan el debido proceso protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución. Aunque el presidente Trump ha prometido acatar la decisión provisional, también ha anunciado que continuará la batalla legal para implementar su programa migratorio.
Perspectivas legales y futuras implicaciones
Expertos legales advierten que la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto migratorio actual podría sentar precedentes peligrosos. Christopher Slobogin, profesor de justicia penal de la Universidad de Vanderbilt, afirmó que «todas estas decisiones apuntan en la misma dirección: que la Ley de Enemigos Extranjeros solo debe utilizarse en tiempos de guerra o invasión». El hecho de que jueces designados por Trump compartan esta visión refuerza la idea de que la aplicación de esta ley en casos migratorios es inapropiada.
Conclusión
La resistencia judicial a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones masivas representa un desafío significativo para la administración Trump. Con múltiples fallos en contra y la intervención de la Corte Suprema, el futuro de esta política migratoria es incierto y continúa siendo objeto de intenso debate legal y político.