Un operativo de ICE en los restaurantes Buona Vista y Enoteca Santa Fe en Santa Elena, Santa Fe, el 30 de mayo de 2025, ha provocado una fuerte reacción de legisladores demócratas, quienes exigen respuestas al Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una carta enviada a la directora asociada de ICE, Jennifer Fenton, los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, junto con los representantes Juan Vargas, Scott Peters, Sara Jacobs, y Mike Levin, solicitaron una investigación por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE sobre el uso de fuerza y las tácticas empleadas, que incluyeron granadas aturdidoras durante una protesta comunitaria. El operativo, que resultó en cuatro arrestos, estaba vinculado a presuntas violaciones laborales y declaraciones falsas, según un portavoz de ICE. La comunidad de Santa Elena, indignada, ha organizado protestas frente al tribunal federal, condenando lo que consideran un abuso de autoridad.
Los legisladores señalaron que este operativo de ICE no es un caso aislado, sino parte de un patrón de acciones migratorias intensificadas en todo el país. Mencionaron redadas recientes, como la detención de 36 personas en un club nocturno de Los Ángeles y un arresto violento en New Bedford, Massachusetts, donde agentes rompieron la ventana de un vehículo.
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“Estas tácticas plantean dudas sobre la proporcionalidad y la idoneidad de las acciones de ICE”, escribieron en su carta a la secretaria del DSN, Kristi Noem. En redes sociales, líderes comunitarios y activistas han compartido videos del operativo, mostrando agentes con equipo táctico enfrentándose a una multitud enojada, lo que ha avivado el debate sobre la confianza en las autoridades federales.
Arrestos fuera de tribunales
Otro foco de preocupación es el aumento de arrestos durante el operativo fuera de los tribunales de inmigración en Santa Elena. Desde mayo, defensores reportan detenciones de personas tras sus audiencias, especialmente después de que el gobierno solicita desestimar casos.
Los legisladores, liderados por Padilla, cuestionaron si existe una directiva reciente que ordene estas acciones, preguntando cuántos inmigrantes fueron arrestados y si los agentes recibieron capacitación adecuada. El DSN, en un comunicado, afirmó que los arrestos se alinean con la política de deportaciones aceleradas para quienes ingresaron ilegalmente en los últimos dos años, una medida ampliada por la administración Trump en enero de 2025.
Impacto en la comunidad
El operativo de ICE en Santa Elena ha dejado una marca profunda en la comunidad. Organizaciones de derechos de inmigrantes, laborales y religiosas se unieron a líderes locales como el concejal Sean Elo-Rivera, quien calificó las acciones de ICE como “terrorismo patrocinado por el estado”.
Los restaurantes cerraron temporalmente, y los dueños emitieron un comunicado describiendo el incidente como “traumático”. Los legisladores argumentan que el uso de fuerza extrema en un negocio que cooperaba con ICE sugiere una intención de intimidar más que de hacer cumplir la ley. “Esto socava la confianza pública y cuestiona el uso del dinero de los contribuyentes”, escribieron a Noem.
Llamados a la rendición de cuentas
La presión sobre el DSN y ICE crece tras el operativo de ICE en Santa Elena. Los legisladores exigen saber cuántos de los arrestados tenían antecedentes penales y si las tácticas empleadas cumplen con los estándares federales. Mientras tanto, la comunidad inmigrante vive con temor, y muchos evitan asistir a sus audiencias por miedo a ser detenidos.
Michelle Celleri, directora legal de Alliance Santa Elena, señaló: “Arrestar a personas que buscan ejercer sus derechos legales desalienta la participación en el sistema judicial”. La delegación demócrata espera respuestas antes del 20 de junio, pero ni el DSN ni ICE han comentado públicamente sobre las cartas. A medida que las protestas continúan, Santa Elena se mantiene unida, exigiendo justicia y claridad en un clima de incertidumbre migratoria.