Una decisión judicial podría cambiar el acceso a la educación superior para miles de estudiantes en Texas. Un juez federal bloqueó temporalmente la ley estatal que, desde hace más de dos décadas, permitía que estudiantes sin papeles accedan a tarifas reducidas de matrícula en universidades públicas. Debido a ello, Texas enfrenta demanda y este fallo marca una nueva ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra las políticas que benefician a inmigrantes indocumentados en el país.
Texas enfrenta demanda por beneficiar en matrícula a estudiantes sin papeles: el fallo judicial
El juez de distrito Reed O’Connor declaró inconstitucional la norma que desde 2001 permitía que los jóvenes sin estatus legal –conocidos como “dreamers”– paguen tarifas similares a las de los residentes texanos. El fallo se dio solo horas después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda federal contra la ley y de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, respaldara la acción legal.
En su resolución, O’Connor sostuvo que ofrecer beneficios educativos a personas que no se encuentran “legalmente presentes en los Estados Unidos” viola la legislación federal. “Poner fin a esta disposición discriminatoria y antiestadounidense es una gran victoria para Texas”, afirmó Paxton, quien es uno de los principales promotores de la medida.
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Un grupo de personas participa de una manifestación este miércoles, frente a la alcaldía de San Antonio (Estados Unidos). EFE/ Alejandra Arredondo
La ley estatal había sido una de las primeras de su tipo en el país. Aprobada en 2001 y firmada por el entonces gobernador republicano Rick Perry, permitía acceder a tarifas reducidas si el estudiante vivía en Texas durante tres años antes de terminar la secundaria, y firmaba una declaración jurada de intención para regularizar su estatus migratorio.
Texas enfrenta demanda por beneficiar en matrícula a estudiantes sin papeles: impacto para miles de jóvenes
Según datos de la Alianza del Presidente para la Educación Superior y la Inmigración, más de 57,000 estudiantes indocumentados están actualmente matriculados en universidades e institutos de educación superior en Texas. Muchos de ellos dependen de la matrícula estatal reducida para poder continuar sus estudios universitarios.
La diferencia en costos es considerable. En la Universidad de Texas en Austin, uno de los campus más representativos, un estudiante residente paga alrededor de 11,000 dólares anuales, mientras que un estudiante foráneo paga más de 41,000 dólares. El acceso a tarifas más asequibles ha sido clave para permitir que estos jóvenes, muchos de los cuales llegaron al país siendo niños, tengan la oportunidad de continuar con su educación.
Estudiantes durante una protesta en el campus de la Universidad de Texas (Austin). EFE/Adam Davis
Para organizaciones como Every Texan, el fallo es un golpe directo contra el futuro de estos estudiantes. “Los ataques dirigidos contra los estudiantes texanos que buscan una educación universitaria asequible, liderados por la administración Trump, no ayudarán a nadie; solo nos perjudican a todos”, expresó Luis Figueroa, portavoz del grupo de políticas públicas.
Por su parte, defensores de la ley señalan que, lejos de ser una carga, esta política ha beneficiado al estado al formar una población más educada y lista para contribuir a la economía local. “Eliminar este derecho es como dispararse en el pie”, opinó un profesor de políticas públicas de la Universidad de Houston, entrevistado por medios locales.
Texas enfrenta demanda por beneficiar en matrícula a estudiantes sin papeles: una batalla que se repite
El debate en torno a esta ley no es nuevo. Desde su implementación, ha sido blanco de críticas por parte de sectores conservadores que la consideran injusta para los ciudadanos y residentes legales. Incluso Rick Perry, el gobernador que promulgó la ley, fue cuestionado durante las primarias republicanas de 2012 por defenderla, y terminó retractándose públicamente.
A pesar de los repetidos intentos de derogarla, la norma ha sobrevivido durante más de 20 años gracias al apoyo bipartidista que recibió en sus orígenes. No obstante, el contexto político actual ha vuelto a encender las tensiones en torno a la inmigración, especialmente en estados como Texas y Florida.
Este año, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que eliminará el beneficio de matrícula estatal para estudiantes indocumentados en Florida a partir de julio. La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas migratorias impulsadas por los republicanos, con miras a las elecciones de 2024 y el regreso de Trump a la agenda pública.
Para los estudiantes afectados, el futuro es incierto. Mientras la batalla legal continúa, varias universidades texanas han expresado su preocupación y buscan alternativas para no dejar atrás a miles de jóvenes que podrían perder su oportunidad de acceder a la educación superior.