Niños migrantes en la mira: Congreso busca cortar asistencia legal pese a orden judicial
Una jueza federal en California ordenó al Gobierno de Estados Unidos reanudar el financiamiento para la representación legal de niños migrantes no acompañados, luego de que la administración Trump suspendiera estos fondos en marzo. La decisión judicial responde a una demanda presentada por organizaciones que brindan asistencia jurídica a más de 26,000 menores, quienes quedaron en riesgo de enfrentar procesos migratorios sin defensa adecuada.
La jueza Araceli Martínez-Olguín determinó que la suspensión de los fondos podría violar la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que exige al gobierno proporcionar representación legal a menores no acompañados en procedimientos migratorios. La orden judicial preliminar restablece temporalmente el financiamiento mientras continúa el litigio.
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Propuesta legislativa amenaza continuidad de la asistencia legal
A pesar del fallo judicial, una propuesta presentada por legisladores republicanos en la Cámara de Representantes busca eliminar permanentemente los fondos destinados a la asistencia legal de niños migrantes no acompañados. La medida, incluida en un paquete de reformas fiscales, asigna miles de millones de dólares para políticas migratorias más estrictas, como la expansión del muro fronterizo y el aumento de detenciones, mientras recorta programas de ayuda legal.
La propuesta también contempla la imposición de nuevas tarifas a los solicitantes de asilo y a los patrocinadores de menores migrantes, lo que podría dificultar aún más el acceso a la justicia para estos niños. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que estas medidas podrían aumentar la vulnerabilidad de los menores y facilitar su deportación sin el debido proceso.
Organizaciones alertan sobre consecuencias para menores vulnerables
Grupos de defensa de los derechos de los migrantes, como Kids in Need of Defense y Freedom Network, han expresado su preocupación por el impacto de la eliminación de fondos en la protección de los menores migrantes. Advierten que sin representación legal, muchos niños podrían ser deportados a situaciones peligrosas o caer en redes de trata y explotación.
Jean Bruggeman, directora ejecutiva de Freedom Network, calificó la propuesta legislativa como «un enorme regalo para los traficantes» y advirtió que aumentaría la vulnerabilidad de los niños y las familias en Estados Unidos, lo que daría lugar a más abusos y explotación.
Incertidumbre sobre el futuro de la asistencia legal para menores migrantes
Aunque el fallo judicial ha restablecido temporalmente los fondos para la asistencia legal, la duración de esta financiación dependerá de las decisiones que tome el Congreso en la legislación presupuestaria en curso. Organizaciones como el Centro Acacia para la Justicia, que coordina la prestación de servicios legales a menores migrantes, señalan que el nuevo contrato cubre un período más corto y que la continuidad de los servicios está en riesgo.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando de cerca la situación, instando al Congreso a garantizar la protección y el acceso a la justicia para los menores migrantes no acompañados en Estados Unidos.