Nueva Orleans pagará $180M a víctimas de abuso clerical
La Arquidiócesis de Nueva Orleans acordó pagar 179,2 millones de dólares a más de 500 sobrevivientes de abuso sexual por parte de miembros del clero, en lo que se considera uno de los acuerdos más grandes en la historia de la Iglesia católica en Estados Unidos. La medida, anunciada este miércoles, busca cerrar una larga etapa de litigios que comenzó con una demanda colectiva presentada en 2020.
El acuerdo incluye la contribución de la arquidiócesis, sus parroquias y varias compañías aseguradoras. Los fondos serán depositados en un fideicomiso de compensación que comenzará a distribuir los pagos una vez que se apruebe la salida de bancarrota de la arquidiócesis.
El caso: cientos de denuncias, décadas de encubrimientos
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La demanda colectiva se basa en acusaciones de más de 500 personas que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes, diáconos y otros trabajadores religiosos. Muchas de las denuncias datan de varias décadas atrás, algunas incluso desde la década de 1950, y apuntan a un patrón sistemático de encubrimientos por parte de autoridades eclesiásticas.
Según documentos judiciales y registros internos de la arquidiócesis que salieron a la luz durante el proceso legal, los líderes de la Iglesia trasladaron a sacerdotes acusados de parroquia en parroquia sin reportar los casos a las autoridades civiles. Algunos religiosos permanecieron en funciones durante años pese a múltiples denuncias.
El escándalo estalló en plena pandemia, cuando la arquidiócesis se declaró en bancarrota en 2020, argumentando que no podría hacer frente a las crecientes demandas por abuso sexual. Desde entonces, el proceso judicial ha expuesto el alcance de la crisis y la falta de transparencia que imperó durante años.
Cambios y compromisos tras el acuerdo
Además del pago millonario, el acuerdo incluye una serie de medidas calificadas como “sin precedentes” para evitar que estos abusos se repitan en el futuro. Entre las disposiciones se encuentra la creación de una Carta de Derechos de los Sobrevivientes, nuevas normas para el manejo de denuncias y la implementación de servicios de apoyo psicológico para las víctimas.
“Estoy agradecido con Dios por todos los que han trabajado para alcanzar este acuerdo y que podamos mirar hacia el futuro, hacia un camino de sanación para los sobrevivientes y para nuestra iglesia local”, expresó el arzobispo Gregory Aymond en un comunicado difundido tras el anuncio.
Las nuevas políticas también contemplan el monitoreo independiente del cumplimiento de los compromisos asumidos por la arquidiócesis, un paso que muchos defensores de víctimas consideran clave para restaurar la confianza perdida.
Un acuerdo que aún requiere aprobación judicial
Pese al anuncio, el acuerdo aún no es definitivo. Requiere la aprobación del tribunal federal de bancarrota, así como del voto favorable de las víctimas sobrevivientes y otros acreedores involucrados en el proceso. Si se ratifica, Nueva Orleans se sumará a otras diócesis estadounidenses que han cerrado acuerdos similares en los últimos años.
Entre los precedentes más relevantes se encuentran los acuerdos alcanzados por las diócesis de Los Ángeles, Boston y Filadelfia, que también pagaron cientos de millones de dólares a víctimas de abuso sexual, en medio de escándalos que sacudieron la reputación global de la Iglesia católica.
El monto acordado por Nueva Orleans representa uno de los más altos para una diócesis del sur del país y refuerza la magnitud del problema. Organizaciones que apoyan a víctimas, como SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), han reaccionado con cautela, señalando que el acuerdo es un paso positivo, pero insisten en que debe ir acompañado de justicia penal y reformas estructurales más profundas.
Impacto en la Iglesia local y la comunidad
La arquidiócesis de Nueva Orleans, una de las más antiguas del país, cuenta con más de 500.000 feligreses y abarca más de 100 parroquias. El escándalo ha afectado profundamente a la comunidad católica local, generando una pérdida de confianza generalizada, disminución de la asistencia a misas y cuestionamientos a la autoridad eclesial.
El proceso de bancarrota y la publicación de listas de sacerdotes acusados ha obligado a muchas parroquias a enfrentar públicamente su pasado. Algunos edificios históricos y activos de la Iglesia podrían ser vendidos para contribuir al fondo de compensación.
Este acuerdo se considera un punto de inflexión en la lucha de los sobrevivientes por justicia y reconocimiento. Si bien el dinero no puede borrar el trauma vivido, muchos ven en este paso una oportunidad para cerrar un ciclo de silencio y comenzar un camino hacia la verdad y la reparación.