La Universidad de Harvard ha decidido no ceder ante las demandas de la administración de Donald Trump, que amenazaba con retirar los fondos federales a la institución si no cumplía con sus exigencias en relación al antisemitismo y los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Esta decisión ha puesto a Harvard en el centro de un debate sobre la autonomía universitaria y el estatus fiscal de Harvard, un tema que ahora está siendo examinado por el gobierno federal.
La resistencia de Harvard al control federal
El conflicto comenzó cuando la administración Trump, a través de su Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo, presentó una serie de demandas a Harvard, instándola a revisar sus políticas internas y a abordar lo que percibía como una falta de acción contra el antisemitismo en su campus. Harvard, sin embargo, rechazó estas exigencias, argumentando que infringían la autonomía universitaria y el derecho a la libertad académica. El presidente de la universidad, Alan M. Garber, declaró que «ningún gobierno debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y las áreas de estudio e investigación que pueden perseguir».
Este rechazo a las demandas de la Casa Blanca fue acompañado de una fuerte postura pública, que incluyó una carta enviada a la comunidad universitaria en la que Garber reafirmaba el compromiso de la universidad con la erradicación del antisemitismo, pero también defendía el principio de la independencia académica. La Universidad de Harvard afirmó que no aceptaría las condiciones impuestas por el gobierno, las cuales consideraba ilegales y que invadían libertades fundamentales reconocidas por la Corte Suprema.
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El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017). EFE/Will Oliver
La congelación de fondos federales y su impacto en el estatus fiscal de Harvard
En respuesta al desafío de Harvard, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo anunció que suspendería más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y contratos plurianuales que Harvard recibía del gobierno federal. Esta decisión ha puesto en riesgo el estatus fiscal de Harvard, ya que la universidad podría perder ciertos beneficios fiscales y de financiamiento público. A pesar de la gravedad de la situación, Harvard insistió en que seguiría combatiendo el antisemitismo de manera responsable, pero sin ceder ante las presiones políticas.
El gobierno de Trump, por su parte, acusó a Harvard de ignorar sus responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las leyes de derechos civiles. En una declaración oficial, el grupo de trabajo señaló que “la interrupción del aprendizaje que ha asolado los campus en los últimos años es inaceptable” y que el acoso a los estudiantes judíos debía ser erradicado.
Sin embargo, Harvard argumentó que la mayoría de las demandas del gobierno no estaban orientadas a combatir el antisemitismo, sino que representaban una intervención directa en las “condiciones intelectuales” de la universidad. Según la universidad, la administración de Trump quería imponer una regulación gubernamental sobre el contenido académico, la orientación del profesorado y las áreas de investigación, lo que contravendría principios fundamentales de libertad educativa.
El campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, EE. UU., en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CJ Gunther
El apoyo de Barack Obama y la reacción de otros líderes
El rechazo de Harvard a las demandas del gobierno recibió el apoyo de figuras destacadas, incluido el expresidente Barack Obama, quien elogió a la universidad por mantener su independencia. A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), Obama afirmó que Harvard había dado un ejemplo para otras instituciones educativas superiores, rechazando lo que calificó de “intento ilegal y torpe de sofocar la libertad académica”. También expresó su esperanza de que otras universidades siguieran el ejemplo de Harvard y defendieran el derecho a la libertad de pensamiento y debate.
Por su parte, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, también respaldó la postura de Harvard, calificando la intervención del gobierno federal como un “descarado intento de intimidar a las escuelas”. Healey destacó la importancia de proteger la educación superior frente a presiones externas que pudieran comprometer la integridad académica.