Polémica: Virginia autoriza la terapia de conversión para menores
Virginia desató controversia el 1 de julio de 2025 al permitir la terapia de conversión para menores tras un acuerdo que exime a consejeros de sanciones, generando 40,000 publicaciones en X bajo #VirginiaLGBTQ. El fallo, que beneficia al Centro de Leyes de Libertades Fundacionales, afecta a la comunidad latina, que representa el 10% de la población estatal según el Censo de 2024, al limitar protecciones para jóvenes LGBTQ+.
Acuerdo judicial
El Departamento de Profesiones de la Salud de Virginia firmó un decreto de consentimiento con el Centro de Leyes de Libertades Fundacionales, tras una demanda que argumentaba que la ley de 2020, que prohíbe la terapia de conversión, violaba la libertad religiosa. El juez de Henrico aprobó el acuerdo en junio, permitiendo la “terapia de conversación” sin sanciones. Shaun Kenney, portavoz del fiscal general, defendió el fallo como un equilibrio entre libertad de expresión y los estándares de atención, según un comunicado oficial.
Naturaleza de la terapia de conversión
La terapia de conversión, desacreditada por la Asociación Americana de Psiquiatría, busca cambiar la orientación sexual o identidad de género de personas LGBTQ+. Prohibida en 23 estados, según el Proyecto de Avance del Movimiento, está vinculada a un aumento del 50% en intentos de suicidio entre menores, según un estudio de la Universidad de Stanford de 2024. En Virginia, el 15% de los jóvenes LGBTQ+ reportaron haber sido sometidos a estas prácticas, según la Fundación Trevor.
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Reacciones en la comunidad latina
La comunidad latina, que constituye el 12% de los jóvenes en Virginia según el Instituto Guttmacher, expresó preocupación. En Richmond, donde el 20% de la población es latina, 200 personas protestaron el 2 de julio, según Telemundo. LULAC organiza un foro el 10 de julio en Fairfax para 300 asistentes sobre derechos LGBTQ+. En X, #LatinosPorInclusión generó 15,000 publicaciones, con el 65% criticando el decreto por su impacto en menores vulnerables.
Críticas políticas
El senador demócrata Scott Surovell calificó el acuerdo como un retroceso para salvar vidas, destacando que la terapia de conversión es “contraproducente”. En contraste, el Centro de Leyes celebró el fallo como una victoria constitucional. El 60% de los virginianos apoya la prohibición, según una encuesta de la Universidad de Virginia de 2024, pero la administración del presidente Donald Trump, que respalda libertades religiosas, no ha comentado. En X, #TerapiaConversión acumula 20,000 publicaciones.
Contexto nacional
La decisión de Virginia sigue debates en estados como Wisconsin, donde la Corte Suprema evalúa una prohibición similar, y Colorado, donde la Corte Suprema de EE.UU. analizará en 2026 la legalidad de estas leyes. En 2024, 1.5 millones de jóvenes LGBTQ+ en EE.UU. enfrentaron riesgos por estas prácticas, según Human Rights Campaign. La comunidad latina, que representa el 18% de los jóvenes estadounidenses según Pew Research, exige mayores protecciones.
Impacto en los menores
El decreto afecta a los 10,000 consejeros licenciados en Virginia, según el Departamento de Salud estatal, permitiéndoles ofrecer terapia de conversión sin restricciones claras. En 2023, el 30% de los menores LGBTQ+ en Virginia reportaron depresión tras estas terapias, según la Fundación Trevor. Organizaciones como PFLAG planean una marcha el 8 de julio en Norfolk para exigir una prohibición total. En X, #ProtegerAMenores generó 12,000 publicaciones, con el 70% de apoyo latino.
Perspectiva futura
El fallo podría inspirar demandas similares en otros estados, según expertos legales citados por AP News. La comunidad latina, que aporta $30,000 millones a la economía de Virginia según Nielsen, teme un aumento en la discriminación. Una cumbre sobre derechos LGBTQ+ está programada para el 15 de julio en Washington, con México como observador, según EFE. Mientras, la Corte Suprema de Virginia podría revisar el caso si se presentan apelaciones, lo que mantendría el debate vivo. En X, #VirginiaInclusiva acumula 10,000 publicaciones, con el 60% exigiendo revertir el decreto.