La ciudad de Miami ha dado luz verde a un controvertido acuerdo con ICE que permitirá a la policía local colaborar directamente con agentes federales de inmigración en la detención de personas indocumentadas. La decisión fue aprobada este martes por tres votos contra dos en la comisión municipal, desatando preocupación entre defensores de derechos civiles y comunidades migrantes.
El acuerdo 287(g), como se conoce formalmente, permitirá que el Departamento de Policía de Miami actúe como una extensión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En términos prácticos, los agentes podrán detener a personas sospechosas de estar en situación irregular y mantenerlas bajo custodia mientras se notifica a las autoridades federales para su deportación.
Miami, donde más de la mitad de los residentes nacieron en el extranjero, se convierte así en la ciudad más grande del país en adoptar este tipo de colaboración directa con ICE. Según datos de la organización USAFacts, el 54 % de los habitantes de Miami son inmigrantes, y más del 70 % se identifica como hispano o latino.
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Acuerdo con ICE provoca protestas frente al Ayuntamiento
La aprobación del acuerdo con ICE se produjo en medio de fuertes protestas. Cientos de residentes se congregaron fuera del Ayuntamiento con pancartas en inglés y español, donde se podían leer frases como “Familias unidas jamás serán vencidas”, “El pueblo unido defenderá a los migrantes” y “ICE es la nueva Gestapo”.
Agentes de policía de Miami, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Christina Mendehall
Dariel Gómez, representante de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), alertó sobre las consecuencias de convertir a la policía local en agentes de inmigración: “Es una amenaza directa para nuestras comunidades. Miami ha sido históricamente un refugio para inmigrantes. Este acuerdo contradice esa tradición”.
Las organizaciones civiles que lideraron las manifestaciones señalaron que el 287(g) tiene un historial de fomentar prácticas discriminatorias. Denunciaron que la vigilancia migratoria por parte de la policía local incrementa los arrestos basados en perfiles raciales y promueve el miedo en comunidades latinas.
Florida, líder en cooperación con ICE
La decisión tomada en Miami se enmarca dentro de una política migratoria más amplia impulsada por el gobernador Ron DeSantis. El estado de Florida ha sido uno de los más activos en apoyar la agenda migratoria del presidente Donald Trump y en reforzar su cooperación con las agencias federales.
En días recientes, el fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció que Florida se convirtió en el primer estado en contar con un enlace oficial de ICE. Esto, con el fin de “garantizar una comunicación directa” entre el gobierno estatal y el Servicio de Inmigración federal.
Agentes de policía de Miami, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Cristóbal Herrera Ulashkevich
Ante esta presión, el jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, defendió la decisión alegando que “no hay alternativa”. Según argumentó, si el municipio se niega a firmar el acuerdo con ICE, podría perder acceso a importantes fondos estatales.
Sin embargo, especialistas legales como Will Mann, del Community Justice Project, aseguran que la firma no es obligatoria. “Los acuerdos 287(g) son costosos, peligrosos y violan derechos civiles fundamentales”, advirtió. “No existe un mandato que obligue a los gobiernos locales a firmarlos”.
Detenciones, cárceles y el impacto en migrantes
Además del acuerdo con ICE firmado por la policía, la situación de los migrantes en el condado de Miami-Dade podría empeorar si se aprueba otro convenio pendiente con las cárceles locales. De concretarse, ICE podría pagar 50 dólares por mantener detenida a una persona migrante durante 48 horas mientras se organiza su traslado. El convenio también permitiría a ICE acceder libremente a los centros de detención y restringir la información que se comparte con abogados y familiares.
Actualmente, más de 430 personas migrantes se encuentran detenidas en cárceles del condado. Activistas aseguran que muchos de ellos no tienen antecedentes penales y fueron arrestados por violaciones menores como no portar licencia de conducir o por infracciones de tránsito.
“Cuando entregamos el control migratorio a la policía local, corremos el riesgo de criminalizar a familias enteras solo por su estatus legal”, subrayó Dariel Gómez.
Las implicaciones del acuerdo con ICE ya generan preocupación a nivel nacional. Miami, por su alta proporción de inmigrantes y su papel como símbolo de diversidad, podría convertirse en el laboratorio de una política que expone a millones de personas a procesos de detención y deportación sin garantías claras.
Organizaciones como ACLU, el Florida Immigrant Coalition y el American Immigration Council han prometido impugnar legalmente la medida, argumentando que viola derechos constitucionales y pone en riesgo la seguridad y la cohesión de las comunidades.