Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará dos nuevas órdenes ejecutivas que refuerzan su política migratoria, dirigida principalmente a las llamadas ciudades santuario. La Casa Blanca anunció que las medidas se centran en fortalecer la aplicación de las leyes migratorias, lo que incluye nuevas acciones para aumentar las detenciones de inmigrantes y sancionar a las jurisdicciones que no colaboren con las autoridades federales en la implementación de las normativas migratorias. Estas decisiones continúan con la escalada de la Administración republicana en un tema clave de su agenda política.
El objetivo de las nuevas órdenes ejecutivas
Las dos órdenes que Trump firmará hoy están orientadas a ampliar las operaciones de la Policía y a exigir a los funcionarios estatales y federales que elaboren una lista detallada de las ciudades consideradas como santuarios. Estas ciudades son aquellas donde las autoridades locales, en ocasiones, no cooperan con las normas federales de inmigración, lo que ha generado un importante debate político en el país.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó en una rueda de prensa que la Administración de Trump considera que las ciudades santuario han intentado “obstruir” la aplicación de las leyes. Además, afirmó que el país está en las primeras etapas de lo que será «la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos».
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Por su parte, Trump enfatizó que la intención de estas órdenes es «fortalecer la ley en Estados Unidos para perseguir a los criminales y proteger a los ciudadanos inocentes». Aunque no se dieron más detalles sobre cómo se implementará esta estrategia, la intención es clara: endurecer las políticas contra los inmigrantes indocumentados y las jurisdicciones que los protegen.
Tom Homan, llamado ‘Zar de la frontera’ de EE.UU. EFE/EPA/Francis Chung
Las consecuencias para las ciudades santuario
Las nuevas órdenes también instarán a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a identificar y publicar una lista de las jurisdicciones santuario que no cumplen con las leyes migratorias federales. Las ciudades en esta lista podrían enfrentarse a la retención de fondos federales y a posibles demandas tanto civiles como penales si no colaboran con las autoridades en la implementación de la agenda migratoria de la Casa Blanca.
Leavitt subrayó que la Administración es firme en su postura: “Es bastante simple: obedezcan la ley, respeten la ley y no obstruyan a los funcionarios federales de inmigración cuando simplemente están tratando de eliminar las amenazas a la seguridad pública”. Esta postura se ve respaldada por el propio Tom Homan, quien, como zar fronterizo de Trump, ha sido un fuerte defensor de las políticas más duras en cuanto a la inmigración.
Un contexto legal y judicial tenso
La firma de estas órdenes ejecutivas llega justo después de que un juez federal en California bloqueó un intento del Gobierno de Trump para retener fondos federales a las ciudades santuario, que han limitado su cooperación con las autoridades de inmigración. Este bloqueo ha intensificado las tensiones entre las diferentes ramas del Gobierno, ya que la Administración sigue tratando de implementar sus políticas, a pesar de las resistencias legales y judiciales.
La situación también ha puesto a prueba la relación entre el poder ejecutivo y el judicial, como lo demuestra el reciente arresto de una jueza en Milwaukee, Hannah Dugan, quien fue detenida por obstruir una operación de detención de inmigrantes. Este tipo de incidentes ha alimentado el enfrentamiento entre las políticas del presidente y las decisiones judiciales que consideran que ciertas acciones son inconstitucionales o ilegales.
Fotografía de archivo de un agente de policía en Florida. EFE/Cristóbal Herrera
Impacto de las nuevas medidas en las comunidades locales
Si bien la Administración Trump celebra la disminución en el número de cruces ilegales en la frontera sur, el impacto de las nuevas medidas podría ser significativo en diversas comunidades de todo el país. Las ciudades santuario han sido, en muchos casos, un refugio para inmigrantes que, de otro modo, estarían en riesgo de ser detenidos y deportados. Sin embargo, el Gobierno federal ha asegurado que la prioridad es proteger a las comunidades estadounidenses de los delincuentes extranjeros, lo que, según su perspectiva, justifica estas estrictas medidas.
En respuesta a las políticas migratorias de Trump, muchas ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago han reafirmado su compromiso con las protecciones para los inmigrantes. Estas jurisdicciones han implementado medidas para limitar la cooperación con ICE (Inmigración y Control de Aduanas), argumentando que su función principal es garantizar la seguridad de sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.