El estado de Texas, líder en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, se prepara para llevar a cabo una nueva ejecución este miércoles. Moisés Sandoval Mendoza, un recluso de 41 años, recibirá la inyección letal en la penitenciaría de Huntsville por el asesinato de Rachelle O’Neil Tolleson, una joven madre de 20 años, ocurrido en 2004.
El crimen, que conmocionó a la pequeña comunidad de Farmersville, al noreste de Dallas, incluyó elementos de brutalidad y premeditación. Según los documentos judiciales, Mendoza estranguló a la víctima, la agredió sexualmente, la apuñaló y luego quemó su cuerpo para ocultar la evidencia. Fue condenado por estos actos y ha pasado casi dos décadas en el corredor de la muerte.
Texas ejecución: los hechos detrás del crimen
La noche del asesinato, Mendoza recogió a Tolleson en su domicilio mientras su hija de seis meses dormía. Al día siguiente, la madre de la víctima encontró a la bebé sola, mojada y tiritando de frío. El cuerpo sin vida de Tolleson apareció seis días más tarde cerca de un arroyo. Fue identificado gracias a registros dentales, ya que había sido parcialmente calcinado.
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Las pruebas reunidas por la fiscalía revelaron que Mendoza intentó borrar cualquier rastro de ADN y huellas dactilares. Durante el juicio, testigos afirmaron que Mendoza había hablado del crimen con un amigo antes de ser arrestado. Él mismo confesó a la policía, aunque no ofreció una explicación clara para sus actos.
Las autoridades informaron que Mendoza había asistido días antes a una fiesta en la casa de Tolleson. Su presencia frecuente en el entorno de la víctima generó sospechas inmediatas.
Foto: Departamento de Justicia Criminal de Texas
Texas ejecución: apelaciones fallidas y acusaciones de mala defensa
Los abogados defensores de Mendoza intentaron frenar la ejecución acudiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos. Argumentaron que su cliente no recibió una defensa adecuada durante el proceso de apelación, lo que vulneró su derecho constitucional. Señalaron que ni su abogado de apelación ni su litigante impugnaron un testimonio clave de un oficial de detención, Robert Hinton.
Este oficial declaró que Mendoza había iniciado una pelea con otro recluso, lo que influyó en el jurado al momento de decidir su peligrosidad, un criterio esencial para aplicar la pena de muerte en Texas. Sin embargo, según los defensores, el otro recluso habría afirmado en una declaración jurada que fue incentivado por los guardias a provocar a Mendoza, y luego recompensado por ello.
“No hay duda de que el jurado estaba prestando atención. Durante las deliberaciones, preguntaron específicamente sobre los ‘actos criminales de Mendoza mientras estuvo en la cárcel’, incluyendo la ‘agresión a otro recluso’”, señalaron sus abogados en la petición presentada ante la Corte Suprema.
A pesar de estos esfuerzos, tanto tribunales inferiores como la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazaron las peticiones para conmutar la sentencia o conceder una suspensión.
Texas ejecución: el historial de violencia y el peso del tiempo
En respuesta a la petición de los defensores, la Fiscalía General de Texas argumentó que la reclamación sobre la supuesta mala praxis legal ya había sido desestimada por tribunales federales. Además, sostuvo que incluso sin el testimonio del oficial Hinton, existían pruebas suficientes de la peligrosidad de Mendoza.
Entre las evidencias presentadas, se incluyeron incidentes de violencia doméstica contra su madre y su hermana, así como una acusación previa de agresión sexual a una menor de 14 años.
“El interés público pesa en contra de cualquier suspensión. Han pasado más de 20 años desde el crimen. El Estado y las víctimas tienen un poderoso interés legítimo en que se haga justicia”, indicó la fiscalía en su escrito a la Corte Suprema.
Si se lleva a cabo como está previsto, esta sería la tercera ejecución del año en Texas y la número 13 en Estados Unidos en lo que va de 2025. El estado ha mantenido durante décadas el ritmo más alto de ejecuciones en el país, a pesar de un declive general en el uso de la pena capital.
Texas ejecución: contexto nacional y otros casos
El caso de Mendoza ocurre en un contexto de creciente escrutinio público hacia la pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos han pedido su abolición, mientras que otros defienden su aplicación en casos de crímenes particularmente atroces.
El jueves, el estado de Alabama tiene previsto ejecutar a James Osgood por la violación y asesinato de una mujer en 2010. Casos como estos alimentan el debate sobre la moralidad, la eficacia y la aplicación justa de la pena capital en Estados Unidos.
En Texas, la discusión rara vez se detiene. Aunque el número de ejecuciones ha disminuido en comparación con décadas anteriores, el sistema judicial del estado sigue adelante con sentencias que, como en el caso de Mendoza, se remontan a crímenes ocurridos hace décadas.