Un juez federal dictaminó este martes que las prisiones federales deben seguir ofreciendo terapia hormonal y otras acomodaciones a reclusos transgénero, incluso después de la entrada en vigor de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La medida había interrumpido abruptamente tratamientos médicos a cientos de personas que cumplen condena en cárceles bajo jurisdicción federal.
La decisión judicial representa un revés para la política impulsada por la Casa Blanca que intentaba restringir los cuidados de afirmación de género en los centros penitenciarios. El fallo establece que estas medidas son protegidas por la legislación federal y que su interrupción constituye una violación de derechos fundamentales.
Juez dictamina que prisiones federales deben seguir ofreciendo terapia hormonal
El juez Royce Lamberth, designado por el presidente Ronald Reagan en 1987, escribió en su fallo que las autoridades penitenciarias “no pueden privar arbitrariamente” a los reclusos de medicamentos o servicios de salud mental considerados necesarios por los propios profesionales médicos de la Oficina Federal de Prisiones. Entre ellos se incluye el acceso a tratamientos de afirmación de género como la terapia hormonal, evaluada y autorizada por equipos clínicos especializados.
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Los demandantes —reclusos transgénero afectados por la orden ejecutiva de Trump— buscaron proteger su derecho a tratamientos aprobados y orientados a mitigar el sufrimiento asociado a la disforia de género. Según el juez, este padecimiento puede generar efectos psicológicos severos como depresión, ansiedad e incluso ideación suicida.
“La Oficina de Prisiones y la orden ejecutiva no proporcionan ninguna explicación seria para justificar por qué estas formas de tratamiento deben recibir un trato distinto frente a otras intervenciones de salud mental”, se lee en la resolución judicial.
Más de 600 personas trans reciben terapia en prisiones federales
Actualmente, la Oficina Federal de Prisiones provee terapia hormonal a más de 600 reclusos diagnosticados con disforia de género. Aunque el gobierno federal no ha negado la existencia de este diagnóstico ni sus efectos clínicos, la orden de Trump buscaba suspender cualquier gasto público destinado a “modificar la apariencia de un recluso para asemejarse al sexo opuesto”.
Esta política obligó a revisar los protocolos de atención médica en todos los centros penitenciarios federales, generando incertidumbre y malestar entre el personal clínico y los propios internos. La directiva incluía además restricciones para transferir personas trans a prisiones acordes con su identidad de género, bajo el argumento de proteger la seguridad carcelaria.
En respuesta a la política de la Casa Blanca, diversas organizaciones defensoras de derechos civiles —entre ellas el Centro de Derecho Transgénero y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)— interpusieron una demanda colectiva para frenar las nuevas reglas. El juez Lamberth no solo respaldó a los demandantes, sino que amplió su protección a todas las personas trans que se encuentren actualmente en prisión federal o que lo estén en el futuro.
Foto: EFE/ J. J. Guillén
Prisiones federales deben seguir ofreciendo terapia hormonal pese a orden ejecutiva
A mediados de febrero, el mismo juez ya había emitido una medida cautelar que impedía a las autoridades penitenciarias transferir a tres mujeres trans a cárceles para hombres. En ese mismo fallo, también se prohibió suspender su tratamiento hormonal. Esta nueva decisión refuerza ese criterio y establece una guía para todas las prisiones federales del país.
El dictamen resalta que negar tratamientos médicos aprobados, como la terapia hormonal, conlleva consecuencias graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas privadas de libertad. Además, enfatiza que la disforia de género debe ser tratada con el mismo estándar médico que cualquier otra condición de salud mental.
Para las organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+, el fallo marca una victoria significativa en un contexto político hostil. «Este es un mensaje claro de que las personas trans no pierden sus derechos constitucionales al ser encarceladas», declaró un portavoz del Centro de Derecho Transgénero.
Según informes recientes del Departamento de Justicia, la población transgénero encarcelada sigue enfrentando discriminación sistemática, abusos físicos y psicológicos, y falta de acceso a cuidados adecuados. Las barreras estructurales dentro del sistema penitenciario agravan su vulnerabilidad.
El gobierno de Trump ha promovido más de una docena de medidas contra los derechos de personas trans, incluyendo restricciones al servicio militar, límites al acceso a baños y exclusiones en la cobertura de salud. La orden ejecutiva sobre prisiones se enmarca dentro de ese patrón legislativo.
Foto: EFE/EPA/Will Oliver
Implicaciones de ofrecer terapia hormonal en prisiones federales y próximos pasos
Aunque la administración Trump aún puede apelar la decisión judicial, el alcance del fallo complica una reversión rápida. Los expertos legales indican que, al tratarse de una certificación de clase, el mandato judicial tiene efecto vinculante para todo el sistema federal de prisiones, sin importar el estado o jurisdicción.
Este tipo de resoluciones no solo afectan a los más de 600 reclusos que ya reciben tratamiento hormonal, sino que sienta un precedente legal que podría extenderse a nivel estatal, en caso de litigios similares en cárceles controladas por gobiernos locales.
Por el momento, la Oficina Federal de Prisiones deberá garantizar el suministro regular de hormonas, asistencia psicológica especializada, y mantener la evaluación médica caso por caso para decidir asignaciones de instalaciones según la identidad de género. Las transferencias arbitrarias y las restricciones generalizadas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso judicial.
Este escenario deja en evidencia que, incluso bajo una administración conservadora, el Poder Judicial puede actuar como contrapeso cuando se vulneran derechos fundamentales. La decisión también podría tener implicancias políticas en un año electoral, en el que los derechos de las personas LGBTIQ+ se han convertido en un tema polarizante dentro del discurso público.