La tensión política entre el estado de California y el presidente Donald Trump alcanzó un nuevo punto crítico tras el despliegue de aproximadamente 700 marines a Los Ángeles. El movimiento fue ejecutado bajo la orden de Trump para apoyar a la Guardia Nacional en medio de intensas protestas relacionadas con sus políticas migratorias. El gobernador Gavin Newsom calificó esta decisión como ilegal y presentó una demanda contra el gobierno federal, desatando un enfrentamiento sin precedentes entre el poder estatal y la administración republicana.
Según la oficina del gobernador, la movilización de marines “es una respuesta desproporcionada, injustificada y peligrosa”. Añadieron que esto representa una escalada que recuerda momentos oscuros de la historia estadounidense, cuando los militares fueron enviados a enfrentar a sus propios ciudadanos.
Desde el viernes, las calles de Los Ángeles han sido escenario de marchas, protestas y detenciones. Al menos 56 personas fueron arrestadas durante el fin de semana, mientras la policía dispersaba a los manifestantes utilizando balas de goma. Algunos negocios del centro reportaron saqueos, lo que motivó el despliegue de más fuerzas.
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¿Puede California frenar a Trump? Las bases legales del conflicto
La legalidad del despliegue de tropas federales sin autorización del estado ha sido ampliamente cuestionada. El Centro Brennan para la Justicia recordó que la última vez que un presidente desplegó la Guardia Nacional sin el consentimiento de un gobernador fue en 1965, cuando Lyndon B. Johnson lo hizo para proteger a manifestantes por los derechos civiles en Alabama. En ese entonces, Johnson invocó la Ley de Insurrección, una herramienta legal del siglo XVIII.
Policías de la Guardia Nacional se movilizan para dispersar a los manifestantes en Los Angeles, California, Estados Unidos, Jun. 8, 2025. Foto: CAROLINE BREHMAN/EFE/EPA
Trump, sin embargo, optó por otra base legal: una ley federal que le permite colocar tropas bajo control federal si existe una amenaza de rebelión. No obstante, esta legislación también indica que cualquier orden debe pasar a través del gobernador del estado, un paso que, según Newsom, nunca se cumplió. “El presidente no puede, sin nuestro consentimiento, militarizar nuestras calles”, expresó el gobernador en una conferencia de prensa.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se pronunció en contra del despliegue, calificándolo como “una provocación” y una maniobra política de Trump para criminalizar la protesta. A su vez, el exzar de inmigración Tom Homan respondió con amenazas legales contra Newsom y Bass, sugiriendo que deberían ser arrestados por obstruir el trabajo de las fuerzas federales. Estas declaraciones fueron respaldadas por el propio Trump, quien señaló en un mitin que Newsom “debería estar tras las rejas”.
¿Puede California frenar a Trump? Protestas, redadas y una comunidad latina en alerta
El conflicto también ha impactado de manera directa a la comunidad inmigrante. Durante el mismo fin de semana, agentes federales llevaron a cabo una redada en el Distrito de la Moda de Los Ángeles, donde fueron detenidas varias personas, incluyendo padres de familia y trabajadores que eran el único sustento de sus hogares.
Familiares de los detenidos protestaron con carteles frente al almacén Ambiance, exigiendo información. Muchos de ellos no han recibido ninguna comunicación por parte de las autoridades de inmigración. Entre ellos, una joven madre relató que su hijo de 4 años, con autismo, no comprende por qué su padre ya no está en casa. “Le decimos que está trabajando, pero no sabemos si volverá pronto”, dijo entre lágrimas.
Manifestantes se enfrentan a los policías en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Jun. 8, 2025. Foto: Allison Dinner/EFE/EPA
Además de Los Ángeles, las protestas se han extendido a otras ciudades como Boston, Nueva York y Chicago. Organizaciones de derechos civiles denuncian una creciente militarización de las políticas migratorias del Gobierno republicano. La Secretaría de Seguridad Nacional, liderada por Kristi Noem, reafirmó su postura con un mensaje contundente en redes sociales: “ICE seguirá haciendo cumplir la ley. No nos detendrán”.
La ciudad de Glendale, por su parte, ha sido señalada por el Departamento de Seguridad Nacional por poner fin a un acuerdo de más de 15 años con ICE para alojar a inmigrantes detenidos. El gobierno federal los acusó de “proteger a criminales violentos”, mientras que activistas locales aplaudieron la decisión del municipio.
El precedente legal y político que marca este despliegue militar
Aunque el envío de tropas podría parecer solo una respuesta táctica, para muchos analistas políticos representa una maniobra autoritaria. La decisión de desplegar marines sin coordinación con el gobierno estatal rompe con décadas de tradición federalista en Estados Unidos. Desde los años sesenta, ningún presidente había tomado una medida similar sin apoyo del gobernador correspondiente.
El profesor de derecho constitucional de UCLA, Michael Chemerinsky, explicó que “aunque existen mecanismos legales para actuar en emergencias, el presidente no puede ignorar por completo la soberanía estatal. Esta es una acción temeraria que socava el principio de separación de poderes y federalismo”.
En paralelo, varias ONG y abogados de derechos humanos han comenzado a documentar posibles abusos de autoridad, incluyendo el uso excesivo de la fuerza durante las redadas y la falta de acceso a abogados para los detenidos.
Mientras tanto, la demanda de California contra el Gobierno de Trump continúa su camino en los tribunales federales. La batalla legal definirá no solo el destino del despliegue actual, sino también los límites del poder presidencial en temas migratorios y de seguridad interna.