¿Se acaba el Seguro Social? Proponen plan para salvarlo
El Seguro Social enfrenta una crisis de insolvencia que podría reducir los beneficios en un 21% para 2033, según la Administración del Seguro Social. Los senadores Bill Cassidy (republicano) y Tim Kaine (demócrata) han presentado una propuesta bipartidista para salvar el programa mediante un fondo de inversión diversificado, anunciado el 8 de julio de 2025 en un artículo de opinión. Este plan, que requiere una inversión federal inicial de $1.5 billones, busca complementar los impuestos sobre la nómina y garantizar la sostenibilidad de los beneficios para 70 millones de beneficiarios sin recortes ni aumentos fiscales inmediatos.
Una crisis inminente
El Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI) se agotará en 2033, según el informe de los fideicomisarios de 2025. Sin reformas, los ingresos por impuestos sobre la nómina solo cubrirán el 79% de los beneficios, afectando a jubilados, personas con discapacidades y sobrevivientes. En 2024, el programa pagó $1.5 billones a 72 millones de beneficiarios, pero los ingresos de $1.42 billones no cubrieron los gastos, reduciendo las reservas de $2.83 billones a $2.79 billones. Factores como el envejecimiento poblacional y la baja natalidad han disminuido la proporción de trabajadores que contribuyen, agravando el déficit.
Un fondo de inversión innovador
La propuesta de Cassidy y Kaine crea un fondo paralelo al OASI, invertido en acciones, bonos y otros activos de mayor rendimiento que los bonos del Tesoro, que han crecido solo un 100% desde 2002 frente al 600% del S&P 500. Con una inversión inicial de $1.5 billones, el fondo crecería durante 75 años, reembolsando al Tesoro y complementando los impuestos sobre la nómina. Los senadores citan el National Railroad Retirement Investment Trust, que logró un rendimiento del 18.9% en 2024, como un modelo exitoso. El plan incluye auditorías anuales para evitar el mal uso de fondos y asegura que los beneficios no cambiarán.
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Voces a favor y en contra
Cassidy y Kaine argumentan que su plan es una solución de “sentido común” con apoyo bipartidista, destacando que el 59% de los no jubilados temen que el Seguro Social no esté disponible al retirarse, según una encuesta de DepositAccounts de mayo de 2025. Sin embargo, expertos como Gopi Shah Goda de Brookings advierten que el plan no aborda desequilibrios estructurales, como la necesidad de ajustar beneficios para altos ingresos o aumentar los años de trabajo considerados en los cálculos. Devin Carroll, de Carroll Advisory Group, señala que, aunque teóricamente viable, el fondo implica riesgos de mercado y preguntas sobre la intervención gubernamental en inversiones privadas.
Alternativas en el horizonte
Otros han propuesto soluciones similares. En marzo de 2025, Larry Fink, CEO de BlackRock, sugirió permitir a los estadounidenses invertir parte de sus impuestos en cuentas privadas, como en el sistema australiano de jubilación. Además, un proyecto de ley reciente en el Senado, liderado por Susan Collins y Sherrod Brown, busca derogar normas que reducen beneficios para trabajadores públicos, con un costo estimado de $196,000 millones en 10 años. Cassidy y Kaine planean formalizar su propuesta en el Congreso, enfatizando la urgencia de actuar antes de que el fondo se agote, lo que podría forzar recortes drásticos o aumentos de impuestos.
Impacto en los beneficiarios
El Seguro Social es vital para el 90% de los beneficiarios, muchos de los cuales dependen de cheques mensuales para sobrevivir. Un ajuste por costo de vida (COLA) del 2.5% en 2025, equivalente a $50 por beneficiario, no ha sido suficiente para contrarrestar la inflación, según The Senior Citizens League. La propuesta de Cassidy y Kaine busca evitar recortes, pero enfrenta desafíos políticos. El presidente Donald Trump ha prometido proteger el programa, aunque sus propuestas de eliminar impuestos sobre propinas y horas extras podrían reducir los ingresos del fondo, complicando la financiación.
Próximos pasos
Cassidy y Kaine aún no han presentado el proyecto de ley, pero insisten en que esperar hasta 2033 tendría consecuencias evitables. Mientras, el Congreso enfrenta presión para encontrar soluciones bipartidistas. La próxima votación sobre el plan será crucial, y las protestas programadas para el 17 de julio en Washington podrían amplificar el debate público sobre el futuro del Seguro Social.