Supremo autoriza la deportación de 8 migrantes a Sudán del Sur
El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió el 3 de julio de 2025 al gobierno del presidente Donald Trump deportar a ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, anulando una orden judicial que lo impedía. Los migrantes, retenidos durante un mes en una base militar en Yibuti bajo condiciones “deplorables”, enfrentan ahora un destino incierto en un país considerado peligroso por el Departamento de Estado. La decisión, que afecta a la comunidad latina, que representa el 18% de la población según el Censo 2024, intensifica el debate sobre las deportaciones masivas de la administración Trump.
Decisión del Supremo y disidencia
La sentencia del Supremo revocó una moción del juez federal Brian Murphy, quien en mayo de 2025 determinó que la deportación de los ocho migrantes violaba protecciones contra la remoción a países donde enfrenten tortura. La mayoría del tribunal permitió las deportaciones a terceros países, pero las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon. “El gobierno tiene al Supremo a su disposición, mientras los migrantes carecen de justicia”, escribió Sotomayor. La decisión afecta a migrantes de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y solo un sudanés del sur.
Condiciones en Yibuti y riesgos
Los ocho migrantes y once agentes de ICE estuvieron retenidos en una base aérea en Yibuti, enfrentando riesgos de ataques desde Yemen y condiciones insalubres, según abogados del gobierno. Los migrantes, que incluyen a tres latinos, carecieron de acceso adecuado a defensa legal, según el Centro de Derechos Constitucionales. La comunidad latina, que aporta 2.8 billones de dólares al PIB según Nielsen, ha denunciado estas condiciones como una violación de derechos humanos, con protestas en Miami y Los Ángeles el pasado junio.
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Sudán del Sur: un destino peligroso
El Departamento de Estado clasifica a Sudán del Sur como nivel 4 de peligro, desaconsejando viajes debido a conflictos armados, violencia étnica y crisis humanitaria. En 2024, 3.8 millones de personas estaban desplazadas, según ACNUR. La legislación estadounidense prohíbe deportaciones a países donde los migrantes enfrenten tortura, pero el Supremo validó la acción, citando acuerdos internacionales. Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado la decisión, argumentando que los migrantes, especialmente los latinos, enfrentan riesgos mortales en un país sin vínculos culturales o familiares.
Estrategia de deportaciones de Trump
La administración Trump, comprometida con deportar a 11 millones de indocumentados, ha acelerado las remociones a terceros países. En marzo de 2025, 200 migrantes fueron enviados a una megacárcel en El Salvador, donde el 80% permanece incomunicado, según Human Rights Watch. En Florida, el centro “Alligator Alcatraz” procesó a 1,200 personas en junio, según el DHS. Estas políticas han generado tensiones con México, que recibió 19,663 deportados en 2025, incluyendo 4,052 no mexicanos, según la presidenta Claudia Sheinbaum.
Impacto en la comunidad latina
Los dos cubanos y el mexicano afectados son parte de los 8.3 millones de trabajadores indocumentados en EE.UU., muchos en sectores esenciales como la agricultura, según el Centro de Estudios Migratorios. En estados como California, donde el 39% de la población es latina, las deportaciones han generado protestas masivas. LULAC planea un foro el 10 de julio en Miami para 1,000 asistentes, exigiendo protecciones para los latinos. El 65% de los hispanos desaprueba las políticas migratorias de Trump, según una encuesta de Univisión.
Respuesta legal y comunitaria
La ACLU presentó una demanda contra el DHS, argumentando que las deportaciones a Sudán del Sur violan la Convención Contra la Tortura. Abogados instan a los migrantes a buscar asilo o ajustes de estatus antes de ser detenidos. Una marcha el 8 de julio en Washington espera reunir a 5,000 personas, según la Coalición de Inmigrantes de Florida. Una cumbre el 15 de julio en Los Ángeles, con México como observador, discutirá alternativas humanitarias para los migrantes en riesgo, mientras la comunidad latina exige un freno a las deportaciones masivas.