Trump exige indagar supuesto ocultamiento de salud de Biden
El presidente Donald Trump ha solicitado formalmente una investigación federal sobre lo que califica como un encubrimiento sistemático del deterioro de salud física y mental del exmandatario Joe Biden durante los últimos años de su administración. La solicitud ha sido respaldada por figuras del Partido Republicano, quienes aseguran que funcionarios cercanos a Biden ocultaron deliberadamente su estado real a la opinión pública.
En un memorando emitido este miércoles, Trump instruyó a su consejero legal a coordinar con el fiscal general y otros funcionarios relevantes para determinar si existió una conspiración con el objetivo de ejercer ilegalmente las funciones presidenciales en nombre de Biden.
Acusan encubrimiento de la condición médica de Biden
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La ofensiva de Trump se basa en una serie de señalamientos que apuntan a que el entorno de Biden habría asumido decisiones ejecutivas sin su participación directa. Entre los argumentos expuestos se encuentran su bajo perfil público, la negativa constante a conceder entrevistas y la presunta utilización de un dispositivo electrónico para replicar su firma en documentos oficiales.
“El Consejero del Presidente, en consulta con el Fiscal General y el jefe de cualquier otro departamento o agencia ejecutiva relevante, deberá investigar si ciertas personas conspiraron para engañar al público acerca del estado mental de Biden y ejercieron de manera inconstitucional las autoridades y responsabilidades del Presidente”, indica el texto del memorando.
El documento también plantea indagar si durante sus últimos años en la Casa Blanca se emitieron órdenes ejecutivas sin la validación directa de Biden, y si se empleó de manera irregular un sistema automático de firma para aprobar políticas clave del gobierno.
Joe Biden abandonó su candidatura tras debate fallido
Las especulaciones sobre la salud de Biden se intensificaron tras su desempeño en un debate televisado contra Trump, en el que el entonces candidato demócrata tuvo dificultades para articular respuestas, olvidó cifras importantes y perdió el hilo de varios argumentos. La presentación fue considerada desastrosa por diversos analistas, incluso dentro del propio Partido Demócrata.
Poco después, Biden anunció su decisión de retirarse de la contienda electoral, citando razones personales y el interés de evitar una fractura interna en su partido. En el momento de su retiro, Biden tenía 81 años.
Desde entonces, figuras del trumpismo han presionado para que se transparente qué nivel de participación real tuvo Biden en los últimos actos de su presidencia, y si personas de su entorno asumieron decisiones ejecutivas sin base constitucional.
Republicanos exigen rendición de cuentas
Líderes del Partido Republicano han cerrado filas en torno a la petición de Trump. Aseguran que, de comprobarse un encubrimiento, se trataría de una de las mayores violaciones institucionales en la historia reciente de Estados Unidos. El senador J.D. Vance, uno de los aliados más cercanos al actual mandatario, declaró que “el pueblo estadounidense merece saber quién gobernaba realmente el país mientras Biden permanecía en la Casa Blanca”.
Otros legisladores han pedido que se cite a declarar a exfuncionarios clave del gabinete de Biden, como su exjefe de gabinete Ron Klain, la exasesora principal Anita Dunn y el entonces secretario de Estado Antony Blinken, para esclarecer su nivel de involucramiento en las decisiones ejecutivas supuestamente delegadas.
El uso de la firma automatizada, en el centro de la polémica
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la acusación sobre el uso sistemático de una máquina para replicar la firma de Biden en documentos oficiales. Según el memorando, la investigación deberá determinar “quién ordenó que se aplicara la firma del Presidente” y si esas acciones fueron legales.
Expertos constitucionales han señalado que, si bien es legal el uso de firmas digitales en ciertos contextos, suplantar la voluntad del presidente o tomar decisiones sin su consentimiento podría constituir una violación grave a la separación de poderes y al estado de derecho.
La Casa Blanca aún no ha emitido comentarios oficiales sobre la petición de Trump ni sobre las acusaciones vertidas en el memorando. Sin embargo, fuentes cercanas a la administración anterior califican los señalamientos como un intento político por desviar la atención de los desafíos actuales del país.