Trump quiere reformar el alivio de deuda estudiantil: ¿Qué cambiaría?
La administración del presidente Donald Trump ha propuesto una revisión al programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF), generando incertidumbre para millones de prestatarios que dependen de este beneficio. Anunciada el 7 de julio de 2025, la reforma busca limitar la elegibilidad de organizaciones consideradas “ilegales” por el Departamento de Educación, afectando potencialmente a maestros, bomberos y trabajadores sin fines de lucro. Con problemas técnicos ya impactando el programa, los cambios han desatado críticas por su posible aplicación subjetiva y su impacto en comunidades vulnerables.
Cambios propuestos al PSLF
El PSLF, creado en 2007, permite a empleados públicos y de organizaciones sin fines de lucro cancelar sus préstamos estudiantiles tras 10 años de pagos. La propuesta de Trump, respaldada por una orden ejecutiva de marzo de 2025, autoriza al secretario de Educación, Bernard York, a descalificar del programa a organizaciones que violen leyes federales, incluyendo aquellas relacionadas con inmigración, terrorismo o estatutos antidiscriminación. Las definiciones amplias, como “apoyo a organizaciones terroristas extranjeras” o “violaciones de leyes transgénero”, han generado temores de interpretaciones políticamente motivadas, según Alyssa Dobson, experta en ayuda financiera de la Universidad Slippery Rock.
Impacto en prestatarios y empleadores
Aproximadamente 4 millones de prestatarios están inscritos en el PSLF, con 1.4 millones trabajando en empleos públicos que podrían verse afectados. La reforma podría descalificar a organizaciones enteras, como gobiernos locales o universidades, si el Departamento de Educación las considera “ilegales”. Por ejemplo, ciudades santuario como Los Ángeles podrían perder elegibilidad si se las acusa de violar leyes migratorias. “Esto podría penalizar a comunidades enteras y sus trabajadores”, advirtió Dobson. Además, los prestatarios temen perder el progreso hacia la condonación si sus empleadores son descalificados, dejando a muchos en un limbo financiero.
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Problemas técnicos en el sistema
El Departamento de Educación enfrenta críticas por fallos técnicos que han paralizado el seguimiento de pagos del PSLF y los planes de reembolso basados en ingresos (IDR). Desde abril de 2025, la plataforma StudentAid.gov no actualiza consistentemente el estatus de los prestatarios, afectando a 450,000 solicitudes pendientes. Los despidos de 1,200 empleados en el departamento, parte de los recortes de Trump al presupuesto federal, han exacerbado los retrasos. “El sistema está colapsado. Los prestatarios no saben si están cerca de la condonación”, señaló Kevin Thompson, director de 9i Capital Group. La Casa Blanca no ha anunciado un cronograma para resolver estas fallas.
Críticas y defensa del programa
El Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario instó al Departamento de Educación a retractarse, argumentando que la reforma “socava la intención del Congreso” y amenaza las libertades de gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro. Alex Beene, instructor de la Universidad de Tennessee, destacó que el PSLF ha sido clave para cubrir empleos en áreas de alta pobreza, como escuelas rurales, donde el 30% de los maestros dependen del programa. Por otro lado, la administración Trump defiende la medida, afirmando que protege los fondos federales de organizaciones que “actúan fuera de la ley”. La portavoz Karoline Leavitt subrayó que las revisiones aseguran que “el dinero de los contribuyentes no financie actividades ilícitas”.
Próximos pasos y panorama regulatorio
El Departamento de Educación abrió un período de comentarios públicos hasta agosto de 2025, con las regulaciones finales previstas para julio de 2026. Un panel asesor de 10 miembros intentó negociar el texto regulatorio, pero no alcanzó consenso tras tres días de discusiones. Mientras tanto, los prestatarios enfrentan incertidumbre, con retrasos en la aprobación de condonaciones que podrían extenderse hasta 2027. Organizaciones como la ACLU han amenazado con demandas si la reforma se implementa de manera arbitraria. En Nueva York y Chicago, sindicatos de maestros han organizado talleres para informar a los prestatarios sobre cómo proteger su elegibilidad. Aunque el Congreso creó el PSLF, lo que limita los cambios por orden ejecutiva, las restricciones propuestas podrían reducir significativamente el acceso, afectando a comunidades que dependen de profesionales del sector público.