Tras el acuerdo entre IRS e ICE para compartir información fiscal de migrantes, ¿qué podrían hacer ellos al respecto?. Además, sepa a qué tipo de migrante afectará medida y las limitaciones que tiene IRS con la política de información.
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En un giro sin precedentes en la política estadounidense, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha firmado un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según documentos judiciales reportados por medios como The New York Times y CNN.
Este convenio permite al IRS compartir datos fiscales confidenciales con ICE para facilitar la localización y deportación de migrantes indocumentados, marcando un cambio radical en el uso de la información tributaria, tradicionalmente protegida por estrictas leyes de privacidad.
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La medida, impulsada por la administración de Donald Trump como parte de su ambiciosa agenda de deportación masiva, ha generado alarma entre defensores de los derechos de los migrantes y expertos fiscales, quienes advierten sobre sus profundas consecuencias humanas y económicas.
Para los migrantes indocumentados, este acuerdo plantea un dilema crítico: continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales y arriesgarse a ser identificados por ICE, o abstenerse de presentar declaraciones de impuestos y perder beneficios potenciales a largo plazo, como la posibilidad de regularizar su estatus en el futuro. Una opción inmediata para algunos podría ser buscar asesoría legal urgente.
Organizaciones como el Centro para los Derechos de los Contribuyentes y grupos de defensa de migrantes han comenzado a movilizarse, ofreciendo orientación sobre cómo proteger su privacidad. Algunos expertos sugieren que los migrantes podrían optar por presentar declaraciones bajo identidades temporales o evitar actualizar direcciones en los registros del IRS, aunque esto conlleva riesgos legales y prácticos.
Otra alternativa es el abandono total del sistema tributario formal. Sin embargo, esto podría empujar a más personas hacia la economía informal, trabajando «bajo la mesa» sin reportar ingresos, lo que no solo reduce su visibilidad ante ICE, sino que también limita su acceso a créditos fiscales como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que beneficia a millones de familias de bajos ingresos, incluidas aquellas con estatus mixto.
La incertidumbre generada por esta alianza podría, además, fomentar una mayor desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, complicando los esfuerzos futuros para integrar a estas comunidades.
El acuerdo se centra específicamente en migrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes o bajo investigación criminal federal, según los términos revelados en documentos judiciales.
Esto incluye a aquellos que han utilizado un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) para presentar sus impuestos, un código que el IRS ha promovido durante años para alentar a los indocumentados a contribuir fiscalmente, incluso sin un número de Seguro Social. Aproximadamente 4.5 millones de personas usaron ITINs en 2023, aportando cerca de $23.6 mil millones en impuestos federales, según estimaciones del Bipartisan Policy Center.
Sin embargo, la medida no parece limitarse a criminales violentos, como ha enfatizado la administración Trump en su retórica. Reportes de The Washington Post indican que ICE podrá solicitar datos de cualquier persona con una orden de remoción final, un grupo que incluye a más de 1.5 millones de no ciudadanos, muchos de los cuales no han sido localizados por las autoridades migratorias.
Esto podría afectar a trabajadores indocumentados que han vivido en el país por décadas, pagando impuestos consistentemente con la esperanza de una reforma migratoria que nunca llegó.
La ley federal, específicamente la Sección 6103 del Código Tributario, protege la confidencialidad de los datos de los contribuyentes, restringiendo su divulgación salvo en excepciones específicas, como investigaciones penales aprobadas por un tribunal. Históricamente, el IRS ha utilizado esta norma para resistir presiones de otras agencias gubernamentales, incluyendo ICE. Sin embargo, la administración Trump ha explotado una de estas excepciones, argumentando que las violaciones migratorias constituyen delitos penales, lo que permite el intercambio de datos sin una orden judicial explícita, según CNN.
Aún así, el IRS enfrenta limitaciones. El acuerdo estipula que ICE debe proporcionar nombres y direcciones específicas para que el IRS las verifique, no entregará bases de datos completas de forma masiva.
Además, el IRS debe notificar a su Oficina de Salvaguardias si ICE emplea inteligencia artificial para analizar la información, asegurando cierto nivel de supervisión. No obstante, críticos como Nina Olson, exdirectora del Centro para los Derechos de los Contribuyentes, han calificado esta maniobra como una violación del espíritu de la ley, advirtiendo que podría ser impugnada en tribunales.
Uno de los impactos más preocupantes es el potencial desánimo entre los indocumentados para presentar sus impuestos por primera vez o continuar haciéndolo. Durante décadas, el IRS ha trabajado para construir confianza en esta población, destacando que pagar impuestos fortalece sus casos para una eventual legalización, como ocurrió con la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986.
POSIBLE PARTICIPACIÓN FISCAL REDUCIDA
Economistas citados por The New York Times predicen que esta alianza podría reducir significativamente la participación fiscal, afectando programas como el Seguro Social, que recibió $25.7 mil millones de contribuyentes indocumentados en un solo año, según el Bipartisan Policy Center.
La pérdida de estas contribuciones no sólo debilitaría las finanzas públicas, sino que también podría exacerbar la precariedad económica de los migrantes, quienes dependen de reembolsos para sobrevivir. Activistas temen que esta medida refuerce un ciclo de marginalización, empujando a más personas a la clandestinidad.
La alianza entre el IRS e ICE representa un punto de inflexión con implicaciones profundas para millones de migrantes. Mientras las autoridades avanzan en su agenda de deportación, los migrantes enfrentan decisiones difíciles que podrían transformar su relación con el sistema fiscal y su vida en Estados Unidos. La batalla legal para frenar este acuerdo ya está en marcha, pero sus efectos ya resuenan en las comunidades migrantes, marcando un capítulo sombrío en la historia migratoria del país.