Trump impulsa un plan para frenar solicitudes de asilo y acelerar deportaciones masivas de inmigrantes.
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El gobierno del presidente Donald J. Trump ha puesto en marcha un ambicioso plan migratorio que amenaza con desmantelar el sistema de asilo en Estados Unidos. Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, la administración planea desestimar cientos de miles de solicitudes de asilo de personas que ingresaron al país, exponiéndolas a una deportación acelerada. Esta medida, parte de una ofensiva migratoria más amplia, ha desatado críticas por su impacto en comunidades inmigrantes y su potencial para violar principios del derecho internacional.
Un golpe al sistema de asilo
El plan se centra en cerrar los casos de asilo de migrantes que ingresaron sin autorización y luego solicitaron protección. Datos federales de 2023 indican que alrededor del 25% de los solicitantes de asilo afirmativo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) –aproximadamente 250,000 personas– ingresaron sin documentos. Actualmente, hay 1.45 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, y el nuevo plan podría afectar a cientos de miles de estos casos, dejando a los solicitantes sin oportunidad de presentar sus argumentos ante un juez de inmigración.
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El procedimiento de deportación acelerada, conocido como «expedited removal», permite a las autoridades expulsar a personas sin una audiencia judicial completa. Este mecanismo, ampliado por Trump a principios de este año, ahora incluye a inmigrantes indocumentados en cualquier parte de EE. UU. que no puedan probar dos años de residencia continua. Además, el gobierno ha instruido a los jueces de inmigración a desestimar casos de asilo considerados «legalmente deficientes» sin audiencia, acelerando aún más el proceso de expulsión.
La administración también ha tomado medidas drásticas al bloquear el acceso a solicitudes de asilo en la frontera sur, incluyendo la cancelación de la aplicación CBP One, que permitía a migrantes programar citas para presentar sus casos. Desde enero, más de un millón de personas que ingresaron legalmente bajo programas como el parole humanitario han perdido su estatus y enfrentan órdenes de deportación, dejando a muchos varados en México.
Cambios radicales en el USCIS
Un cambio sin precedentes en esta estrategia es la transformación del USCIS, tradicionalmente una agencia encargada de otorgar beneficios migratorios, en un brazo ejecutor de deportaciones. Según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional, la secretaria Kristi Noem ha otorgado al USCIS autoridad para iniciar procedimientos de deportación acelerada y sancionar infracciones migratorias. Este giro, descrito como una ruptura con décadas de protocolo, ha generado críticas de expertos y defensores de derechos humanos.
Sarah Mehta, subdirectora de asuntos gubernamentales de la ACLU, advirtió que esta reorientación del USCIS tendrá un «efecto paralizante» para quienes buscan protección contra la persecución o la violencia en sus países de origen. «Están convirtiendo una agencia de beneficios migratorios en un brazo ejecutor del ICE», señaló Mehta, subrayando el impacto en comunidades que dependen del asilo como un camino hacia la seguridad y la ciudadanía.
Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, enfatizó el daño a largo plazo: «Se trata de inmigrantes que han trabajado legalmente y contribuido a comunidades en todo el país. Desestimar sus solicitudes los perjudica a ellos, a sus familias y a las economías locales».
Impacto económico y social
Las deportaciones masivas propuestas por Trump enfrentan críticas no solo por cuestiones humanitarias, sino también económicas. Según el American Immigration Council, los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente al PIB de EE. UU., y su remoción podría reducirlo en un 4.2%, un impacto comparable a una recesión económica. Sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, que dependen de esta fuerza laboral, han expresado preocupación por la escasez de mano de obra.
En el ámbito social, las políticas han generado temor generalizado. En ciudades como Los Ángeles, calificadas como «santuario», se han reportado protestas contra operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Historias como la de un padre de tres marines detenido por ICE en California o la deportación de Andry Hernández Romero, un maquillista venezolano enviado a una prisión en El Salvador, han avivado el debate sobre la humanidad de estas medidas.
Desafíos legales y logísticos
El plan enfrenta obstáculos significativos. Organizaciones como la ACLU planean usar el proceso de asignaciones presupuestarias y la supervisión del Congreso para desafiar estas políticas. Además, cortes federales han bloqueado temporalmente medidas similares, como la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, que protege a unas 300,000 personas.
Logísticamente, deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados estimados en EE. UU. requeriría un aumento masivo en recursos. ICE enfrenta un déficit de $230 millones, y la administración necesitaría la aprobación del Congreso para financiar su objetivo de deportar hasta 20 millones de personas. El uso de aviones militares para deportaciones, como las realizadas desde San Diego y El Paso, ha sido criticado por su costo y falta de transparencia.
Presión internacional y deportaciones a terceros países
El gobierno también ha buscado acuerdos con terceros países para enviar a solicitantes de asilo, una práctica que ha generado críticas por posibles violaciones al derecho internacional. Este año, unos 200 migrantes fueron deportados a Costa Rica y 300 a Panamá, donde enfrentaron condiciones denunciadas como inhumanas. Estas acciones, respaldadas por la invocación del Alien Enemies Act de 1798, han intensificado las tensiones con países vecinos.
Un sistema bajo presión
La ofensiva migratoria de Trump, respaldada por planes como el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, representa un cambio radical en la política migratoria de EE. UU. Mientras la administración argumenta que estas medidas son necesarias para «restaurar la integridad» del sistema migratorio, críticos advierten que erosionan los valores fundamentales del país y podrían desestabilizar comunidades enteras. A medida que los tribunales y la sociedad civil se movilizan, el futuro del asilo en EE. UU. permanece incierto, dejando a millones de migrantes en un limbo legal y emocional.