Minneapolis, Nueva Jersey y San Diego protestan contra operativos. Redadas intimidatorias, detenciones en cortes y abusos se suman a los reclamos.
LEE LA EDICIÓN DIGITAL CON SOLO UN CLIC
En Minneapolis, San Diego y Nueva Jersey, las comunidades han tomado las calles para enfrentar una ola de redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración de Donald Trump. Estas acciones, parte de un plan de deportaciones masivas, han generado protestas, demandas legales y un debate nacional sobre justicia, derechos humanos y la resistencia de las ciudades santuario.
Minneapolis: Tensión en Lake Street
El restaurante Las Cuatro Milpas, un punto de encuentro para la comunidad latina en East Lake Street, Minneapolis, fue escenario de una redada de ICE. Agentes federales, acompañados por la DEA, el FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin y, sorprendentemente, el Departamento de Policía de Minneapolis (MPD), rodearon el local en un operativo matutino. Cientos de activistas y vecinos se reunieron rápidamente, gritando “¡Fuera ICE!” y cuestionando la presencia del MPD en una ciudad santuario que prohíbe la cooperación con ICE en asuntos migratorios civiles.
Te Recomendamos
La escena evocó las protestas de 2020 tras el asesinato de George Floyd en esta misma calle. Manifestantes arrojaron conos y basura hacia vehículos federales, mientras los agentes usaban irritantes químicos para dispersarlos. El concejal Jason Chavez, presente en la protesta, criticó la participación del MPD: “Ver al MPD asistiendo a ICE es inaceptable”. El MPD y el Sheriff negaron involucramiento directo en tareas migratorias, afirmando que su rol fue garantizar la seguridad, pero la presencia del jefe de policía Brian O’Hara en el lugar avivó las sospechas.
No se reportaron arrestos inmediatos, pero los agentes salieron con cajas, sin aclarar el motivo del operativo. La falta de transparencia y el uso de máscaras por parte de los oficiales intensificaron la indignación. Organizaciones como el Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) han redoblado esfuerzos, ofreciendo talleres de “Conoce tus derechos” para preparar a la comunidad ante futuros encuentros con ICE.
San Diego: Solidaridad en South Park
En San Diego, una redada en los restaurantes Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, en South Park, desató una respuesta comunitaria inmediata. Agentes de ICE, equipados con equipo táctico militar, detuvieron a cuatro empleados —tres mexicanos y uno colombiano— en un operativo que conmocionó al vecindario. Videos capturaron a decenas de residentes bloqueando vehículos federales al grito de “¡Vergüenza!”.
La delegación demócrata del Congreso en San Diego, junto al alcalde Todd Gloria, condenó la acción. Gloria calificó el operativo de “imprudente” por realizarse en un restaurante familiar concurrido, mientras el representante Juan Vargas lo describió como una táctica de intimidación. Los restaurantes cerraron temporalmente, y la comunidad dejó flores y carteles de apoyo en las puertas. La esposa de un detenido, en anonimato, relató: “Mi esposo es el sustento de nuestra familia. Esto es devastador”.
Fotografía cedida por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) de agentes de la policía trasladando a un inmigrante detenido durante operación en Miami (Estados Unidos). EFE/ Departamento De Aplicación De La Ley De Florida
Nueva Jersey: Demanda contra la represión
En Newark, el alcalde Ras Baraka presentó una demanda federal contra la fiscal interina de Nueva Jersey, Alina Habba, y el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, Ricky Patel, por su arresto frente al centro de detención migratorio Delaney Hall. Baraka, quien protestaba contra las redadas masivas junto a congresistas demócratas, fue acusado de allanamiento, pero los cargos fueron retirados tras críticas del juez federal Andre Espinosa, quien señaló un posible abuso judicial. La demanda acusa a Habba de difamación y arresto políticamente motivado, especialmente por coincidir con las primarias demócratas para gobernador.
Nueva Jersey, un bastión de resistencia con políticas santuario, ha visto manifestaciones en Newark y Elizabeth contra los centros de detención de ICE, como Delaney Hall, operado por GEO Group bajo un contrato de 1,000 millones de dólares. Baraka, un crítico vocal de las deportaciones masivas de Trump, afirmó: “Esto no es venganza, es rendición de cuentas”.
Contexto nacional: Deportaciones masivas
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, ICE ha intensificado sus operativos, deteniendo a más de 13,000 personas entre el 23 y el 31 de enero, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque el gobierno afirma priorizar a inmigrantes con antecedentes penales, reportes de Univision y CalMatters indican que muchos detenidos carecen de delitos graves, incluyendo trabajadores esenciales y menores. En California, menos de la mitad de los 8,200 arrestos hasta el 2 de febrero tenían condenas penales.
La capacidad de detención de ICE, limitada a 41,500 camas, ha forzado la liberación de un 6% de los arrestados con tobilleras electrónicas, según la Casa Blanca. Restricciones judiciales y la negativa de algunos países a recibir deportados, como Venezuela hasta hace poco, complican las expulsiones.
Ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y Nueva York han reportado redadas en barrios inmigrantes, generando temor. En Chicago, rumores falsos sobre operativos en escuelas han avivado la ansiedad, mientras que en Nueva York, el alcalde Eric Adams coopera en casos penales, pero rechaza apoyar redadas masivas.
Resistencia y debate
Las protestas en Minneapolis, San Diego y Nueva Jersey reflejan un movimiento nacional de resistencia. En Los Ángeles, una manifestación bloqueó la autopista 101, y en Nueva York, consignas como “¡Fuera ICE de las escuelas!” han resonado. Organizaciones como el American Immigration Council critican las redadas por separar familias y generar un “clima de miedo”.
El DHS defiende las operaciones como necesarias para la seguridad pública, pero activistas argumentan que criminalizan a comunidades trabajadoras. Nayna Gupta, del Consejo Americano de Inmigración, señaló: “Solo 1 de cada 10 inmigrantes indocumentados tiene antecedentes penales”.
Un futuro incierto
Mientras Trump planea expandir centros de detención, como en California, y reabrir Alcatraz para “criminales peligrosos”, las ciudades santuario refuerzan su compromiso. El gobernador de California, Gavin Newsom, asignó 25 millones de dólares para servicios legales a inmigrantes, y Nueva Jersey impulsa marchas para cerrar centros como Delaney Hall.
En Minneapolis, Lake Street sigue siendo un símbolo de lucha, recordando que la resistencia no es nueva. Como dijo una portavoz de MIRAC: “No nos iremos a ningún lado”. En San Diego, los carteles en Buona Forchetta proclaman unidad, y en Newark, Baraka lleva su batalla a los tribunales. Estas ciudades, unidas por la solidaridad, desafían un sistema que busca dividirlas.