Juez condena deportaciones ilegales a Sudán del Sur. ¿Qué riesgos enfrentan los migrantes deportados? “Es un abuso de poder”, dice el juez Murphy.
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El juez federal Brian E. Murphy, del Tribunal de Distrito de Boston, dictaminó que la administración del presidente Donald Trump violó una orden judicial al deportar a ocho migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, un país asolado por la violencia. En una audiencia de emergencia, Murphy calificó la acción como “un abuso de poder” y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantener la custodia de los deportados para garantizar su posible retorno si se confirma la ilegalidad. El fallo, que intensifica el enfrentamiento entre el poder judicial y la agenda migratoria de Trump, plantea preguntas sobre los riesgos para los migrantes y las implicaciones legales de estas expulsiones.
Un fallo contra las deportaciones exprés
La decisión de Murphy responde a una orden previa emitida en abril, que prohibía deportar migrantes a terceros países sin garantizar el debido proceso, conforme a la Convención Contra la Tortura de la ONU. Según el juez, el vuelo que llevó a los ocho migrantes a Sudán del Sur “obviamente” violó esta medida, ya que los deportados no tuvieron oportunidad de objetar su traslado ni contactar abogados. “Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse”, afirmó Murphy, advirtiendo que los funcionarios involucrados podrían enfrentar cargos por desacato penal.
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Los migrantes, originarios de Cuba, México, Laos, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur, fueron notificados de su deportación apenas horas antes del vuelo, según la abogada Elianis Pérez del Departamento de Justicia. Entre ellos están Enrique Arias Hierro (Cuba), condenado por robo, y Tuan Thanh Phan (Vietnam), con antecedentes por homicidio. El DHS justificó las expulsiones alegando que sus países de origen se negaron a recibirlos, pero el juez replicó que esto no exime al gobierno de cumplir la ley.
Sudán del Sur, destino de los deportados, es un país en crisis. El Departamento de Estado de EE.UU. lo clasifica como nivel 4 (“No viajar”) por asesinatos arbitrarios, tortura y riesgo de guerra civil, según la ONU. Human Rights Watch (HRW) alertó que los migrantes enfrentan “daño irreparable” en un contexto de violencia y persecución. “Enviar a alguien a Sudán del Sur sin vínculos es inhumano”, dijo Juan Pappier de HRW.
Foto: EFE
La agenda migratoria de Trump bajo fuego
El fallo es el último capítulo en la batalla legal contra las políticas migratorias de Trump, quien prometió deportar a millones de indocumentados bajo la “Operación Aurora”. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar expulsiones rápidas, una medida históricamente usada en tiempos de guerra. Sin embargo, tribunales federales, incluida la Corte Suprema, han frenado estas acciones por violar el debido proceso. La Corte Suprema ratificó un bloqueo a deportaciones de venezolanos a El Salvador, exigiendo más tiempo para apelar.
La administración Trump defiende su postura. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, calificó a los deportados como “monstruos” criminales, acusando a “jueces activistas” de proteger criminales. Todd Lyons, director interino de ICE, afirmó que los migrantes representan “amenazas a la seguridad nacional”. Sin embargo, la ACLU y otros defensores argumentan que las deportaciones a terceros países como Sudán del Sur o Libia violan la Constitución y tratados internacionales. “Cuando movemos la línea del debido proceso para los migrantes, corremos el riesgo de moverla para todos”, advirtió Pappier.
El caso de Sudán del Sur no es aislado. En marzo, el juez Murphy bloqueó deportaciones a Libia y Arabia Saudí, citando riesgos de tortura. En abril, la jueza Charlotte Sweeney en Colorado ordenó notificar a los migrantes venezolanos con 21 días de antelación, en su idioma natal, antes de cualquier expulsión. Estas decisiones reflejan un patrón: los tribunales están limitando la autoridad de Trump para deportar sin garantías legales.
El presidente estadounidense, Donald Trump. EFE/EPA/Yuri Gripas
Riesgos para los deportados
Sudán del Sur, con un conflicto armado desde 2013, es un destino particularmente peligroso. El Departamento de Estado retiró personal no esencial del país, y la ONU reporta 4 millones de desplazados internos. Los deportados, sin vínculos con el país, enfrentan detención arbitraria, explotación o muerte, según Amnistía Internacional. El mayor general James Monday Enoka, portavoz de la policía sudanesa, declaró que no habían recibido a los migrantes, pero que, de llegar, serían investigados y posiblemente deportados nuevamente, atrapándolos en un limbo legal.
Abogados de los migrantes, como los que representan a un ciudadano de Myanmar y otro de Vietnam, denunciaron que sus clientes fueron enviados a Sudán del Sur sin notificación adecuada. “El gobierno cambió su versión, diciendo que fueron enviados a sus países de origen, lo que desafía la lógica”, afirmó un defensor ante Murphy. La falta de transparencia agrava la situación, ya que el DHS no revela detalles sobre los destinos finales de los deportados, citando “seguridad operacional”.
Implicaciones legales y políticas
El fallo de Murphy podría tener consecuencias significativas. El juez ordenó al DHS mantener a los migrantes bajo custodia, incluso dentro del avión, para facilitar su retorno si se confirma la violación. “Si quieren que el avión dé la vuelta, pueden hacerlo”, dijo. Esta flexibilidad pone presión sobre el DHS. Trump, en Truth Social, acusó a la Corte Suprema de bloquear su mandato electoral, afirmando que “juzgar a cada migrante tomaría 200 años”. Sus críticos, como la senadora Elizabeth Warren, lo acusaron de “desafiar la Constitución” para cumplir promesas electorales.
Económicamente, la “Operación Aurora” enfrenta retos. Deportar a 1 millón de indocumentados, como propuso el vicepresidente JD Vance, costaría $315 mil millones, según el Migration Policy Institute, además de separar a 5.9 millones de niños ciudadanos de sus familias. La resistencia judicial, liderada por jueces como Murphy, podría frenar estas ambiciones, forzando al DHS a rediseñar su estrategia.