ICE arresta inmigrantes tras audiencias. Tribunales se convierten en zonas de miedo.
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La nueva estrategia de la administración de Donald Trump para acelerar las deportaciones ha transformado los tribunales de inmigración en espacios de temor. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están deteniendo a inmigrantes en los pasillos de los tribunales, a menudo momentos después de que presentan sus casos o incluso cuando los fiscales desestiman sus procesos. Esta táctica ha generado indignación entre abogados y activistas, quienes denuncian que estas acciones convierten los tribunales, diseñados para garantizar el debido proceso, en trampas que intimidan a las comunidades migrantes.
Detenciones en los tribunales: una nueva táctica
ICE ha intensificado las detenciones en tribunales de inmigración en más de 20 estados, según documentos internos revisados por The Washington Post. Los agentes, a veces enmascarados, arrestan a inmigrantes inmediatamente después de que un juez ordena su deportación o tras la desestimación de casos por parte de fiscales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En Phoenix, por ejemplo, casi dos docenas de oficiales federales detuvieron a personas en el estacionamiento de un edificio judicial, mientras familiares y activistas protestaban. En Chicago, agentes encubiertos ingresaron a las salas de audiencias con listas de nombres de inmigrantes, generando caos y temor.
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Esta práctica marca un cambio significativo. La exjueza Jennie Giambastiani, quien trabajó en tribunales de inmigración en Chicago, señaló que anteriormente las detenciones en tribunales solo ocurrían si alguien tenía una orden judicial por delitos penales. Ahora, la política de ICE apunta a inmigrantes sin antecedentes criminales, incluyendo aquellos con casos de asilo pendientes. Según el Deportation Data Project de UC Berkeley, aproximadamente el 8% de las 16,500 detenciones de ICE en el primer mes de la administración Trump (enero-febrero) ocurrieron durante o justo después de chequeos rutinarios en tribunales, afectando a unas 1,400 personas.
Vista de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser
Más ciudades afectadas
Las detenciones en tribunales se han extendido a ciudades como Los Ángeles, donde un padre salvadoreño fue arrestado tras una audiencia de rutina, dejando a sus dos hijos menores sin su principal sostén económico. En Miami, el abogado John de la Vega reportó un despliegue de 15 agentes de ICE en los pasillos de un tribunal, esperando a inmigrantes cuyos casos eran desestimados. En Seattle, un caso similar involucró a una mujer mexicana detenida tras obtener una extensión para apelar su estatus, según The Guardian.
Funcionarios del DHS han defendido estas tácticas. El subsecretario de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, afirmó en una conferencia que “los tribunales son lugares lógicos para detener a quienes violan la ley migratoria”. Sin embargo, esta postura ha sido contradicha por jueces y activistas. El juez federal de Georgia, Clay Land, quien bloqueó temporalmente una deportación bajo el Alien Enemies Act en abril, criticó la “erosión del debido proceso” en una declaración a CNN. “Los tribunales deben ser santuarios de justicia, no zonas de captura”, señaló. Por su parte, el director de ICE, Tom Homan, insistió en un post en X que las detenciones buscan “proteger a las comunidades”, aunque datos muestran que el 41% de los 4,422 nuevos detenidos en febrero carecían de cargos penales.
Impacto en el debido proceso
Las detenciones en tribunales han generado críticas por socavar el debido proceso, garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución. La ACLU ha denunciado que estas acciones violan el derecho a un juicio justo, ya que los inmigrantes temen asistir a sus audiencias por riesgo a ser arrestados.
La administración también ha ordenado a jueces de inmigración desestimar casos de asilo sin audiencias, una directiva criticada por Shayna Kessler, de la Vera Institute of Justice, como un intento de “cerrar las puertas de los tribunales”. Además, la reducción del personal judicial, incluyendo el despido de decenas de jueces y la disminución de los miembros del Board of Immigration Appeals de 23 a 15, ha exacerbado el retraso de 3.6 millones de casos en los tribunales de inmigración.
Fotografía de archivo de una bandera de Estados Unidos frente a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en Washington. EFE/EPA/ Graeme Sloan
Resistencia y reacciones
La comunidad migrante y sus defensores han respondido con protestas y demandas legales. En Massachusetts, las detenciones en Nantucket y Martha’s Vineyard generaron indignación, con 40 arrestos reportados. La congresista LaMonica McIver fue arrestada durante una protesta contra la expansión de centros de detención en Nueva Jersey, reflejando la tensión creciente.
Organizaciones como el American Immigration Council han advertido que la opinión pública está dejando de apoyar las políticas de Trump, con encuestas mostrando rechazo a las detenciones masivas de vecinos y trabajadores. Países como Colombia han rechazado vuelos de deportación, complicando los esfuerzos de la administración.
Expansión de la detención y costos
Para cumplir con la meta de un millón de deportaciones anuales, ICE planea expandir su capacidad de albergar detenidos de 48,000 a 108,000 camas en los centros migratorios, con un costo estimado de $45 mil millones, según USA Today. El uso de prisiones privadas, como CoreCivic y Geo Group, ha generado críticas por condiciones de hacinamiento y falta de supervisión. Además, el intento de usar la base de Guantánamo para detener a 178 venezolanos en febrero enfrentó obstáculos legales y logísticos, con 177 deportados a terceros países como El Salvador.
Un futuro incierto
Las detenciones en tribunales reflejan el impulso de la administración Trump por acelerar deportaciones, pero enfrentan límites legales y logísticos. La moción de emergencia del juez Edward E. Chen, que bloqueó temporalmente la deportación de venezolanos con TPS, y otras demandas legales muestran resistencia al enfoque de ICE. Sin embargo, con el Congreso considerando $147 mil millones adicionales para inmigración, las detenciones podrían intensificarse. Mientras tanto, los inmigrantes evitan los tribunales, temiendo convertirse en blanco, lo que amenaza la integridad del sistema judicial y la vida de comunidades enteras.