La ex primera dama del Perú, Nadine Heredia, solicitó asilo político este martes en la embajada de Brasil en Lima, luego de haber sido condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. La medida fue confirmada por la Cancillería peruana a través de un comunicado oficial difundido en la red social X, en el que también se informó que los gobiernos de Perú y Brasil se encuentran en permanente comunicación sobre esta situación.
Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, ingresó a la sede diplomática brasileña horas después de que se anunciara la sentencia en su contra y en la de su esposo. Ambos fueron encontrados culpables de haber recibido aportes ilícitos de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar campañas electorales.
Condena por lavado de activos a Ollanta Humala y Nadine Heredia
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú condenó este martes al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. La justicia consideró probado que la pareja recibió financiamiento no declarado y de origen ilícito durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
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Durante el juicio, la magistrada Nayko Coronado indicó que en ambos procesos electorales se intentó legitimar dinero de procedencia ilícita mediante la simulación de aportes ciudadanos. En el caso de la campaña de 2006, se identificaron transferencias por cerca de un millón y medio de soles, presuntamente provenientes del gobierno de Hugo Chávez. En la campaña de 2011, la cifra asciende a aproximadamente tres millones de dólares, que habrían sido entregados por Odebrecht.
Además de la condena, el tribunal ordenó una reparación civil por diez millones de soles (unos 2,7 millones de dólares), que deberá ser abonada al Estado peruano por los condenados. También fue sentenciado a 12 años de prisión Ilán Heredia, hermano de la ex primera dama, por su participación en los hechos.
Foto: EFE
Ejecución inmediata de sentencia por lavado de activos
Tras anunciarse el fallo, la justicia dispuso la ejecución inmediata de la sentencia. Ollanta Humala, quien estuvo presente en la audiencia, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú y trasladado al penal de Barbadillo. Su esposa, Nadine Heredia, participó de forma virtual y no se presentó al tribunal.
Pocas horas después del fallo, Heredia ingresó a la embajada de Brasil en Lima y solicitó formalmente asilo político, amparándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada por ambos países. La Cancillería peruana confirmó la solicitud y aseguró que el proceso se manejará respetando el marco jurídico internacional.
Desde ese momento, una comitiva de la Policía Nacional se instaló en los exteriores de la sede diplomática, ubicada en el distrito limeño de Miraflores, para constatar la presencia de Heredia. Sin embargo, no se ha producido ninguna acción de detención, ya que la embajada goza de inmunidad diplomática.
Foto: Andina
El caso de lavado de activos y sus implicancias políticas
Este proceso judicial es parte del denominado caso Lava Jato, una trama de corrupción transnacional que involucró a altos funcionarios, empresarios y presidentes en varios países de América Latina. En Perú, además de Humala, también fueron investigados por delitos similares los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.
Durante el juicio, la defensa de Humala argumentó que no existían pruebas concluyentes sobre el origen ilícito del dinero. En una entrevista con la agencia EFE en febrero de este año, el exmandatario señaló que, si Odebrecht envió dinero a Perú, este habría sido robado por su entonces representante en el país, Jorge Barata. “Si eso pasó, Barata se robó la plata”, declaró.
Pese a estos argumentos, la jueza Coronado afirmó que el tribunal identificó patrones claros de lavado de activos, como aportes inexistentes o simulados y mecanismos para ocultar el origen del dinero, lo que evidenciaría la existencia de una organización criminal en torno a las campañas electorales.
La lectura íntegra de la sentencia fue programada para el 29 de abril, momento en que se detallarán los fundamentos legales que sustentan la condena. La defensa ya anunció que apelará el fallo, al considerar que no se respetaron principios básicos del debido proceso.