Brasil exige a EE.UU. no intervenir en defensa de Bolsonaro
Brasil expresó el 9 de julio de 2025 su firme rechazo a lo que calificó como una “intromisión indebida” de Estados Unidos en sus asuntos internos, tras una nota de la embajada estadounidense que defendía al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planificar un golpe de Estado. La cancillería brasileña convocó al encargado de negocios, Gabriel Escobar, para manifestar su “malestar” ante las declaraciones del presidente Donald Trump y la embajada, que han generado tensiones diplomáticas entre ambos países en un momento crítico para el proceso judicial contra Bolsonaro.
Reacción de Brasil
La secretaria para Norteamérica, María Luisa Escorel, recibió a Escobar en Brasília y subrayó que “no le compete a Estados Unidos opinar sobre asuntos internos” del Poder Judicial brasileño. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a través de una nota oficial, reafirmó la soberanía del país y rechazó cualquier “interferencia o tutela” extranjera. La respuesta llega tras un mensaje de Trump en Truth Social el 7 de julio, donde calificó el proceso contra Bolsonaro como una “caza de brujas” y exigió que se le “deje en paz”. La cancillería brasileña, liderada por Mauro Vieira, calificó la nota de la embajada como una violación de la Convención de Viena.
La nota de la embajada
La embajada de EE.UU. en Brasília emitió un comunicado el 8 de julio, afirmando que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios” de Washington y que la “persecución política” contra él y sus seguidores es “vergonzosa”. El texto, que respaldaba la postura de Trump, señaló que la embajada seguirá “de cerca” el caso, pero evitó detallar posibles acciones del Departamento de Estado. Según el Itamaraty, este pronunciamiento, que alcanzó 1.2 millones de vistas en redes, representa una intromisión en un proceso judicial que involucra a 1,400 acusados por el asalto del 8 de enero de 2023.
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Contexto del caso Bolsonaro
Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022, enfrenta cargos por orquestar planes para impedir la investidura de Lula tras su victoria en las elecciones de octubre de 2022. La Fiscalía General acusa al expresidente y a 36 exministros y militares de conspirar para un golpe de Estado, que culminó en el ataque a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, dejando daños por $18 millones, según el Tribunal de Cuentas. La Corte Suprema finalizó la fase de instrucción en junio de 2025, y se espera un fallo entre septiembre y octubre, con posibles penas de hasta 12 años de prisión.
Respuesta de Lula
Lula, en un comunicado el 8 de julio, defendió la autonomía de Brasil: “La democracia es un asunto de los brasileños, y no aceptaremos injerencias”. El presidente, que asumió en enero de 2023 tras derrotar a Bolsonaro por un margen de 1.8% de los votos, enfrenta tensiones internas por la polarización política. El asalto del 8 de enero, que involucró a 8,000 bolsonaristas, dejó 2,100 detenidos, según la Policía Federal. Lula ha pedido a la Corte Suprema acelerar el juicio para evitar que el caso sea explotado políticamente antes de las elecciones municipales de 2026.
Implicaciones internacionales
El incidente tensa las relaciones entre Brasil y EE.UU., que intercambian $120,000 millones en comercio anual, según el Ministerio de Desarrollo. Brasil, que exporta $38,000 millones en acero y soya a EE.UU., teme represalias económicas, especialmente tras los aranceles del 50% al cobre anunciados por Trump. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han apoyado la postura de Brasil, pidiendo respeto a su soberanía judicial. Mientras, las protestas del 17 de julio en São Paulo podrían exigir un pronunciamiento más firme de Lula contra la intervención estadounidense, con 10,000 manifestantes esperados. La Casa Blanca no ha aclarado si Trump retractará sus comentarios, mientras Bolsonaro, desde São Paulo, agradeció el apoyo de EE.UU. en un discurso el 9 de julio.