Congreso peruano niega albergar una red de prostitución
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú descartó este martes la existencia de una red de prostitución dentro del Parlamento, tras una investigación desencadenada por el asesinato de Andrea Vidal, presunta socia de Jorge Torres Saravia, exjefe de la oficina legal del Congreso. Aunque el informe niega la trama sexual, señala contrataciones irregulares con sesgo sexista y recomienda investigar a Saravia por abuso de poder, en un caso que sacude la política peruana y apunta al partido Alianza para el Progreso (APP).
Investigación tras un asesinato
El caso estalló en diciembre de 2024, tras el asesinato a plena luz del día de Andrea Vidal en La Victoria, Lima. Vidal, según reportes iniciales, colaboraba con Saravia, exfuncionario de APP, en un supuesto esquema para contratar mujeres como secretarias o asesoras bajo pretextos sexuales. La Comisión de Fiscalización, liderada por Juan Burgos, comenzó a indagar si estas prácticas buscaban influir en votos parlamentarios. Sin embargo, el informe final, aprobado esta semana, concluye que no hay pruebas suficientes para confirmar una red de prostitución.
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Contrataciones irregulares detectadas
Aunque no se comprobó la red de prostitución, el informe documenta contrataciones irregulares en el Congreso, marcadas por un “claro enfoque sexista”. Entre 2020 y 2024, se contrataron al menos 47 mujeres en roles administrativos sin procesos transparentes, muchas recomendadas por Saravia. El texto señala que estas prácticas violan las normas de meritocracia del Congreso, que emplea a 3,200 personas y tiene un presupuesto anual de 800 millones de soles (unos 210 millones de dólares). La investigación también halló pagos excesivos a asesores ligados a APP.
Señalamientos contra Saravia y APP
Jorge Torres Saravia, abogado con antecedentes por violencia sexual no juzgada, enfrenta recomendaciones para ser investigado por uso indebido de cargo público. Saravia ingresó al Congreso en 2020 de la mano de Luis Valdez, líder de APP, un partido clave en el apoyo a la presidenta Dina Boluarte, cuya aprobación cae al 12%, según encuestas de Ipsos. El informe sugiere que APP facilitó las contrataciones cuestionables, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una pesquisa paralela por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Reacciones en el Congreso
Juan Burgos, presidente de la Comisión, defendió el informe, asegurando que “se actuó con rigor” pese a las críticas de legisladores opositores, como Sigrid Bazán de Perú Libre, quien calificó los hallazgos como “insuficientes” y exigió sanciones más duras. APP emitió un comunicado distanciándose de Saravia, afirmando que “no tolera irregularidades”. Sin embargo, la prensa peruana reporta tensiones internas en el partido, que controla 15 de los 130 escaños del Congreso y enfrenta una caída del 8% en su apoyo popular desde el escándalo.
Contexto político y social
El caso se desarrolla en un Perú polarizado, donde el Congreso tiene una aprobación del 6%, según Datum Internacional. El asesinato de Vidal, ejecutado por sicarios, expuso las vulnerabilidades de las mujeres en entornos laborales corruptos, avivando protestas feministas en Lima que reunieron a 5,000 personas en enero. Organizaciones como Flora Tristán denuncian que el sesgo sexista en el Congreso refleja una “cultura machista” que afecta al 70% de las trabajadoras peruanas, según el Instituto Nacional de Estadística.
Implicaciones legales y políticas
La Fiscalía Anticorrupción ha citado a Saravia y a 12 exfuncionarios del Congreso para declarar en julio. Las penas por abuso de autoridad en Perú pueden alcanzar los 7 años de prisión. Mientras tanto, el caso ha debilitado la coalición de Boluarte, con APP bajo presión para retirar su apoyo. Analistas políticos advierten que el escándalo podría impulsar reformas en la contratación pública, pero la falta de consenso en el Congreso, que ha intentado 14 reformas constitucionales desde 2021, genera escepticismo. Las protestas en las calles y el clamor por transparencia mantienen la atención en un Parlamento cuestionado por su integridad.