Corrupción en Perú: suspenden a exfiscal general
El Poder Judicial de Perú ordenó el miércoles 25 de junio de 2025 la suspensión por 24 meses de Patricia Benavides como fiscal suprema y exfiscal general, acusada de corrupción durante su gestión al frente del Ministerio Público. La decisión intensifica una crisis institucional que enfrenta a la justicia peruana con la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un caso que ha generado controversia nacional.
Patricia Benavides, en una imagen de archivo. EFE/ Paolo Aguilar
Suspensión por delitos de corrupción
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria suspendió a Benavides por presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y encubrimiento personal, tras una solicitud de la fiscal general Delia Espinoza. La medida, que reduce los 36 meses inicialmente pedidos por Espinoza, busca evitar la obstrucción de la justicia mientras se investiga a Benavides por supuestamente liderar una red criminal dentro del Ministerio Público entre 2022 y 2024. La resolución prohíbe a Benavides ejercer cualquier cargo fiscal durante dos años.
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La investigación apunta a que Benavides manipuló ascensos y destituciones de fiscales para proteger a aliados políticos, incluyendo a congresistas investigados por lavado de activos. En diciembre de 2024, fue destituida tras revelarse audios que la implicaban en negociaciones ilícitas con legisladores.
Patricia Benavides, en una imagen de archivo. EFE/ Paolo Aguilar
Intento de restitución fallido
El 18 de junio de 2025, la JNJ, presidida por Gino Ríos, ordenó la restitución de Benavides como fiscal general, argumentando que su destitución fue irregular. Sin embargo, Espinoza, ratificada por la Junta de Fiscales Supremos, se negó a ceder el cargo, denunciando a Benavides por usurpación de funciones y tentativa de golpe institucional. El martes, la JNJ anunció un “procedimiento de ejecución forzosa”, solicitando apoyo policial para reinstalar a Benavides, una medida que ha generado críticas por su aparente contradicción con la suspensión judicial.
Ríos defendió la resolución, asegurando que no implica un nuevo nombramiento, sino el cumplimiento de una decisión administrativa. “Los funcionarios deben acatar las órdenes legales”, afirmó en un video junto a cinco miembros de la JNJ. Espinoza, por su parte, acusó a la JNJ de intentar desestabilizar el Ministerio Público.
Crisis institucional en el Ministerio Público
La disputa entre Benavides y Espinoza ha profundizado la crisis en el sistema de justicia peruano, que enfrenta un 82% de desaprobación ciudadana, según encuestas de Datum Internacional de mayo de 2025. El enfrentamiento ha paralizado investigaciones clave sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado, mientras el Congreso, dominado por partidos de derecha, ha intentado influir en la designación de fiscales. En 2024, el Perú ocupó el puesto 121 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.
Organizaciones como el Instituto de Defensa Legal han advertido que la intervención policial solicitada por la JNJ podría escalar tensiones y erosionar aún más la confianza en las instituciones. “Esto es un circo que daña la lucha contra la corrupción”, afirmó un portavoz del IDL.
Reacciones y protestas
La suspensión de Benavides ha generado reacciones mixtas. En Lima, colectivos ciudadanos y estudiantes de derecho protestaron frente al Palacio de Justicia, exigiendo la destitución definitiva de Benavides y una reforma judicial. “No queremos más fiscales corruptos”, rezaban las pancartas. Por otro lado, aliados de Benavides, como el congresista fujimorista Eduardo Castillo, acusaron al gobierno de la presidenta Dina Boluarte de usar el caso para consolidar poder en el Ministerio Público.
Espinoza, quien asumió como fiscal general interina en diciembre de 2024, ha prometido continuar las investigaciones contra Benavides, incluyendo posibles vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, enfrenta presiones de la JNJ y sectores políticos que cuestionan su legitimidad. En un comunicado, Espinoza aseguró que defenderá la autonomía del Ministerio Público “contra cualquier intento de interferencia”.
Contexto político y social
La crisis se desarrolla en un Perú polarizado, con Boluarte enfrentando un 12% de aprobación, según Ipsos Perú. La administración del presidente Donald Trump, que ha seguido de cerca los casos de corrupción en América Latina, no ha comentado sobre el caso, aunque el Departamento de Estado ha instado a Perú a fortalecer su sistema judicial. Mientras tanto, el Congreso peruano debate una reforma para limitar el poder de la JNJ, lo que podría complicar aún más la resolución del conflicto.
El caso Benavides ha reavivado el debate sobre la impunidad en Perú, donde solo el 3% de los casos de corrupción llegan a sentencia, según la Defensoría del Pueblo. Con la suspensión vigente, las autoridades judiciales enfrentan el desafío de garantizar que las investigaciones avancen sin injerencias políticas, mientras los ciudadanos exigen transparencia y justicia.