La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Gobierno de Rodrigo Chaves liberar a los migrantes asiáticos deportados por la Administración de Donald Trump, quienes permanecen en un albergue en el sur del país desde febrero. La decisión judicial, tomada por mayoría (4-3), consideró que el Estado costarricense violó los derechos fundamentales de estas personas al no brindarles información oportuna sobre su situación migratoria ni acceso adecuado a asesoría legal.
Según el fallo, los migrantes tampoco pudieron comunicarse libremente con los medios de comunicación ni fueron informados, desde el inicio de su ingreso al país, sobre su derecho a solicitar refugio. La resolución judicial establece un plazo de 15 días para ponerlos en libertad y exige al Gobierno definir su estatus migratorio de forma individual, conforme a la ley costarricense.
Costa Rica deberá liberar a migrantes deportados desde EE.UU.
En febrero de 2025, la Administración Trump deportó a Costa Rica a 200 migrantes procedentes de países como China, India, Afganistán, Rusia, Pakistán y Uzbekistán. La operación se realizó a través de dos vuelos directos y, según fuentes oficiales, incluyó a más de 70 menores de edad. La medida formó parte de un acuerdo bilateral que, según admitieron las autoridades costarricenses, fue aceptado por temor a posibles represalias comerciales por parte del gobierno estadounidense.
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Ls secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos saluda al presidente Rodrigo Chaves. Foto: Jeffrey Arguedas/EFE
Los migrantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM), ubicado en el cantón de Corredores, una zona cercana a la frontera con Panamá. Allí vivieron durante meses en condiciones precarias: sin ventilación adecuada, hacinados en camarotes y con temperaturas que superaban los 90 grados Fahrenheit.
Hasta el momento de la resolución judicial, se mantenían en el lugar 28 personas, entre ellas 13 menores de edad, provenientes de países como Armenia, Rusia, Azerbaiyán, Afganistán, Turquía e Irán, según informó Omer Badilla, viceministro de Gobernación.
Migrantes deportados por Trump enfrentaron condiciones extremas
Las críticas contra la situación en el CATEM comenzaron semanas después de la llegada de los deportados. Diversas organizaciones de derechos humanos y abogados independientes presentaron recursos legales ante tribunales nacionales e instancias internacionales, denunciando violaciones a los derechos de los migrantes, especialmente de los menores.
Inmigrantes deportados serán liberados. Foto: EFE
En abril, el país otorgó un estatus migratorio humanitario a quienes aún permanecían en el albergue, tras una denuncia interpuesta ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Se alegó que 81 menores habían sido retenidos sin acceso a educación, servicios psicológicos ni representación legal. Como respuesta, las autoridades anunciaron que devolverían los pasaportes retenidos a los migrantes y permitirían su libre movilidad.
Sin embargo, la Sala Constitucional consideró que esas medidas no fueron suficientes y que el Estado incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La sentencia se originó a partir de un recurso de habeas corpus presentado por el exministro de Comunicación Mauricio Herrera, quien cuestionó la legalidad de la retención prolongada de los migrantes.
El Gobierno, por su parte, respondió calificando el fallo como un «grave error». El viceministro Badilla aseguró que los migrantes ya gozaban de libertad de movimiento y tenían un estatus migratorio regular desde hacía meses. “No tiene sentido este fallo. Estas personas pueden salir del albergue cuando deseen”, declaró.
Deberán liberar a migrantes deportados en medio de presión política
El trasfondo del acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica también generó polémica. Durante una conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves admitió que la decisión de aceptar a los migrantes respondía a un gesto de «buena voluntad» hacia su «hermano económicamente poderoso del norte». “Si imponen un impuesto en nuestras zonas francas, nos friegan”, afirmó.
El canciller Arnoldo André Tinoco también abordó la situación y, aunque negó que existiera una presión directa de la Administración Trump, reconoció que el Gobierno temía represalias comerciales. “No fui presionado, pero claro que hay posibilidad de consecuencias si uno no coopera”, señaló en entrevista con Noticias Telemundo.
Las historias personales de algunos migrantes han visibilizado aún más la gravedad del caso. Uno de ellos, el ruso German Smirnov, relató que huyó con su familia tras denunciar fraude electoral en Rusia. Según contó, fue perseguido por sus vínculos con la oposición liderada por Alexei Navalny, fallecido en prisión en 2024. “Si regreso, me enviarán a la guerra o terminaré encarcelado”, declaró.
El caso ha llamado la atención de organismos internacionales y ha sido citado por defensores de derechos humanos como ejemplo de la necesidad de establecer reglas claras y humanitarias para el tratamiento de personas deportadas por otros países. El hecho de que la orden judicial obligue a evaluar cada caso individualmente refuerza la importancia del debido proceso y del acceso a mecanismos de protección como el asilo o refugio.